Izquierda Unida define y decide su futuro en los próximos meses. Atacada una y otra vez desde todos los flancos, externos pero también internos, es la organización que más potencial transformador tiene de todas las existentes en la actualidad. No obstante, para muchos es una sorpresa que aún estemos vivos. Recuerdo a Paco Marhuenda decirme en privado hace unos meses que él contaba con que ya hubiéramos desaparecidos bajo el tsunami de Podemos. Afortunadamente para la izquierda y para las clases populares de este país, y desafortunadamente para los tertulianos que representan a la oligarquía, eso no ha sucedido.
Es verdad que lo hemos tenido casi todo en contra en los dos últimos años. Como consecuencia de errores propios pero también por un claro interés externo en quitar de en medio a la fuerza anticapitalista mejor organizada, hemos tenido que esforzarnos mucho para seguir teniendo presencia institucional. Cuando acepté ser candidato de IU, allá por noviembre de 2014, sabía perfectamente que íbamos a un escenario de resistencia lleno de obstáculos. Hoy, comenzando 2016, sabemos que no nos equivocábamos en absoluto.
Muchas veces algunos amigos que me quieren me han preguntado que por qué hice eso. Que por qué no me fui a Podemos, una organización en alza, y abandonaba así "un proyecto agotado". Siempre sonrío. Y trato de explicarlo con amabilidad. Les comento que yo quiero ganar pero que para mí los resultados electorales sólo son un poco de información más, que lo que verdaderamente importa es la red de activistas y militantes comprometidos que, con una cultura política común, inciden en la vida de la gente. Que el mundo no se cambia sólo a través de las leyes. Y dedico minutos y minutos a explicar a mis amigos qué es para mí la transformación social… Pero al final el mensaje que mejor se entiende es el siguiente: porque soy comunista. Y es que ser comunista implica una serie de cosas que se sobreentienden por casi todo el mundo.
Ser comunista es defender un proyecto político basado en ideales de justicia social y derechos humanos. Es tener una aspiración ético-política sobre la sociedad del futuro. Pocos recordarán, a estas alturas, que el socialismo y el movimiento obrero fueron los responsables de mantener viva la llama de los derechos humanos desde 1794 hasta 1948. Y lo hicieron a un coste muy alto. Pero ser comunista es también sentirse parte de la misma historia de los que luchan por un mundo mejor, desde Espartaco hasta la Pasionaria, desde Robespierre hasta Anguita, desde Luxemburgo hasta Ernesto Ché Guevara. No son las mismas historias ni los mismos contextos, pero existe un hilo rojo de la historia que da sentido a la noción de progreso. Y es verdad que el materialismo histórico está tan dañado como la modernidad, que nos trajo guerras mundiales y bombas atómicas y no un paraíso terrenal. Pero también es verdad que sin principios, valores ni gente que lucha este mundo se hundiría en la competición salvaje del sistema más insaciable e inhumano que ha existido: el capitalismo.
Y para desplegar este/nuestro proyecto nos juntamos unos con otros; nos organizamos. Lo hacemos en los centros de trabajo y en las calles, en los institutos y facultades, en los pueblos y en las ciudades, y en todas partes construimos organización. Una organización para transformar el mundo en el que vivimos, para que nuestra gente abandone el reino de la necesidad y alcance el reino de la libertad. Por eso estudiamos, pensamos, debatimos y enseñamos, para tener ideología; y por eso elaboramos estrategias y tácticas, para convertirla en realidad. Miramos a las encuestas y a los resultados electorales, sí, pero mucho más el mundo real que nos rodea.
Conozco muy bien esta organización y sus debilidades y fortalezas. Soy militante desde el año 2003, un período muy difícil para nosotros y que para muchos significaba el fin de la historia; ya se sabe, el fin de las ideologías y la reducción de la política a la gestión posibilista del capitalismo. Ser comunista era entonces aún más complicado, aunque parezca extraño. En ocasiones incluso me sentía expulsado de mi propia organización por serlo. En el año 2008 no pude votar en las primarias entre la candidata comunista –mi opción preferente- y Gaspar Llamazares –entonces coordinador general y partidario de una política de extremo acercamiento al PSOE- porque misteriosamente mi nombre había desaparecido del censo. Porque yo era del PCE; comunista. Ni siquiera en aquellos momentos pensé en dejar de luchar, ni dentro ni fuera.
Tampoco ahora que otros han quedado deslumbrados por Podemos y han decidido abandonarnos y tomar una salida individual que daña al proyecto colectivo. Una ceguera causada por la idealización, cercana al enamoramiento, de nuevos fenómenos sociales que se analizan sin el menor atisbo de crítica. ¡Como si uno no pudiera reconocer lo que supone Podemos sin tener que engrosar sus filas o plantear al mismo tiempo sus inconvenientes y errores! El daño a la izquierda marxista es grande, pero de ningún modo determinante o definitivo.
En estos años de militancia he luchado también contra el neocarrillismo y contra los anticomunistas, que a veces van de la mano. ¿Recuerdan la alianza madrileña en las últimas elecciones municipales? El neocarrillismo propugna una salida puramente institucional, centrada en las elecciones, y en eso en nada se diferencia de Podemos. El neocarrillismo se embadurna de retórica ortodoxa vacía de contenido y se envuelve en banderas de patriotismo cuando detrás lo que hay es lo de siempre: deseos indisimulados de ser la izquierda del régimen, bien sea para cogobernar con el PSOE bien para sostener a las cúpulas sindicales en sus regresivos pactos con la patronal. Un neocarrillismo que a veces se dice comunista pero que vive de un marxismo fosilizado y simplista, alérgico al estudio y aún más a la estrategia política. Un neocarrillismo que niega la crisis de régimen y desconfía de las movilizaciones no sindicales (15M, Rodea el Congreso, PAH…). ¿Recuerdan qué dijeron algunos patriotas sobre las acciones del SAT o sobre Rodea el Congreso? En definitiva, un neocarrillismo que dice querer fortalecer IU pero sólo trabaja para constituirla definitivamente como partido clásico en el que las células vivas del PCE queden prisioneras y ahogadas.
Por todo ello, en estos momentos en los que nuestro país se juega tanto, un orden social y las formas de vida de las próximas generaciones, muchos vamos a dar la batalla. Pues un mundo mejor requiere instrumentos adecuados para construirlo. Daremos la batalla para no dejar al alma podemita o al alma neocarrillista esta organización. La batalla para que la militancia tome la palabra. La batalla para que IU vuelva a ser lo que nunca debió de dejar de ser: un organismo vivo, un movimiento social de carácter republicano, feminista, ecologista y democrático-radical, un instrumento para la transformación social, una organización que continúe el hilo rojo de la historia. Y un espacio desde el que el PCE pueda desplegar su mejor tradición: la de Pepe Díaz y la unidad popular. Y es que algunos somos, mal que pese a tantos, comunistas.
Alberto Garzón, ha sido candidato de Unidad Popular -Izquierda Unida a la Presidencia del Gobierno @agarzon *, siendo actualmente diputado
* Economista nacido en Logroño (1985) y criado en Andalucía. Máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente portavoz en las comisiones de Economía, Hacienda y Presupuestos en el Congreso de los Diputados. Comprometido con la tesis número 11 sobre Feuerbach, de Karl Marx. Luchando por construir la unidad de una izquierda coherente, rigurosa, austera y responsable y que sea capaz de sentar las bases de otro mundo posible y necesario.
