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Leopoldo López, presos políticos y la estrategia del miedo en el Estado español artículo de Marina Albiol

"Algunos, de tanto mirar a Venezuela, se han olvidado de lo que tienen en casa: en el Estado español hay decenas de activistas sociales y sindicalistas pendientes de juicio por haber participado en manifestaciones, en piquetes en las huelgas generales o en las marchas de la dignidad", afirma la autora

Estos últimos días hemos visto cómo las redes sociales y las tertulias televisivas se inundaban de mensajes a favor de la libertad de expresión y por la excarcelación inmediata de los presos políticos. Parecía que, por fin, una lucha que hasta este momento se circunscribía a las organizaciones de izquierda se había colado en la agenda política y mediática. Pero la alegría se convirtió en desconcierto al ver que no hablaban de Otegui, ni de 'Alfon', ni de los juicios a activistas sociales y sindicalistas. Las proclamas por ejercer libremente el derecho de manifestación y de expresión se dirigían exclusivamente hacia Venezuela, donde Leopoldo López ha sido condenado a 13 años de prisión.
No digo que no tengamos que interesarnos por aquello que sucede al otro lado del Atlántico, pero resulta curioso que algunos sólo se preocupan de los derechos humanos en Venezuela y Cuba, mientras pasan por alto aquellos países donde realmente se están vulnerando derechos fundamentales, ya sea de forma directa por los gobiernos, o con la complicidad de estos.
En Marruecos, según el informe 2014-2015 de Amnistía Internacional, las autoridades continúan restringiendo los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión. Se reprime la disidencia mediante el enjuiciamiento de periodistas y el encarcelamiento de activistas. Se persigue a los grupos de derechos humanos, se dispersan por la fuerza manifestaciones pacíficas, y se recurre a la tortura y los malos tratos bajo custodia. Todo esto, contra las y los marroquíes que alzan la voz contra la monarquía alauí, y a lo que debemos sumar la política de violencia sistemática contra las activistas y el pueblo saharaui.
En Arabia Saudí se continúa ejecutando públicamente y se persigue la libertad de expresión. Por ejemplo, en 2013, el fundador de una web de debate fue condenado a 10 años de prisión y 1.000 latigazos. También hay personas como Abdul Karim al-Khidr, que lleva desde 2010 en prisión, cuando fue condenado con sólo 18 años por haber fundado una organización estudiantil.
En Israel sigue habiendo presos políticos palestinos que pasan años en prisión sin saber de qué se les acusa. Son más de 6.000, incluyendo 160 menores de edad. Y la mayoría están acusados de lanzar piedras, un delito que entra dentro de la categoría de terrorismo de acuerdo con la última reforma del Código Penal israelí.
Pero claro, estos son gobiernos amigos, gobiernos amigos de la UE y de Estados Unidos, gobiernos que pueden encarcelar a periodistas, políticos y activistas sin que nadie en Europa se rasgue las vestiduras porque son socios comerciales y aliados geoestratégicos. La exigencia del respeto a los derechos humanos se instrumentaliza y utiliza como un arma más en el tablero de juego de los intereses políticos y económicos de Occidente.
Y también algunos, de tanto mirar a Venezuela, se han olvidado de lo que tienen en casa. Por ejemplo, Arnaldo Otegi, en la cárcel desde el año 2009, a pesar del manifiesto pidiendo su liberación firmado por diversos galardonados con el Premio Nobel de la Paz como Desmond Tutu o Mairead Maguire, o la condena que impuso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Estado español por vulnerar su libertad de expresión.
O por ejemplo 'Alfon', condenado y encarcelado por participar en una huelga general y actualmente en régimen FIES-5, con enormes restricciones de comunicación con el exterior.
En estos momentos hay en el Estado español decenas de activistas sociales y sindicalistas pendientes de juicio por haber participado en manifestaciones, en piquetes en las huelgas generales o en las marchas de la dignidad.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido acallar las críticas con mano dura. La ley de Seguridad Ciudadana que se aprobó el pasado mes de julio es el complemento perfecto de las porras. Y el interés por desviar la atención es claro: hemos visto más minutos de televisión sobre opositores venezolanos que sobre sindicalistas de Airbus, a los que se les solicita penas de prisión por defender sus puestos de trabajo en Getafe. Pero las leyes que aprueban son síntoma de su preocupación, porque cada vez somos más las que estamos organizadas y salimos a las calles a defender nuestros derechos y una vida que merezca ser vivida. Su estrategia del miedo ha perdido toda credibilidad.
* Marina Albiol es eurodiputada en las listas de Izquierda Plural
* primero en eldiario.es
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Àgora CT. Associació Cultural sense ànim de lucre per a promoure idees progressistes

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