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Ventajas y riesgos de la moneda local que propone crear Barcelona en Comú artículo de Eduardo Garzón

El equipo de Barcelona en Comú ha propuesto crear una moneda local para Barcelona. Se trata de una valiente y potente medida que dotaría al ayuntamiento de mayor maniobra para realizar políticas públicas al mismo tiempo que se estaría asegurando que la riqueza generada gracias a la circulación de la nueva moneda se quedase en la localidad y no escapase a otras zonas geográficas.
La creación de una moneda local no es algo novedoso: se ha llevado a cabo en multitud de regiones y de momentos históricos, con características muy diferentes entre un caso y otro. Muchas de estas experiencias no tuvieron los resultados esperados (en algunos casos se cosecharon estrepitosos fracasos) y fueron abandonadas, pero otras muchas tuvieron un notable éxito y siguen vigentes en la actualidad. A pesar de que existen muchas modalidades de moneda local, hay dos características esenciales que siempre han de cumplirse:

1) Aparición de una nueva moneda que circula de forma paralela a la ya existente.
2) La validez de la moneda se restringe a una localidad o región en concreto.

Más allá de eso, las posibilidades son muy numerosas: la moneda puede ser creada por la administración pública o por una organización privada, puede servir para pagar impuestos o no, puede tener el mismo valor que la otra moneda que circule o ser diferente, puede existir en forma física (monedas y billetes) o ser exclusivamente electrónica, la nueva moneda se puede cambiar por la antigua o no, etc.

No obstante, tanto la evidencia empírica como la teoría económica nos han enseñado muchas cosas al respecto. La primera de ellas es que para el correcto funcionamiento de la nueva moneda es absolutamente necesario que la misma goce de plena confianza por parte de sus usuarios. Esto quiere decir que todo vecino y vecina tiene que confiar en que podrá utilizar la nueva moneda en todo momento y en la mayor parte de los casos. Y la mejor forma de lograrlo es haciendo que la administración pública correspondiente reconozca su validez y que al mismo tiempo la acepte como pago de impuestos. Existe una vertiente de la teoría económica que sostiene acertadamente que la confianza de las monedas actuales reside en el poder de los Estados y especialmente en el ejercido a través de los tributos: puesto que todo ciudadano y ciudadana tiene que pagar sus impuestos en la moneda que le imponga el Estado, se crea así la necesidad de tener y utilizar esta moneda y por lo tanto de que la gente confíe en que será aceptada como medio de pago.

Por ejemplo, imaginemos en primer lugar que el gobierno hipotético de Barcelona en Comú crea una nueva moneda llamada "común" y pasa a aceptarla como pago por los impuestos locales (IBI, Impuesto de tracción mecánica, Impuesto de Actividades Económicas) y otro tipo de tasas locales. En segundo lugar, que comienza a pagar una parte del salario de los empleados públicos y a efectuar otra serie de gastos en "comunes" en vez de en euros. Puesto que todos los agentes económicos tienen que pagar impuestos, todos tendrían interés en disponer de "comunes", ya que así podrían saldar sus compromisos tributarios. De esta forma, los empleados públicos podrían comprar bienes y servicios utilizando euros pero también utilizando "comunes". Por ejemplo, cualquiera de ellos podría ir a un bar y pagar con "comunes" ya que el dueño del bar tiene que pagar impuestos y puede hacerlo con ese nuevo instrumento. Pero es que el propietario del bar también podría pagar a los camareros con la nueva moneda, ya que ellos también tienen que saldar deudas con Hacienda.

Es importantísimo que la cantidad de "comunes" creados no sea excesiva y se ajuste más o menos al volumen de compromisos tributarios, puesto que de no ser así se corre el riesgo de que la nueva moneda pierda valor (la gente tendría más comunes de los que necesita). El tipo de cambio ideal es el unitario: 1 euro se puede cambiar por 1 "común", y viceversa. Si se crearan demasiados "comunes" y la gente no los valorara tanto, podrían comenzar a intercambiárselos con una equivalencia diferente (por ejemplo, 1 euro por 1,2 "comunes"), lo cual sería muy negativo para la confianza en la nueva moneda.