Durante los próximos meses nuestro país tendrá que enfrentar nuevos e importantes retos sociales, políticos, económicos y ecológicos. Por eso no parece que tenga mucho sentido que el debate actual, sobre la conformación de un nuevo Gobierno, esté girando en torno a abstracciones y riñas de poder en el seno de los partidos. El clásico quítate tú que me pongo yo. Al contrario, lo sensato es el planteamiento de propuestas concretas, programáticas, que ofrezcan una respuesta válida a todos esos retos. Y, sobre esas propuestas, el debate serio y honesto.
Uno de esos retos es el que afectará al sistema financiero español. Como es sabido, la reciente crisis financiera y la política de los últimos gobiernos han cambiado completamente el panorama del sector. Las cajas de ahorro se han transformado definitivamente en bancos —en un proceso en el que, no obstante, llevaban inmersas muchos años— y unas pocas entidades se han hecho con el control del mercado. Al mismo tiempo, la política de privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas del Gobierno del PP ha permitido sanear los balances de muchas entidades e incluso nacionalizar de facto algunas de ellas. Sin embargo, la economía real no parece haberse beneficiado de todo ello y, en tanto el sistema financiero vive de la economía real —cosa que tiende a olvidarse demasiado a menudo—, han vuelto las tensiones al sector.
Y es que la presunta recuperación económica —en realidad bonanza macroeconómica y miseria microeconómica— está basada en la inyección billonaria de dinero en el sistema financiero internacional. Los principales bancos centrales del mundo desarrollado han abierto una barra libre de liquidez que ha inundado el sistema financiero y ha animado los mercados durante los últimos años. Subieron las bolsas, bajó la prima de riesgo y, en suma, aquellos actores que operaban en el sistema financiero vieron cómo continuaba el flujo de dinero —y de especulación— y con ello también sus ganancias. Pero por lo general ese dinero no ha bajado a la economía real, que sigue asolada por el paro, la precariedad y la desigualdad, y estas prácticas solo han servido para mantener los indicadores macroeconómicos aparentemente sanos. Pero lo que realmente hay de fondo es la crudeza de las burbujas financieras, y las tensiones y las contradicciones no tardarán mucho en estallar. De hecho, ya vemos algunas señales en la situación reciente de las bolsas en Estados Unidos y China.
Una nueva crisis financiera internacional es una hipótesis cada vez más plausible, y las condiciones objetivas ya se dan. Las consecuencias para una economía como la nuestra serían dramáticas, más aún cuando los últimos años no han sido aprovechados para fortalecer los instrumentos públicos. Sin embargo, estamos a tiempo de responder si un nuevo Gobierno manifiesta y pone en marcha tal voluntad política. Y la propuesta aquí es clara: paralizar de forma inmediata el proceso de privatización de las entidades financieras nacionalizadas y aprovechar la situación actual para conformar y extender un polo de banca pública que permita afrontar con mayores garantías los retos próximos.
No cabe duda de que el sistema financiero español, como el europeo, necesita una regulación más estricta que alinee sus intereses a los de la economía real. Hay que revertir esa desconexión que existe entre el mundo financiero y la economía real. Al tiempo que es fundamental que exista un polo de banca pública con la que poder proteger a la ciudadanía y a nuestros ahorros, facilitar una política de alquiler público barato, reducir el imponente poder de la oligarquía financiera, establecer líneas de crédito a sectores productivos relevantes y transformar nuestro modelo productivo. Todo eso es necesario pero también posible… si se quiere.
Uno de esos retos es el que afectará al sistema financiero español. Como es sabido, la reciente crisis financiera y la política de los últimos gobiernos han cambiado completamente el panorama del sector. Las cajas de ahorro se han transformado definitivamente en bancos —en un proceso en el que, no obstante, llevaban inmersas muchos años— y unas pocas entidades se han hecho con el control del mercado. Al mismo tiempo, la política de privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas del Gobierno del PP ha permitido sanear los balances de muchas entidades e incluso nacionalizar de facto algunas de ellas. Sin embargo, la economía real no parece haberse beneficiado de todo ello y, en tanto el sistema financiero vive de la economía real —cosa que tiende a olvidarse demasiado a menudo—, han vuelto las tensiones al sector.
Y es que la presunta recuperación económica —en realidad bonanza macroeconómica y miseria microeconómica— está basada en la inyección billonaria de dinero en el sistema financiero internacional. Los principales bancos centrales del mundo desarrollado han abierto una barra libre de liquidez que ha inundado el sistema financiero y ha animado los mercados durante los últimos años. Subieron las bolsas, bajó la prima de riesgo y, en suma, aquellos actores que operaban en el sistema financiero vieron cómo continuaba el flujo de dinero —y de especulación— y con ello también sus ganancias. Pero por lo general ese dinero no ha bajado a la economía real, que sigue asolada por el paro, la precariedad y la desigualdad, y estas prácticas solo han servido para mantener los indicadores macroeconómicos aparentemente sanos. Pero lo que realmente hay de fondo es la crudeza de las burbujas financieras, y las tensiones y las contradicciones no tardarán mucho en estallar. De hecho, ya vemos algunas señales en la situación reciente de las bolsas en Estados Unidos y China.
Una nueva crisis financiera internacional es una hipótesis cada vez más plausible, y las condiciones objetivas ya se dan. Las consecuencias para una economía como la nuestra serían dramáticas, más aún cuando los últimos años no han sido aprovechados para fortalecer los instrumentos públicos. Sin embargo, estamos a tiempo de responder si un nuevo Gobierno manifiesta y pone en marcha tal voluntad política. Y la propuesta aquí es clara: paralizar de forma inmediata el proceso de privatización de las entidades financieras nacionalizadas y aprovechar la situación actual para conformar y extender un polo de banca pública que permita afrontar con mayores garantías los retos próximos.
No cabe duda de que el sistema financiero español, como el europeo, necesita una regulación más estricta que alinee sus intereses a los de la economía real. Hay que revertir esa desconexión que existe entre el mundo financiero y la economía real. Al tiempo que es fundamental que exista un polo de banca pública con la que poder proteger a la ciudadanía y a nuestros ahorros, facilitar una política de alquiler público barato, reducir el imponente poder de la oligarquía financiera, establecer líneas de crédito a sectores productivos relevantes y transformar nuestro modelo productivo. Todo eso es necesario pero también posible… si se quiere.
Alberto Garzón, ha sido candidato de Unidad Popular -Izquierda Unida a la Presidencia del Gobierno @agarzon *, siendo actualmente diputado
*
Economista nacido en Logroño (1985) y criado en Andalucía. Máster en
Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de
Madrid y actualmente portavoz en las comisiones de Economía, Hacienda y
Presupuestos en el Congreso de los Diputados. Comprometido con la tesis
número 11 sobre Feuerbach, de Karl Marx. Luchando por construir la
unidad de una izquierda coherente, rigurosa, austera y responsable y que
sea capaz de sentar las bases de otro mundo posible y necesario.
Pienso en este 2016 como un año de oportunidad, y voy a dedicar todas mis energías como siempre hemos hecho. Porque venimos desde muy lejos, pero además queremos ir mucho más lejos.
Hace siete años emergió una grave crisis financiera internacional que asustó de forma notable a las clases dirigentes de todo el mundo. Pensaban que la más grave crisis desde la Gran Depresión podría significar el fortalecimiento político de la izquierda en todo el mundo; sabían, de hecho, que las políticas necesarias para detener la hemorragia –el rescate del sistema financiero y los recortes para la mayoría- iban a ser fuertemente contestadas por la izquierda. Incluso Sarkozy habló de "refundar el capitalismo", poniendo así la venda antes que la herida. Era 2008.
