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La patronal tiene un 'plan' por José Antonio García Rubio


El lobby de las grandes empresas españolas —constituido por las 18 mayores de este país y que se organiza bajo el nombre de Consejo Empresarial para la Competitividad— ha publicado nada menos que al séptimo año de la agudización de la grave crisis sistémica que padecemos un plan que, según sus datos, permitirá crear 2,3 millones de puestos de trabajo y el afloramiento de otros 800.000 desde la economía sumergida.

No haremos la crítica fácil de que “ya era hora”. La tardanza no es lo relevante. Nadie se hubiera dado cuenta si no hubieran dicho nada. Lo trascendente es que han considerado necesario tomar posición al respecto.

Eso es así porque, aunque sólo se reconozca entre líneas, consideran fracasada la política de reformas del Gobierno del PP. El paradigma neoliberal es, al menos parcialmente, cuestionado en el documento presentado con el título España 2018. Esos grandes empresarios dicen que “no podemos dejar que la inercia del ciclo económico sea la única responsable en la creación de empleo en los próximos años” (pág. 2). Estoy de acuerdo, pero eso quiere decir que hay que intervenir en la economía (he escogido con toda intención la presencia de esa preposición).

Más adelante, afirman que “fijar unos objetivos cuantificables y llevar un control periódico de la implantación de las medidas y resultados sería, bajo nuestro punto de vista, necesario dentro de dicha estrategia” (pág. 9). Se refieren a la estrategia global y nacional que proponen en el conjunto del apartado. Todo muy cercano a la planificación de la economía que, por otra parte, está definida en la Constitución de 1978.

Para no ser excesivamente amplio citaremos sólo un tercer asunto: el cambio de modelo productivo que impregna la filosofía de todo el documento.

Estas tres cuestiones hacen suponer que las grandes empresas de este país son conscientes de que la crisis ha alumbrado un cambio de fase en la economía capitalista de mercado y se aprestan, entre cierta zozobra, a capitanear la salida en su beneficio. También parece que han llegado a la conclusión de que no pueden integrarse en la competencia internacional agudizada que se avecina, con un 22-24% de paro, un 30% de la población bajo el umbral de la pobreza y un exceso de sobreproducción, comparativamente mucho más elevado que otros capitalistas internacionales.

Todo ello es consecuencia de un modelo productivo perverso, que nos ha llevado a pasar de un paro inferior a la media de la Unión Europea (UE) en 2007 a un desempleo superior en la actualidad al doble de esa media.

Izquierda Unida lleva más de cuatro años trabajando por un nuevo modelo productivo como única base seria para poder lograr el pleno empleo, digno y de calidad. Eso significa, en una primera fase, reducir el paro a la media de la UE, es decir, hasta el entorno del 12% de la población activa, prácticamente la mitad del actual. Pero también la contribución fiscal, el fraude y la economía sumergida deben situarse en el entorno de esa media europea.

No vemos la relación entre tamaño empresarial y aumento del empleo en la que tanto fía el plan de los 18. Si no hay aumento de la demanda, el aumento del tamaño de unos se obtiene a partir de la desaparición de los otros. No compartimos el principio de destrucción creativa que impregna el documento ni se compadece con la realidad la idea de que las grandes empresas están penalizadas fiscalmente.

Tampoco es de recibo la fundamentalidad del criterio de competitividad. Por experiencia, los patrocinadores del documento saben mejor que muchos otros que, como mucho, sólo un tercio del mercado internacional se rige por la libre competencia y que la competitividad sólo se puede predicar de un producto concreto en un mercado concreto. Todo lo demás es un disfraz del aumento del beneficio empresarial, que raramente en el caso de las empresas del Consejo se ha traducido recientemente en creación de empleo.

Estamos de acuerdo con que hay que reducir drásticamente el fraude fiscal y la economía sumergida. El fraude fiscal vivo, es decir, que no ha prescrito aún, puede calcularse con prudencia en más de 300.000 millones de euros. Es una excelente fuente de financiación, aunque sabemos que no se recuperaría completamente para el impulso de una economía real, sostenible y creadora de empleo. Además, son recursos procedentes de defraudadores y delincuentes fiscales.

Hay que incrementar el gasto en Educación, impulsar la I+D+i, elaborar otra ley de la Ciencia. Pero también se debe acabar con una corrupción que ha sido funcional con el modelo actual y, como se sabe, no se limita a los casos perseguidos y que son meramente complementarios en el espacio de la gran licitación pública.

Otro factor crucial para el impulso del nuevo modelo productivo debe ser la reindustrialización del país, siempre bajo patrones de sostenibilidad. Así se reivindica en el Plan Europeo de los sindicatos de la UE, que sería financiado con el equivalente al 2% del PIB por el Banco Europeo de Inversiones en función del volumen de paro, y que es más ambicioso que los 300.000 millones en tres años de la Comisión Europea.

Finalmente, para la financiación de este nuevo modelo es insoslayable una reforma fiscal justa, suficiente, equitativa y progresiva.

Compartimos la preocupación por la deuda, cuyo servicio consume un 3,5% del PIB y cuyo principal se acerca al 100% del PIB. Es necesaria una auditoría, una reestructuración (con quitas negociadas incluidas) y definir un nuevo papel del BCE. Los mercados saben que ni España ni otros países podrán pagar toda la deuda, como también lo afirman muchos economistas. Reducir los intereses a un máximo del 1,5% del PIB y controlar el principal son objetivos viables.

El nuevo modelo productivo y de relaciones laborales que definimos está asociado a un nuevo proyecto de país, que se pude resumir con los conceptos “pan, techo, trabajo, escuela, salud, participación democrática y dignidad”. Hemos desarrollado este resumen en el documento de 50 medidas de Gobierno económico y laboral para 50 Consejos de Ministros que está disponible en la web de Izquierda Unida. Las principales medidas están evaluadas y cuantificadas. En IU tenemos en cuenta el principio de realidad. Cuando pretendemos gobernar sabemos que hay que pagar al mes siguiente los salarios de los empleados públicos y las pensiones. El agua tiene que seguir saliendo por el grifo y, además, bien depurada y con calidad. Hemos demostrado que sabemos aplicar las medidas que defendemos, explicarlas y defenderlas.

El Consejo para la Competitividad dice en su documento que “es hora de plantearse el modelo económico para los próximos años, pues éste será el que determine el bienestar de los españoles de mañana”. Me pregunto si, en mitad del fracaso del neoliberalismo, será posible un acuerdo civilizatorio —no un pacto de rentas, ni un pacto social, ni unos nuevos Pactos de la Moncloa— para que la inevitable confrontación democrática de intereses sea posible en un estadio con césped en lugar de en un pedregal.

José Antonio García Rubio
Secretario Ejecutivo de Economía y Empleo de IU Federal
* publicado en digital público.com
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Àgora CT. Associació Cultural sense ànim de lucre per a promoure idees progressistes

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