La segunda enseñanza estriba en la fórmula jurídica del nuevo instrumento. Ha de evitarse a toda costa el nombre y naturaleza de moneda. Se conocen casos en los que intentos de crear una nueva moneda complementaria se dieron al traste debido a incompatibilidades con la legislación de la Zona Monetaria (que concede competencia exclusiva de creación de moneda al Banco Central Europeo), como el de la moneda X2 en Totana (Murcia) en 2012. Por eso es mejor que el nuevo instrumento tenga la naturaleza jurídica de crédito fiscal en vez de moneda. Un crédito fiscal es un instrumento ya existente que concede el sector público a una empresa o individuo para que pueda pagar sus impuestos con él. Lo único que se trataría de hacer es modificar la legislación para que fuesen transferibles, y de esta forma pasarían a funcionar como una moneda local. La legislación de la eurozona no prohíbe explícitamente esta fórmula de financiación. Los diferentes tratados comunitarios permiten a las administraciones públicas diseñar su propia política fiscal. Siempre que no se cree una nueva moneda que amenace el monopolio del Banco Central Europeo no habrá ningún impedimento legal, especialmente si las experiencias tienen lugar en territorios de reducida dimensión.
 Un caso llamativo y reciente de crédito fiscal fue el del Estado griego, que recurrió en 2010 a la creación de créditos fiscales por valor de 5.500 millones de euros para pagar a la industria farmacéutica frente a su amenaza de no distribuir los fármacos a los griegos si no recibían un pago inmediato.

La tercera enseñanza es que es preferible que la nueva moneda sea exclusivamente electrónica, puesto que es mucho más barato que imprimir billetes y crear monedas (que cuando se hace en pequeñas cantidades resulta especialmente costoso). Hoy día hay países como Dinamarca en el que buena parte de los pagos se realizan no sólo a través de tarjetas de crédito, sino directamente a través del teléfono móvil gracias a una aplicación informática.

La primera experiencia de moneda local aceptada para pago de impuestos fue la del ayuntamiento de Wörgl (Austria) en 1932. En los 13 meses durante los que se utilizó, el gobierno local pudo incrementar notablemente en un contexto de intensa recesión económica (Gran Depresión) su gasto público con el objetivo de impulsar la actividad económica. El resultado fue un descenso de la tasa de paro en un 25%. Las siguientes experiencias relevantes las encontramos en España durante la Guerra Civil, de la mano de muchos ayuntamientos republicanos, especialmente Alicante, Alcoy, Pedreguer, Orihuela, Villena y Denia. Las monedas locales fueron utilizadas para poder aplicar política fiscal en unos años en los que la moneda republicana escaseaba debido al conflicto bélico. Durante la misma época otros ayuntamientos franceses y alemanes recurrieron a monedas locales, siempre con el objetivo de incrementar el margen de la política fiscal.

En años más recientes estos instrumentos han sido utilizados en multitud de ocasiones por gobiernos locales de los Estados Unidos como San Diego, Oakland, San José y Detroit, y con excelentes resultados a la hora de incrementar la inversión pública en un periodo de insuficiencia financiera.
Sin embargo, también hay experiencias de monedas locales que no se admiten como pago de impuestos que han sido exitosas, y en este caso se suelen denominar "monedas sociales". Las monedas sociales más importantes son las de Priem am Chiemsee (Alemania) desde 2003, Bristol (Reino Unido) desde 2012, y Toulouse (Francia) desde 2011. En el último caso, el ayuntamiento paga parte de los subsidios de desempleo en moneda social.

La utilización de monedas locales tiene importantes beneficios que van más allá del aumento del margen fiscal. La virtud más característica es que todo ese nuevo dinero creado sólo es válido para el territorio en cuestión. Por ejemplo, no se pueden utilizar monedas locales de Barcelona para comprar productos de Madrid, puesto que el madrileño no paga sus impuestos en Barcelona y no tiene interés en obtener monedas locales de la ciudad catalana. En consecuencia, las ventas se producirán localmente, impulsando la actividad económica de la localidad o región correspondiente. Se evita así que ese nuevo dinero creado acabe abandonando el territorio, como ocurre frecuentemente con el dinero oficial. La renta y riqueza derivada del uso de las monedas locales se queda en casa. Por otro lado, esta fórmula de financiación permite que el impulso en inversión pública no incremente las compras a otras regiones, evitando así que el saldo comercial empeore. Por último, la propia naturaleza de las monedas locales hace inviable que puedan ser utilizadas para las finanzas especulativas, ya que este tipo de actividades se producen a nivel global. De esta forma se prioriza la economía real frente a la economía financiera.


* Crónica agradece al autor poder compartir sus opiniones con nuestros lectores

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Àgora CT. Associació Cultural sense ànim de lucre per a promoure idees progressistes

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