Pero lo cierto es que fue la derecha la que tomó la iniciativa. La crisis pareció pillar desprevenida a una izquierda que en gran medida había interiorizado el fin de la historia y que había asumido amplios postulados del sentido común neoliberal. Por lo general, la izquierda se limitó a pedir una vuelta a la época dorada del capitalismo. Es decir, un poco más de la vieja receta socialdemócrata. Con la izquierda noqueada, la derecha se dedicó a rescatar a las grandes empresas y las grandes fortunas, a inyectar billones de euros y dólares al sistema financiero, y a recortar en las conquistas sociales y económicas de todo el mundo desarrollado.
En nuestro país, las movilizaciones sociales se desataron muy especialmente a partir de 2010 cuando el Gobierno del PSOE se puso en manos de la troika. Los planes de ajuste, eufemismo que esconde un proceso constituyente dirigido por la oligarquía, habían llegado a España y suponían de facto un cambio en el orden social. Eso generó respuestas populares. A las huelgas generales convocadas por los sindicatos siguieron el 15-M, las marchas por la dignidad, las acciones de protesta del SAT, las mareas de los diferentes colores, el movimiento Rodea el Congreso, las acciones para detener desahucios… Hasta 2013 la política en la calle reclamaba un país distinto al que parecía cristalizar en las instituciones políticas. La crisis económica se había convertido en crisis de régimen, y ya ninguna institución se salvaba de la crítica de unas clases populares cada vez más politizadas y que parecían despertar del largo letargo en el que habían estado durante la burbuja inmobiliaria.
Las clases dirigentes en España también reaccionaron. Trataron de redirigir la crítica únicamente hacia las instituciones políticas y los casos de corrupción; obviando, intencionadamente, el componente sistémico y económico de la crisis. En el fondo consiguieron dar la vuelta a una de las grandes hazañas del 15-M, que fue poner la crisis económica y sus actores al mismo nivel que la crisis política (no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, decíamos). A partir de 2013 cada vez se hablaba menos de paro y desigualdad y cada vez se hablaba más de corrupción y de Bárcenas. Así, lo que en 2011 fue identificado acertadamente como una crisis sistémica, con sus banqueros estafadores y empresarios corruptores, se fue convirtiendo, poco a poco, en una crisis de salud política, es decir, de simples mangantes y manzanas podridas en los partidos. La enmienda a la totalidad que hicimos en el 15-M se reconvirtió en pocos años en una suave e inocua llamada a la regeneración democrática que, en lo esencial, consistía en un mero recambio de actores.
Tras cuatro años de una durísima legislatura con Gobierno del PP en mayoría absoluta, toca hacer balance. Y, tras comprobar que el mismo partido que ha saqueado nuestro país como representante de la oligarquía, conviene también ser capaces de repensar la izquierda. ¿Qué sino deberíamos hacer cuando tras años de movilización popular y repolitización de la sociedad el ganador de unas elecciones ha sido el partido responsable de la pérdida de calidad de vida, y de la vida misma, de las clases populares?
En estos días muchas voces hablan de cambio. Es normal, porque todo cambia siempre. La cuestión es saber qué es lo que cambia y hacia dónde lo hace. Y lo cierto es que, sin desmerecer elementos positivos, el PP ha ganado las elecciones y el bipartidismo ha obtenido mayoría absoluta en escaños. Cambios cuantitativos, sí; cambios cualitativos, lo dudo. Y en este nuevo contexto tenemos una importante tarea que realizar: ser capaces de fortalecer un instrumento de izquierdas al servicio de las clases populares. A estos efectos quisiera aportar algunas ideas de cómo me imagino yo esa izquierda, de cómo imagino ese instrumento.
Nosotros hemos vivido una campaña muy hermosa y que era al mismo tiempo muy complicada. Excluidos de los grandes debates e invisibilizados en gran medida, hemos conseguido ganar la confianza de casi un millón de votantes. Aunque con resultados malos en escaños, la experiencia ha sido fantástica para comprobar cómo un proceso participativo real y que sumaba múltiples diversidades podía hacer frente a tamañas adversidades. Un millón de votos, miles de militantes y simpatizantes y extraordinarios cuadros políticos son mimbres más que suficientes para ir a un proceso ilusionante y de esperanza.
En este proceso, que se llevará a cabo este año, un debate colectivo, participativo y sin miedo puede ser el inicio de algo mucho más grande para el futuro. No sólo para fortalecer un instrumento anticapitalista, feminista y ecologista sino sobre todo para sentar las bases de un nuevo país. En ese sentido, imagino un instrumento:
- Que recoja lo mejor del movimiento obrero y lo mejor de la democracia radical que se ha expresado en los movimientos sociales durante los últimos años. Eso supone aceptar la rica convivencia entre las experiencias más obreristas –centradas en el conflicto capital-trabajo- y las experiencias democratizadoras más transversales de la sociedad.
- Que sirva para poner en marcha un proceso constituyente rupturista que nos permita construir un nuevo país plural y democrático en el que se preserven todas las conquistas sociales y se amplíen los derechos sociales y democráticos, tanto en el ámbito económico como en el ámbito civil.
- Un instrumento radical, en su sentido más etimológico: que va a la raíz de los problemas. Así, pienso en un instrumento que interpele sobre economía, feminismo y ecología política desde una conciencia claramente anticapitalista.
- Con un enfoque teórico de Economía Política que piense en el medio y largo plazo, con las luces largas puestas, y no sólo en el corto plazo. Lo que está en crisis en nuestro país es el régimen de acumulación y el modelo de producción y consumo, y los parches actuales no son soluciones reales; la próxima crisis económica no puede pillar desprevenida a la izquierda.
- Un instrumento que sume en torno a un proyecto político, con su programa de transformación social, y no en torno a etiquetas preconcebidas o determinadas liturgias. De la misma forma que no nos preguntamos por la afiliación política cuando hemos defendido nuestros derechos en las mareas, pienso en la necesidad de sumar a toda la gente que comparte este proyecto político desde la pluralidad. La experiencia de Unidad Popular puede ser un ejemplo enriquecedor.
- Establecer un horizonte de unidad y cooperación entre fuerzas de la ruptura democrática, reconociendo en todo momento la autonomía y la identidad política de los diferentes actores en esa alianza. Admitir ese horizonte como el único posible para la transformación social de nuestro país.
- Poner en valor la palabra reconocimiento. Para reconocer otras identidades nacionales y para reconocer a otros actores políticos con los que poder colaborar y cooperar desde puntos en común; renunciando de ese modo a la uniformidad como estrategia política.
- Con una organización ágil y flexible, menos burocrática y más democrática. Que disponga de mecanismos efectivos de democracia radical en lo interno, como los revocatorios, para permitir desplegar sin distorsiones la voluntad de los militantes y simpatizantes. Abandonar la idea de un liderazgo individual fuerte y prácticamente omnipotente.
- Con una organización que despliegue su actividad tanto en la calle como en las instituciones, y que comprenda que la transformación social no es únicamente una cuestión de números en los parlamentos sino que conlleva un cambio material y cultural que se produce en los conflictos políticos no institucionalizados.
- Con una organización cuya cultura política ancle en los valores de la Ilustración, a fin de construir un verdadero Estado de Derecho que proteja y haga cumplir los derechos humanos. Huir de toda tentación de "manejar a las masas" a través de estrategias populistas que ponen la relación entre dirigentes y ciudadanos al mismo nivel que la que tiene un alfarero con el barro. No se trata de pastorear a las masas; en todo caso de empoderar a la gente a través de la participación y la formación política.
