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Una constitución para un nuevo país artículo de Enrique Santiago


En el programa con el que las candidaturas de Unidad Popular- Izquierda Unida se presentan a las Elecciones Generales reivindicamos un nuevo proceso constituyente con el convencimiento de que es la única garantía para evitar que se repitan las prácticas políticas y económicas que han causado que en nuestro país más 700.000 familias no tengan ningún ingreso; que vuelvan a aparecer desnutrición infantil o enfermedades erradicadas hace décadas; que haya cientos de miles de jóvenes ya formados que han tenido que partir al exilio; que existan trabajadoras y trabajadores en la pobreza a pesar de tener un empleo, que sean decenas de miles las familias a las que se ha desahuciado de sus casas; que haya casi cinco millones de desempleados….. Un absoluto fracaso social puesto en evidencia por el hecho de que haya más defunciones que nacimientos en nuestro país, situación que cuestiona la viabilidad y el futuro del sistema social cualquier país.
Es imprescindible garantizar un Estado social que no pueda ser desmantelado al albur de las ocurrentes políticas neoliberales que las fuerzas dóciles al sistema -las mismas que constitucionalizaron el techo del déficit y la deuda mediante la reforma del artículo 135 de la Constitución (CE) – decidan aplicar en cualquier momento haciendo caso omiso de lo establecido, entre otros, en el artículo 128 CE, "toda la riqueza del país (…) sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general"; en el artículo 33.3, "nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social(..)", o en el artículo 35, "todos los españoles tienen (…) el derecho al trabajo, (..) y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia (…)", entre otros. Nuestra Constitución permitió el desarrollo de un incipiente estado social mientras existió consenso de las fuerzas políticas, económicas y sociales en hacerlo, pero no por existir en la Carta Magna mecanismos efectivos de garantía del Estado Social. Y el consenso se mantuvo hasta que los poderosos, las oligarquías y las plutocracias, decidieron romperlo de forma implícita al entregarse al enriquecimiento sin límites a través de la aplicación de políticas neoliberales de forma desbocada tras la entrada en vigor del Tratado de Maastricht en 1992, y sin duda de forma explícita tras la reforma alevosa del artículo 135 un mes de agosto de 2011.
Algo tan trascendental como la existencia de un Estado social basado en la igualdad, la justicia social y la redistribución de la riqueza requiere un mecanismo constitucional efectivo de cumplimiento y exigibilidad en caso de conculcación, para evitar la indefensión que nos ha llevado a un modelo social distinto del contemplado en la Constitución. Mecanismo que no puede ser otro que la garantía de la aplicación de todos los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal para todas y todos: los derechos civiles y políticos pero también los derechos económicos, sociales y culturales y como no, los medioambientales. Si a ello le añadimos las evidentes carencias democráticas de nuestro sistema político, las deficiencias del modelo territorial, la falta de control ciudadano sobre el menos dos de los tres poderes del Estado, y el envejecimiento de un texto normativo que no contempla ni la existencia de la Unión Europea, ni las nuevas tecnologías, ni la sociedad de la información, concluiremos que resistirse a iniciar un nuevo proceso constituyente –ya sea con la excusa del consenso de la transición o con el simplista neo argumento de que bastan "cinco medidas de reforma constitucional" para procurarnos la felicidad – es irracional y temerario, además de constituir un auténtico fraude a los intereses generales de la sociedad.
Creo que el nuevo consenso llamado a sustituir el de la transición y la Constitución del 78 es el consenso surgido en las plazas y calles de toda España tras el 15 de Mayo de 2011, la exigencia de democracia real ya y de un nuevo proceso constituyente, sin duda alguna los dos grandes acuerdos que unieron a todos los indignados e indignadas de este país. Que los partidos del régimen bipartidista se nieguen a aceptar este nuevo consenso y pretendan mantener a toda costa el moribundo texto constitucional de la transición del franquismo a la monarquía – con alguna que otra reforma cosmética en el caso del PSOE- no es de extrañar, pero cuando menos nos defrauda – nos resistiremos a pensar que se trate abiertamente de un engaño, – que nuevas fuerzas políticas que se arrogan la representación de ese amplio movimiento popular que irrumpió sediento de justicia social y democracia, hayan renunciado a incorporar a sus programas el consenso de calles y plazas en torno al necesario nuevo proceso constituyente. Sin embargo, esas mismas fuerzas emergentes sí proclamen a los cuatro vientos la obligación de "respetar los compromisos internacionales de España" en referencia a nuestra vinculación a la OTAN, a la vez que excluyen de los debates televisivos a quienes, siendo a fecha de hoy la tercera fuerza política del Estado, defendemos el consenso constituyente de la indignación u opciones de política exterior contrarias a recurrir a la guerra como herramienta de la política internacional.
Queremos una nueva constitución que consagre una democracia realmente participativa donde los gobernados no seamos meros espectadores del devenir político. Reivindicaciones tan razonables como que se atribuya el mismo valor al voto de todas las personas; que se contemplen mecanismos reales de democracia participativa; que se regule una Iniciativa legislativa Popular que esté al alcance de los ciudadanos y no como el actual modelo de ILP, una carrera insalvable de obstáculos que impide su finalidad. Queremos una nueva constitución que permita revocar a los cargos públicos electos cuando se aparten del mandato otorgado en las urnas o cuando se corrompan; que permita elegir a todas las instituciones representativas del Estado, incluida la Jefatura del Estado que en nuestro modelo constitucional actual es tan escasamente decorativa como que desempeña la jefatura de los ejércitos.
