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El fracking y la irresponsabilidad del Gobierno de España por Joan Francesc Peris

Desde finales de 2013, en España está permitida la fractura hidráulica (fracking) del subsuelo para buscar gas, un combustible fósil que se encuentra incrustado en la roca madre a miles de metros de profundidad. El gobierno de España del Partido Popular, una vez más, esquivó el debate democrático, económico, social y político sobre este nuevo sistema de prospección y extracción de combustible, y, aprovechando su mayoría absoluta en el Senado de las Cortes Españolas mediante una votación de una disposición final introducida a última hora en una ley para la garantía del suministro eléctrico, enmendó la ley 34/1998 del sector de hidrocarburos y posibilitó la utilización de la fractura hidráulica y, por extensión, de todos los métodos aéreos, marinos o terrestres que sean necesarios.
Cuando en muchos países se estaba y se está cuestionando la utilización del fracking para la obtención de gas por los peligros que supone de contaminación de los acuíferos y la posibilidad de riesgos sísmicos, incluso cuando Estados como Francia y Bulgaria la han prohibido y otros como Alemania, Gran Bretaña, Suiza o Sudáfrica han aprobado moratorias hasta comprobar las posibles afecciones a las personas y al medio de esta agresiva técnica, el PP en España hurtaba el debate político, científico y social necesario y le daba luz verde por la puerta de atrás en una ley eléctrica. Ya entonces se había levantado en España un importante movimiento antifracking que incluso ha conseguido que algunas comunidades autónomas hayan aprobado la prohibición de esta técnica en su territorio, como había ocurrido en el mes de abril de 2013 en Cantabria. Con su acción legislativa a finales de 2013, el PP conseguía autorizar el fracking en una ley estatal y, así, poder argumentar ante el Tribunal Constitucional que el tema de las prospecciones de hidrocarburos es una competencia estatal y, por tanto, declarar inconstitucionales la ley cántabra y otras como la de Rioja o la Comunidad Foral Navarra.
La maniobra del PP es muy significativa sobre cómo entiende el PP que se gobierna en un país democrático, que además tiene una constitución con voluntad de respetar las nacionalidades y regiones y sus gobiernos autónomos. La ley de hidrocarburos se modifica con una disposición final de una ley del sector eléctrico, para así tener un instrumento legal que invalide leyes autonómicas aprobadas anteriormente, como es el caso de la ley cántabra antifracking con el argumento que la ley de hidrocarburos es básica. Tal vez por eso, por lo burdo de la maniobra, por muy legal que sea, la sentencia del Tribunal Constitucional que invalidaba la ley cántabra tuvo tres votos particulares que ponían por delante del debate sobre las competencias la defensa de la salud y la prevención de los posibles riesgos que tiene esta agresiva técnica.
Muy irresponsable es el gobierno de España del PP en su política energética y su interpretación de lo que significa la democracia en un país descentralizado mucho más. Pero los ministros del PP, como el señor Cañete que ahora ha sido elegido comisario de la Unión Europea para la calidad del aire y la energía, y a la cabeza el señor Rajoy, no entienden de otra democracia que su parecer y opinión claramente favorable a los combustibles fósiles y al gran negocio que ejercen en el sector energético las multinacionales del petróleo y el gas. No muestran dudas como otros países sobre si elfracking tendrá consecuencias negativas o no sobre el territorio, el subsuelo, los acuíferos…, no escuchan a los sectores energéticos alternativos, les da igual las cifras escalofriantes de la contaminación atmosférica que, en el 2013, batió todos los récords y, por supuesto, no hacen ni caso a gobiernos autonómicos que en defensa de sus territorios se atreven a legislar contra el fracking o a intentar evitar las prospecciones petrolíferas en la plataforma marina como en el caso del gobierno de Canarias.
Como si se tratara aún del Estado central y centralista franquista, el PP gobierna como quiere y cuando quiere, aunque ponga en peligro la salud de las personas y la salud de la democracia en España, ambas cada vez más enfermas en manos de uno de los partidos más ultraconservadores de todos los que gobiernan en Europa. Naturalmente las plataformas antifracking de una plural y extensa composición social y política, el movimiento ecologista, los sindicatos agrarios, muchos alcaldes y concejales, algunos gobiernos autónomos y muchísima gente va a seguir luchando contra la fractura hidráulica y Los Verdes estaremos con ellos hasta el final, digan lo que digan las disposiciones del gobierno que sufrimos.

*Joan Francesc Peris, Portavoz y responsable del Área de Comunicación y Estrategias de Los Verdes.

* Crónica agradece al autor que comparta sus opiniones con nuestros lectores
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Àgora CT. Associació Cultural sense ànim de lucre per a promoure idees progressistes

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