- Recuperar el papel clave y esencial de la formación intelectual, como medio de contrarrestar el pensamiento único y como única forma posible de alcanzar una hegemonía política en la sociedad.
Pienso en este 2016 como un año de oportunidad, y voy a dedicar todas mis energías como siempre hemos hecho. Porque venimos desde muy lejos, pero además queremos ir mucho más lejos.
¡Salud y República!
Alberto Garzón, ha sido candidato de Unidad Popular a la Presidencia del Gobierno @agarzon *, siendo actualmente diputado
* Economista nacido en Logroño (1985) y criado en Andalucía. Máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente portavoz en las comisiones de Economía, Hacienda y Presupuestos en el Congreso de los Diputados. Comprometido con la tesis número 11 sobre Feuerbach, de Karl Marx. Luchando por construir la unidad de una izquierda coherente, rigurosa, austera y responsable y que sea capaz de sentar las bases de otro mundo posible y necesario.
¿Os imagináis un país en el que hubiera habido cientos de campos de concentración pero nadie los recordara?
¿Os imagináis un país en el que se hiciera juicios sumarísimos y fusilamientos diarios de aquellos que defendían los valores democráticos?
¿Os imagináis un país con más de 140.000 desaparecidos que no quiera buscarlos y humille a los familiares que persisten en la necesidad de saber dónde están enterrados sus seres queridos?
¿Os imagináis un país en el que hubiera habido una trama sistemática de robo de bebés y que después de muchos años, aún hoy, no se les garantice a esos hijos e hijas el derecho a conocer sus orígenes y miles de familias vivan con la incertidumbre de no saber si sus recién nacidos murieron o siguen vivos?
¿Os imagináis un país que niegue su propia Historia y niegue la posibilidad de juzgar los crímenes de lesa Humanidad en contra de los criterios defendidos por la ONU?
Pues dejad de imaginar y mirad a vuestro alrededor porque vivís en ese país. Por eso nosotras para construir un nuevo país queremos empezar por el principio. No podemos desarrollar una democracia plena sobre los cimientos de miles de fosas comunes. Es muy grave que aún hoy, en pleno siglo XXI, 40 años después de la muerte del dictador tengamos que defender lo obvio y nos encontremos tan solas y solos en el camino. No debería ser una cuestión de organizaciones de víctimas y represaliados. Ni siquiera debería ser una cuestión de partidos. Debería ser una cuestión de Estado que nos uniera a todas y todos en la defensa de los derechos humanos que han de ser garantizados en casa antes de poder enarbolar las banderas patrias para –supuestamente- defenderlos fuera.
Hace pocas semanas nos volvía a estremecer en televisión el relato de una mujer anciana que seguía reclamando el derecho a saber dónde estaban enterrados sus padres tras ser fusilados siendo ella una niña. Porque tras el la guerra vinieron 40 años de terror que nunca han sido juzgados ni condenados en nuestro país. El propio Paul Preston ha definido a esa parte de nuestra Historia como el “Holocausto español”.
¿Os imagináis que en Alemania se rindieran homenajes a la muerte de Hitler, se mantuvieran calles con los nombres de los asesinos de las SS o los representantes de los gobiernos se mofaran de los descendientes de las víctimas de los campos de concentración? Pues todo eso pasa en nuestro país.
La mayoría de los regímenes constitucionales de Europa fueron constituidos tras la II Guerra Mundial. El recuerdo de la pesadilla genocida inspiró toda la normativa jurídica y permitió el proceso de concesión de determinados derechos sociales, económicos y políticos. En ese contexto, el régimen constitucional español es una gravísima anomalía. La democracia española se constituyó formalmente sin renunciar al ADN franquista, heredando sus mecanismos viciados “atados y bien atados”.
Una democracia no debe temer a su Historia sino que debe ser consecuente con ella. Por eso queremos imaginar un país nuevo que colabore en la extradición de los torturadores franquistas y apoye la Querella Argentina. Un país nuevo en que no existan leyes que obstaculicen la persecución de los crímenes de lesa humanidad y permita juzgar al franquismo. Un país nuevo que apoye a quienes fueron víctimas de la trama sistematizada de robos de recién nacidos. Un país nuevo que garantice la localización de más de 140.000 desaparecidos y desaparecidas. Un país nuevo que restituya la dignidad pública de quienes lucharon por la democracia dejando de considerar “bandoleros” y “delincuentes” a la guerrilla que en las montañas luchó por intentar devolver la legitimidad a la democracia de la II República. Un país nuevo que como hizo Alemania, convierta en memoriales los lugares que fueron escenarios del terror para que todo lo que ocurrió se sepa y nunca más se repita la barbarie.
No contribuiremos a que se mantenga la cultura de la impunidad franquista en nuestro país. No permitiremos que se haga con nuestro silencio. No en nuestro nombre.
¿Os imagináis un país en el que se hiciera juicios sumarísimos y fusilamientos diarios de aquellos que defendían los valores democráticos?
¿Os imagináis un país con más de 140.000 desaparecidos que no quiera buscarlos y humille a los familiares que persisten en la necesidad de saber dónde están enterrados sus seres queridos?
¿Os imagináis un país en el que hubiera habido una trama sistemática de robo de bebés y que después de muchos años, aún hoy, no se les garantice a esos hijos e hijas el derecho a conocer sus orígenes y miles de familias vivan con la incertidumbre de no saber si sus recién nacidos murieron o siguen vivos?
¿Os imagináis un país que niegue su propia Historia y niegue la posibilidad de juzgar los crímenes de lesa Humanidad en contra de los criterios defendidos por la ONU?
Pues dejad de imaginar y mirad a vuestro alrededor porque vivís en ese país. Por eso nosotras para construir un nuevo país queremos empezar por el principio. No podemos desarrollar una democracia plena sobre los cimientos de miles de fosas comunes. Es muy grave que aún hoy, en pleno siglo XXI, 40 años después de la muerte del dictador tengamos que defender lo obvio y nos encontremos tan solas y solos en el camino. No debería ser una cuestión de organizaciones de víctimas y represaliados. Ni siquiera debería ser una cuestión de partidos. Debería ser una cuestión de Estado que nos uniera a todas y todos en la defensa de los derechos humanos que han de ser garantizados en casa antes de poder enarbolar las banderas patrias para –supuestamente- defenderlos fuera.
Hace pocas semanas nos volvía a estremecer en televisión el relato de una mujer anciana que seguía reclamando el derecho a saber dónde estaban enterrados sus padres tras ser fusilados siendo ella una niña. Porque tras el la guerra vinieron 40 años de terror que nunca han sido juzgados ni condenados en nuestro país. El propio Paul Preston ha definido a esa parte de nuestra Historia como el “Holocausto español”.
¿Os imagináis que en Alemania se rindieran homenajes a la muerte de Hitler, se mantuvieran calles con los nombres de los asesinos de las SS o los representantes de los gobiernos se mofaran de los descendientes de las víctimas de los campos de concentración? Pues todo eso pasa en nuestro país.
La mayoría de los regímenes constitucionales de Europa fueron constituidos tras la II Guerra Mundial. El recuerdo de la pesadilla genocida inspiró toda la normativa jurídica y permitió el proceso de concesión de determinados derechos sociales, económicos y políticos. En ese contexto, el régimen constitucional español es una gravísima anomalía. La democracia española se constituyó formalmente sin renunciar al ADN franquista, heredando sus mecanismos viciados “atados y bien atados”.