Queremos una nueva constitución que garantice a todas las personas todos los derechos humanos, los civiles y políticos, en especial la igualdad efectiva entre hombres y mujeres sin ninguna discriminación. Pero también que garantice los derechos sociales y colectivos como el derecho al trabajo, a una vivienda digna, a un salario y una pensión de jubilación suficientes, a una educación y una sanidad de calidad, gratuitas y públicas, a prestaciones por desempleo suficientes mientras no sea posible acceder al trabajo. Que convierta en realidades y no en entelequias los derechos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Una constitución que garantice un sistema fiscal realmente progresivo basado en una fiscalidad directa donde más paguen los que más ingresan, que garantice un modelo de desarrollo económico y social sostenible y respetuoso con el medio ambiente y el planeta. Y que contemple mecanismos eficaces de exigibilidad para todos los derechos cuando éstos sean conculcados o negados a cualquier persona
Queremos una constitución que garantice que no solamente podemos decidir la composición del poder legislativo, sino que también permita al pueblo elegir el poder ejecutivo y el gobierno del poder judicial, y que en asegure que en ninguno de los anteriores exista intervención alguna de poderes religiosos, económicos o de cualquier otro poder que no sea público.
Una constitución que, para acabar con la irresuelta tensión independentista, sea el resultado de un pacto entre los pueblos libres e iguales que conforman nuestro país, y no que consagre una cuestionada "indisoluble unidad de la Nación española" (art 2 CE) por herencia del franquismo, modelo de Estado cuyo único símbolo de "unidad y permanencia" (art 56 CE) es una monarquía trasnochada – como todas – y además – como la mayoría de ellas – desvinculada de los problemas reales del pueblo sobre el que reina. Una constitución que establezca un Estado Federal –como muchos de los estados más desarrollados del planeta- donde prime el principio de subsidiariedad de las administraciones públicas, es decir, que el poder se gestione en los ámbitos más cercanos a la vida de los ciudadanos. Una Constitución que garantice que la economía está al servicio de las personas, de todas las personas, y que no permita que las personas estén al servicio de la economía de unos pocos.
En Europa y el Oriente Medio vivimos tiempos convulsos, con altas cifras de desempleo, pérdida de derechos sociales, violencia, guerras, estados fallidos y grandes desplazamientos de población. El caldo de cultivo apropiado para la aplicación de las políticas de "shock" que allanan el camino para el despertar de la bestia fascista. Algo que ya ha empezado a ocurrir en Francia, con la victoria del Frente Nacional en las ultimas elecciones regionales, primera fuerza política del país seguida por la derecha conservadora. Es imprescindible prevenir su llegada e impedirla en nuestro país, garantizando un modelo de Estado Social que impida la exclusión social y la marginación de amplios sectores de las clases populares y trabajadoras.
Necesitamos una constitución que renuncie expresamente a la guerra y a la intervención militar como herramientas de política exterior, que garantice el derecho a la paz de todo nuestro pueblo. Porque el derecho a la paz es el derecho síntesis de todos los derechos humanos, porque sin paz no es posible ni la justicia, ni la igualdad ni el disfrute de los derechos económicos y sociales. Porque sin paz, en España y en el mundo, no es posible la seguridad colectiva ni acabar con el terrorismo.
La Constitución que soñamos, defendemos y reclamamos es el nuevo pacto social que necesita nuestro país, como la constitución de 1812 dio paso a la era del liberalismo – el máximo de liberalismo permitido por los Borbones, entiéndase – o la de 1936 supuso un intento de situar a España entre el concierto de países modernos, democráticos y socialmente avanzados. La de 1978 cumplió el importante papel de hacernos transitar de una dictadura militar a una democracia que podía haber sido algo más que formal si hubiera llegado a ser económica y social. Negarse a poner en marcha un nuevo proceso constituyente carece de sentido y solo beneficia a quienes han hecho de la crisis y el empobrecimiento de las mayorías una herramienta para su enriquecimiento personal; pone en peligro el mantenimiento de la España actual como sujeto del derecho internacional y mantiene la actual incredulidad de las mayorías respecto al correcto funcionamiento de nuestro sistema democrático. Más allá de los contenidos de esa nueva Constitución que reclama la actual situación política y social, también necesitamos el nuevo proceso constituyente para la construcción de un nuevo pacto de convivencia que haga que la inmensa mayoría de personas y pueblos de España se identifiquen con nuestros sistema político y social, lo hagan suyo y lo defiendan. Objetivo que únicamente puede alcanzarse implicando a todos los españoles y españolas en un proceso de discusiones, abierto y participativo, donde se sientan protagonistas y ejerzan como constituyente primario, como soberano. Se lo debemos a un pueblo que ha demostrado en estos años que no quiere seguir siendo un mero espectador de su destino
(*) Enrique Santiago es abogado y candidato al Congreso de los Diputados por Madrid en las candidaturas de Unidad Popular-Izquierda Unida.
* Letrado director de algunas de las querellas que han llevado a los Tribunales la corrupción del PP como la querella Bárcenas
Crónica agradece poder compartir con nuestros lectores este artículo, inicialmente publicado en cuartopoder
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Àgora CT. Associació Cultural sense ànim de lucre per a promoure idees progressistes

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