Una democracia no debe temer a su Historia sino que debe ser consecuente con ella. Por eso queremos imaginar un país nuevo que colabore en la extradición de los torturadores franquistas y apoye la Querella Argentina. Un país nuevo en que no existan leyes que obstaculicen la persecución de los crímenes de lesa humanidad y permita juzgar al franquismo. Un país nuevo que apoye a quienes fueron víctimas de la trama sistematizada de robos de recién nacidos. Un país nuevo que garantice la localización de más de 140.000 desaparecidos y desaparecidas. Un país nuevo que restituya la dignidad pública de quienes lucharon por la democracia dejando de considerar “bandoleros” y “delincuentes” a la guerrilla que en las montañas luchó por intentar devolver la legitimidad a la democracia de la II República. Un país nuevo que como hizo Alemania, convierta en memoriales los lugares que fueron escenarios del terror para que todo lo que ocurrió se sepa y nunca más se repita la barbarie.
No contribuiremos a que se mantenga la cultura de la impunidad franquista en nuestro país. No permitiremos que se haga con nuestro silencio. No en nuestro nombre.
. Alberto Garzón, candidato de Unidad Popular-IU a la Presidencia del Gobierno @agarzon *
. Esther López exdiputada de EUPV en les Corts Valencianes y actualmente Jefa de Gabinete de la Concejalía de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid
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| Alberto Garzón y Esther López en un acto en Valencia |
* Creative Commons
Uno acaba pensando que a muchos políticos les pasa con los trabajadores lo que a los niños urbanos con los animales del zoológico. Acaban creyendo que lo que ven un día a través de la jaula sirve para explicar lo que pasa a diario en el medio natural.
Ahora entramos en campaña electoral y no será raro ver a integrantes de las múltiples candidaturas visitando centros de trabajo o estrechando manos de hombres y mujeres cuya profesión sea fotogénica; algún presidenciable hasta se parará en la calle a escuchar paciente cómo una persona desempleada le explica las penurias de su día a día. El mensaje será unánime: el empleo, nuestra prioridad.
El mundo del Trabajo está viviendo una serie de mutaciones de enorme calado, algo directamente relacionado con las profundas transformaciones relativas a la globalización, la revolución tecnológica, la adaptación al cambio climático, etc. Pero hay algo que no va a cambiar, y es la trascendencia que las relaciones y derechos adscritos a la propia relación laboral tienen para una sociedad como la nuestra. Ya se trabaje en una gran industria o desde el sillón de casa, en la hostelería, la aeronáutica o la comunicación, la calidad y cobertura social del empleo será determinante para la mayor parte de nosotros. Y por eso, cómo se configure el marco laboral es crucial para determinar qué modelo social queremos para el futuro.
A menudo se cree que las reformas laborales sólo producen efectos de tipo económico. Nada más lejos de la realidad. El marco de relaciones laborales de un país refleja también un modelo de convivencia social. La trascendencia del fenómeno del Trabajo en las vidas de la gente es capital, por lo que restar elementos democráticos y libertades en el centro de trabajo, o favorecer el desequilibrio de poderes entre la parte más débil y la más poderosa, conlleva un efecto similar en las pautas generales de esa sociedad. La sucesión de reformas laborales emprendidas por los últimos gobiernos de PSOE y PP -que generaron tres huelgas generales en un periodo de tres años, algo inédito en nuestro país- han dado soporte a un modelo de relaciones laborales muy concreto. Un modelo que, bajo la errónea creencia de que la competitividad empresarial se ha de ganar por la vía del abaratamiento de costes laborales, ha instaurado un estado de necesidad y miedo en los centros de trabajo. Miedo lógico, ante la facilidad de un despido que no sólo se ha abaratado y subvencionado, sino que se ha liberado de trabas administrativas y tutelas judiciales. Un modelo que no concibe el equilibrio entre las partes -básico en cualquier manual de Derecho laboral-, y favorece en cualquier negociación la decisión unilateral del empresario frente a lo que otrora eran derechos de la parte social. Un sistema que debilita la participación organizada de los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales y busca la interlocución individualizada que suele acabar en “haces esto o ya sabes lo que hay”.
Estas reformas laborales han facilitado que bajo sus años de vigencia se haya destruido el mayor volumen de empleos de la historia de nuestro país. Pero también han instalado un marco laboral que hace que el 95% del empleo que se genera sea precario, temporal, sin derechos, y haga que el 30% de quienes tienen un empleo sean trabajadores pobres, así como que miles de jóvenes sean empujados a la condición de falsos autónomos como paradigma de las nuevas formas de explotación -y encima las estadísticas los etiqueten de emprendedores-.
El último movimiento del gobierno del PP a escasas semanas del fin de la legislatura –la publicación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que incorpora todas las reformas realizadas en los últimos años– pretende grabar a fuego este salvaje marco de relaciones laborales para que cualquier intento de dar marcha atrás por parte de cualquier fuerza política y social transformadora se encuentre con importantes obstáculos. Una vez más el PP demuestra su carácter autoritario y antidemocrático: en un momento en el que los sujetos sociales contestatarios se plantean la derogación inmediata de las reformas laborales, cuando los tribunales las están desautorizando o vaciando de contenido, cuando se está demostrando que no cumplen los objetivos planteados y que están condenando a la mayor precarización posible a nuestras mayorías sociales, el gobierno del PP sistematiza y consolida todas estas reformas. Se trata de un texto que nace moribundo; un magnífico ejemplo de irresponsabilidad legislativa. Desde Izquierda Unida proponemos precisamente lo contrario: derogar las reformas laborales anteriores y además reemplazar este Estatuto de los Trabajadores que da la espalda al trabajo y plantear una carta de derechos del Trabajo, un nuevo marco normativo laboral discutido con los agentes sociales y con amplio debate, enfocado en la protección laboral, el trabajo digno y la erradicación de la discriminación y la división sexual del trabajo.
Tampoco nos produce ningún consuelo –ni sorpresa– la propuesta del PSOE al respecto, por mucha renovación cosmética que haya experimentado. El equipo de Pedro Sánchez en materia laboral –que es en buena parte el mismo que el que diseñó la reforma laboral de 2010– no tenía intención de derogar totalmente la reforma laboral del PP de 2012 (ya que ello supone tumbar artículos idénticos a los que su formación aprobó dos años atrás) y sólo ha modificado –a regañadientes– su postura debido a la presión de otras federaciones. Es difícil entender cómo tienen el valor de abanderar los derechos cuando dudan si derogar o no la reforma laboral más salvaje que ha sufrido la clase trabajadora de este país. Su nueva propuesta coincide curiosamente con la que presenta el Círculo de empresarios, y pasa por reducir la participación de quienes trabajan en la empresa, buscando tutelar y manipular a los sindicatos desde una postura paternalista, ofreciéndoles falsas promesas y alianzas. Cualquier sujeto que pretenda verdaderamente proteger los derechos laborales debe apostar necesariamente por lo contrario: aumentar la democracia en las empresas; las estructuras de representación de los derechos en la empresa deben reforzarse, no adelgazarse. Izquierda Unida lleva mucho tiempo discutiendo en muchos foros con los sindicatos, donde han nacido propuestas para reforzar la representación de quienes trabajan en las pequeñas empresas, obligando a establecer órganos representativos incluso en las empresas menores de 10 trabajadores. Pero sin olvidar que no se pretende tutelar a los sindicatos sino abrir un diálogo social real y respetuoso.
Por último, debemos denunciar y arrancar las caretas que utilizan algunas fuerzas políticas como Ciudadanos, que dicen apostar por fórmulas novedosas cuando su propuesta estrella de “contrato único” no sólo es antiquísima sino profundamente dañina para los derechos de los trabajadores (no por casualidad es una histórica aspiración de la derecha económica). En España ya tenemos un contrato único, que es el indefinido tal y como reza el artículo 15.3 del Estatuto de los trabajadores, aunque se reconozcan determinadas excepciones como los contratos temporales (¿acaso un supuesto nuevo “contrato único” no las tendría?). El problema es que la inmensa mayoría de los contratos temporales hoy día vigentes están celebrados en fraude de ley en beneficio de los empleadores. La solución pasa, en consecuencia, por perseguir fehacientemente el fraude laboral que cometen tantos empresarios españoles y no por inventarse una nueva fórmula de contrato que lo único que lograría sería reducir la indemnización por despido de los nuevos contratos al mismo tiempo que convertiría en legales todos esos contratos fraudulentos que inundan el mercado laboral español. Los problemas complejos nunca se solucionan con remedios simples.
Estas son algunas de las bases del proyecto de país que tienen reservado para nosotros. Un país donde quienes han trabajado no puedan gozar de unas pensiones ganadas a pulso, y quienes trabajen no consigan salir del círculo de la pobreza a pesar de ello. Un país donde la libertad y la democracia no llega al centro de trabajo, y más de 300 sindicalistas tienen procesos judiciales abiertos por causas relacionadas con un derecho constitucional como es el de huelga. Sobra decir que durante estos años, más de 50.000 millones de euros han sido traspasados desde las rentas del Trabajo hacia las rentas del Capital. Siempre hay quien sale ganando.
Desde Izquierda Unida creemos en un proyecto de país diferente. El modelo social que defendemos tiene garantizada una mejora sustancial del conjunto de derechos y libertades en el espacio laboral para hacer posible que la mayoría de la gente -la que vive o aspira a vivir de su trabajo- pueda hacerlo con dignidad. Aspiramos a representar de la mejor manera posible los intereses de todos aquellos que, cansados de que les digan que no hay otra forma de hacer las cosas, miran a la luna y -como decía Pietro Ingrao- la desean. Podemos decirlo con franqueza porque nuestra candidatura está compuesta por hombres y mujeres a quienes no es ajeno ni el sufrimiento ni el miedo del que os hablábamos, gente que viene de donde vosotros y no aspira a cruzar ninguna puerta giratoria. Gente que no se calló cuando esas reformas laborales fueron aprobadas, ni dejó de luchar contra ellas en la calle. Gente que no precisa ir a ningún zoológico para veros ni para interpretar lo que pasa en el mundo del Trabajo. Os animamos a sumaros a este proyecto.
Carlos Aristu, responsable de acción sindical y política sectorial de CCOO Sevilla @Aristu_Carlos
Alberto Garzón, candidato de Unidad Popular a la Presidencia del Gobierno @agarzon *
* Economista nacido en Logroño (1985) y criado en Andalucía. Máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente portavoz en las comisiones de Economía, Hacienda y Presupuestos en el Congreso de los Diputados. Comprometido con la tesis número 11 sobre Feuerbach, de Karl Marx. Luchando por construir la unidad de una izquierda coherente, rigurosa, austera y responsable y que sea capaz de sentar las bases de otro mundo posible y necesario.
¿Recuerdan la película El bueno, el feo y el malo? Pues la política actual, una vez filtrada por los medios de comunicación, se parece cada vez más a aquella obra del género western. Al menos esa es la impresión que emerge tras leer determinados titulares de prensa. Es como si el terreno de juego político se hubiera no ya sólo convertido en un espectáculo sino que además incluyera directamente a los pistoleros del viejo oeste.
- ¿Qué le pareció a usted el debate a dos entre Albert Rivera y Pablo Iglesias?
- Desde luego un sano ejercicio democrático, pero con demasiadas sillas vacías. Lo adecuado es promover debates con más participantes.
- Y, dígame, ¿le hubiera gustado a usted participar? ¿Quiere usted un debate con todos los candidatos?
- Por supuesto, como candidato y como economista me hubiera gustado poder decir muchas cosas que no se dijeron en aquel debate. Además, nosotros siempre hemos defendido debates con múltiples candidatos.
- ¿Y le gustaría debatir concretamente con Pablo Iglesias?
- Por supuesto, como con todos. Para que la gente pueda contrastar programas y propuestas. Y que vote en consecuencia.
Esta conversación no es imaginaria. Se ha producido varias veces a lo largo de la última semana en el marco de entrevistas que he tenido con diferentes medios de comunicación. Pero los titulares que se han construido han sido muy distintos entre sí. Uno de ellos es representativo de los tiempos que vivimos: "Alberto Garzón desafía a Pablo Iglesias".
Ya saben, como si yo estuviera en una colina, sombrero al viento y con la pistola medio desenfundada. Suena L'Estasi Dell'oro, de Ennio Morricone, que acompaña el lento desplazamiento de cámara que permite observar que al otro lado está otro pistolero, un tal Pablo Iglesias, que tiene que decidir en qué momento dar respuesta al duelo pendiente. ¿Quién no se siente atrapado por esa atmósfera espectacular? ¿quién no desea conocer el desenlace de la trama?
Ahora bien, la duda que emerge es: ¿por qué un periodista iba a titular así una información que tiene otros muchos enfoques posibles? Me parece sensato pensar que detrás está la lógica económica que vincula los beneficios empresariales del medio con la audiencia, a través de la financiación por publicidad. Dicho de otro modo: cuanta más audiencia, más publicidad y más ingresos. Pero seguimos sin resolver la duda original: ¿por qué da más audiencia titular así?
Algunos compañeros de prensa me dieron la explicación de muchos titulares en internet: el proceso SEO (search engine optimization). Este proceso, convertido casi en una industria que cuenta con sus propios especialistas, consiste en ajustar las noticias y artículos para que los buscadores –fundamentalmente Google- integren el contenido en las primeras posiciones de búsqueda. Para que, en definitiva, el usuario de internet lo encuentre con mayor facilidad. La clave es que los buscadores detectan las palabras más citadas en un determinado momento, y si estas palabras están incluidas en el titular entonces la noticia aparecerá entre las primeras tras una búsqueda. Hay otras variables que influyen, pero esta es la fundamental.
Así, cuando algo se convierte en moda aquellos que hablan de ese algo pueden obtener rédito económico. Por eso en este momento, y hasta que no cambie la moda, las palabras atractivas para un medio digital son Pablo Iglesias, Alberto Garzón y Podemos, por citar algunos ejemplos. Son palabras muy bien valoradas por los buscadores, de tal forma que un titular del tipo "Alberto Garzón dice que Pablo Iglesias defiende políticas de derechas" es mucho más atractivo –y rentable- que un alternativo –y más sensato- "IU presenta su programa económico, que es distinto al de Podemos". Podría traer centenares de ejemplos que he sufrido, que sufrimos todos, en los últimos meses.
Ahora bien, conviene hablar también sobre las consecuencias políticas. Y es que los efectos de un tratamiento espectacular de la información política son evidentes. La gente conforma sus opiniones en relación a esas imágenes que les llegan a través de los medios. Pero es que los medios transforman a la persona en personaje, y es el juego que se establece entre personajes lo que define el campo actual de lo político. Dicho de otra forma, la imagen del político –el personaje- se construye fundamentalmente en los medios, y es con esa imagen con la que la gente se referencia. Pero al mismo tiempo el personaje no sólo se vincula a la ciudadanía que puede votarle (o no) sino también con otros personajes.
Es por esto por lo que decimos que la política se ha convertido en espectáculo. En detrimento de la ideología y de los debates serenos y rigurosos (¡de la deliberación!) se ha impuesto una concepción espectacular de lo político. Los programas han dado paso a los discursos, y las personas a los personajes. Y los personajes no son sino la representación, la imagen, de una persona que hace política. Al mismo tiempo, todo personaje va acompañado de una historia, de un relato, que no tiene por qué ser verdad sino sólo ser creíble y atractivo –para la audiencia, para la rentabilidad de los medios.
La creación del personaje es la verdadera batalla de la política del espectáculo. Los expertos en la materia recomiendan sus tácticas y sus relatos, e incluso cuando recomiendan naturalidad es para aparentarla. Y en esa batalla influye la lógica económica, cómo no. Así es como el relato "IU intentó la Unidad Popular para beneficio del país" puede ser rescrito como "Alberto Garzón se cabrea con Podemos porque Pablo Iglesias es su amigo y le ha dicho que no".
Y a mi, qué queréis que os diga, no me apetece dejar que se cree el personaje que los medios y su lógica económica desean. No me resigno a recuperar la POLÍTICA -con mayúsculas-, haciendo honor a la famosa frase de Gramsci de que la verdad es siempre revolucionaria. Dejaremos los pistoleros a otros y haremos el camino que, aunque sea más largo, al menos nos lleva a alguna parte.
NOTA: Este tema ha sido ampliamente debatido en la academia, pero aprovecho para señalar que en el artículo hago referencia mezclada a dos patas del espectáculo que se interrelacionan pero que son diferentes: el sensacionalismo (que invita a poner verbos como "retar" o "desafiar" en vez de "querer debatir") y el comportamiento SEO (que es de palabras-moda)
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Alberto Garzón
* Economista nacido en Logroño (1985) y criado en Andalucía. Máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente portavoz en las comisiones de Economía, Hacienda y Presupuestos en el Congreso de los Diputados. Comprometido con la tesis número 11 sobre Feuerbach, de Karl Marx. Luchando por construir la unidad de una izquierda coherente, rigurosa, austera y responsable y que sea capaz de sentar las bases de otro mundo posible y necesario.
* Candidato por Ahora en Común e IU a la Presidencia del Goberno
* Crónica agradece al autor poder compartir su opinión con nuestros lectores
Algunos medios han publicado en las últimas horas unas supuestas negociaciones abiertas entre Podemos e IU. Nos dicen que unos son humillados y otros exigen, que unos ceden y otros chantajean… Convierten así la política en un reality show con el fin de mantener expectante a la audiencia, aunque nada de todo eso tenga fundamento, aunque nada de todo eso sea política.
Una candidatura unitaria para las elecciones generales está hoy más cerca. Soy optimista. Durante meses he estado reuniéndome con partidos políticos, movimientos sociales y alcaldes y alcaldesas del cambio, entre otros, y todos han estado de acuerdo en la necesidad de que haya una candidatura unitaria de ruptura; una candidatura para cambiar el rumbo suicida de la política neoliberal en nuestro país; una candidatura para no condenar a las próximas generaciones a una vida de precariedad e incertidumbre vital. ¿Acaso queremos que nuestras mayores aspiraciones laborales sean las de encontrar trabajos temporales y contratos por horas? ¿Acaso creemos que lograremos construir una sociedad más justa si no luchamos juntos?
Estamos más cerca, pero no hay garantías. Y por eso nos seguimos dejando la piel en el proceso. Aún hay muchos obstáculos que superar, pero estamos convencidos de que vamos a ser suficientemente inteligentes como para superarlos. En un mundo como el nuestro, en el que la política se ha espectacularizado y en el que a algunos medios solo parecen interesarles los mensajes simplistas y morbosos, las complicaciones se disparan. Cada día nos levantamos con noticias sobre política que no hablan de política sino de politiquería. Algunos medios han publicado en las últimas horas unas supuestas negociaciones abiertas entre Podemos e IU. Nos dicen que unos son humillados y otros exigen, que unos ceden y otros chantajean… Convierten así la política en un reality show con el fin de mantener expectante a la audiencia, aunque nada de todo eso tenga fundamento, aunque nada de todo eso sea política.
Estas informaciones buscan, en el fondo, reducir la posibilidad de una candidatura unitaria, necesaria para cambiar el país, a una pelea de barro entre personajes públicos, precisamente para obstaculizar el cambio posible y necesario. Pero lo cierto es que no hay negociaciones abiertas con Podemos, ni en despachos oscuros ni en plazas públicas. En mi organización, Izquierda Unida, hemos aprobado –a mi juicio, de forma inteligente- contribuir a construir espacios de confluencia con los que unir a las izquierdas del país en torno a un proyecto de ruptura democrática; espacios de confluencia construidos desde abajo y con mecanismos participativos como las primarias abiertas. Eso es lo que vamos a hacer y para lo que vamos a trabajar sin cesar.
Estoy convencido de que antes de mediados de octubre tendremos ya articulados muchos de esos espacios, y convencido también de que finalmente en diciembre habrá una candidatura unitaria. Los tonos y actitudes de todo el mundo me hacen pensar de ese modo tan optimista. Nos jugamos demasiado, todo un régimen, toda una vida, como para fracasar en este intento. Esto no es una batalla entre partidos ni una batalla entre siglas, es una batalla por un orden social. Lo hemos repetido muchas veces, y seguiremos haciéndolo. Estamos ante uno de esos momentos de la historia política en los que se pueden decidir los diseños institucionales para los próximos treinta años.
Nos jugamos las próximas generaciones, no solo las próximas elecciones. Hagamos pues prevalecer nuestros valores y principios de izquierdas por encima de la espectacularización de la política y de las miserias de un mundo hipermoderno que aspira a mercantilizarlo todo, incluida la política. Nuestras organizaciones han de estar al servicio de la transformación social, y sin duda eso hacemos y haremos en Izquierda Unida. Os pido, amigos y amigas, que seamos críticos con las informaciones que publican algunos grandes medios empresariales, cuyos intereses políticos no siempre están al descubierto; que seamos críticos también con nuestros dirigentes, incluido conmigo mismo, para conseguir así que todos los procesos sean lo más participativos y acertados posibles; y, por último, que elevemos la vista más allá del árbol para ver ese bosque que es nuestra vida y que está amenazada por quienes, por encima de todo y de todos, gustarían ver a su oposición fragmentada, dividida y peleada.
publicado primero en público
* Economista nacido en Logroño (1985) y criado en Andalucía. Máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente portavoz en las comisiones de Economía, Hacienda y Presupuestos en el Congreso de los Diputados. Comprometido con la tesis número 11 sobre Feuerbach, de Karl Marx. Luchando por construir la unidad de una izquierda coherente, rigurosa, austera y responsable y que sea capaz de sentar las bases de otro mundo posible y necesario.
* Crónica agradece al autor poder compartir su opinión con nuestros lectores
Cuando decimos que en este ciclo electoral nos jugamos las próximas generaciones estamos diciendo, en suma, que en los próximos años se definirán las instituciones que regularán nuestras vidas para las próximas décadas. En ese sentido, el bipartidismo y el régimen tienen ya una hoja de ruta que pivota sobre una futura reforma constitucional.
Sin duda, ingredientes seguros de esa reforma serán la ley electoral –menos proporcional, más regresiva- y la reforma del modelo de Estado –incluyendo el apuntalamiento de la monarquía. Pero más grave es que será una forma de consolidar legalmente un nuevo orden social basado en la precariedad y la crisis permanente. En realidad, una forma de adaptar las instituciones jurídico-políticas a las necesidades de este capitalismo en crisis. Al fin y al cabo, lo que sucede es que nuestros gobernantes decidieron en su momento, y reafirman ahora, mantener nuestra economía con un rol periférico y dependiente. Y ahora han optado por dar otra vuelta de tuerca, empobreciéndonos aún más con la esperanza de que podamos ser más competitivos frente a economías de trabajo basura. Menos Estado Social y más ley de la selva, en definitiva.
Eso es lo que nos jugamos, el carácter del cambio. Porque cambio habrá, por supuesto. Nuestras instituciones no serán ya por más tiempo las mismas; se modificarán, habrá unas nuevas. La duda es si ese proceso constituyente –que diseña nuevas instituciones- estará dirigido por la oligarquía o si por el contrario estará dirigido por el pueblo. La diferencia será total. ¿Aceptaremos ser un país de trabajo y vida basura? ¿Aceptaremos la privatización de nuestras conquistas? ¿Aceptaremos el socavo total del Derecho del Trabajo y otros Derechos arrancados al poder? O, por el contrario, ¿asistiremos a la reconquista de lo saqueado en los últimos años y a la puesta en marcha de procesos de reconstrucción económica para nuestro país? ¿construiremos instituciones democráticas que recuperen la soberanía para lo popular y sirvan para reintroducir en esclavitud al poder salvaje de los mercados y otros poderes ajenos a lo democrático?
La disputa es enorme. Y de ahí que hayamos insistido una y otra vez en la Unidad Popular -electoral y no electoral. Las distintas fuerzas políticas que abogamos por un cambio dirigido desde abajo tenemos diferencias entre nosotras. Es normal, sano y democrático. Ni proponemos exactamente las mismas cosas ni tenemos las mismas tradiciones políticas; a veces incluso ni idioma ni lenguaje coinciden. Pero sí compartimos la convicción de que un orden social más justo y democrático es ahora una necesidad para nuestra sociedad, de la misma forma que sabemos que tenemos la obligación de evitar que la Europa de los mercaderes haga de España un país de indignidad laboral, social y política.
Las próximas elecciones generales no deben verse como una simple oportunidad para sumar más diputados con los que llevar a cabo tareas institucionales. Sin capacidad de transformación ningún diputado será suficiente. Es momento, más bien, de entender la profundidad de la disputa política; de estar a la altura del momento histórico.
De ahí que haya que felicitarse de que en determinados territorios se hayan alcanzado ya acuerdos que van por esa línea. Catalunya es el primero; un lugar donde las fuerzas rupturistas (Podemos, ICV, EUiA, entre otras) caminan juntas y que, tras haber aceptado sus diferencias, tienen claro lo que les une. Es un ejemplo a seguir. Y ojalá en el resto de territorios del Estado también los procesos de Unidad Popular –conformados mediante procesos participativos, abiertos y desde abajo- se vayan abriendo camino para garantizar que, al final, en todas partes haya una única candidatura en la que nos sintamos referenciados quienes defendemos una ruptura con el régimen del 78. Es sumamente importante que en el próximo Congreso quede reflejado de forma amplia el deseo de gran parte de la población de iniciar un proceso constituyente al servicio de la mayoría social.
Las palabras de Pablo Iglesias en el día de hoy alimentan esa posibilidad y, a mi juicio, devuelven el optimismo al panorama actual. Si finalmente se consigue que los procesos de unidad popular, en los que participamos las gentes de IU y de otras formaciones a lo largo de todo el Estado, se encuentren con las gentes de Podemos, estaremos ante la posibilidad real de cambio en este país. Porque llegados a ese caso habremos puesto los intereses de nuestro país y de las generaciones futuras por encima de las disputas partidistas y los matices que nos separan a unos y otros. Será entonces cuando podamos hacer causa común de la defensa de un programa de cambio, nítido y honesto, con el que defender las conquistas que nuestros padres, madres, abuelos y abuelas lograron con sumo esfuerzo.
Alberto Garzón es economista, actualmente diputado en las Cortes poir Izquierda Unida y candidato a la Presidencia del Gobierno por la misma orhanización
* Crónica agradece al autor su generosidad compartiendo sus opiniones con nuestros lectores
En los siglos XVIII y XIX los economistas clásicos analizaban los fenómenos sociales usando una herramienta llamada Economía Política, que expresaba en sí misma el error de analizar por separado los fenómenos económicos (de producción, distribución y consumo) de los políticos (relaciones institucionales de poder). La preocupación de estos economistas, que iban desde Adam Smith hasta Karl Marx, residía en las formas de distribución del excedente económico entre clases sociales. Es decir, otorgaban una importancia nuclear al análisis de las relaciones de producción y de las condiciones materiales de vida de las personas.
Con la llegada de la teoría neoclásica a los centros de estudio (universidades e instituciones de pensamiento) la economía política se vio desbordada por la llamada desde entonces ciencia económica o economics. Desde ese momento la economía se convertiría en un espacio fundamentalmente autónomo de la política y de cualquier otro ámbito social. Ya no importaba la estructura de clases en la sociedad ni tampoco la distribución funcional de la renta, sino que todo quedaba relegado a un análisis instrumental para la asignación de recursos escasos. La economía, vista así, pasaba a considerarse equivalente en rigor y capacidad a cualquier ciencia técnica. Así las cosas, emergía una consecuencia esencialmente política: sería posible formar a técnicos o tecnócratas de lo económico, capaces de gestionar los recursos desde la neutralidad ideológica. Emancipar las instituciones económicas, tales como los bancos centrales, de las decisiones políticas y democráticas sería por lo tanto una decisión correcta.
Curiosamente, casi al mismo tiempo y en el ámbito del análisis político una ola de pensadores también defendía la idoneidad de desconectarse de lo económico. Así, la idea de que existía una autonomía plena de lo político fue haciéndose fuerte entre los pensadores sociales. En la práctica significaba defender la posibilidad de explicar los fenómenos sociales –y también los electorales- sin atender a la estructura económica. La pobreza de esos análisis ha sido tal que ha derivado en meros estudios sobre la comunicación política, sobre el discurso político, sobre el tacticismo electoral y siempre bajo una concepción de la política puramente mercantilista. Es decir, análisis de lo político basados en la existencia de un mercado tanto de oferta (productos, que son los partidos y sus representantes) como de demanda (votos, que son los ciudadanos). Un lugar éste donde la ideología, lo económico y las condiciones materiales de vida de las personas no parecen explicar nada.
He comenzado con las precisiones anteriores porque me parece fundamental desvelar las insuficiencias y riesgos que arrastran los análisis que no aceptan la relación dialéctica que existe entre la economía y la política. No se trata de asumir que el hecho económico es el único hecho determinante, como establecían los estrechos manuales soviéticos. Se trata, más bien, de asumir que el análisis de la coyuntura se encuadra siempre en una estructura económica, y que dentro de ella se produce un juego recíproco de acciones y reacciones entre el aspecto económico y otros factores. Esa es, creo, la mejor tradición de análisis y la herramienta más potente para explicar los fenómenos sociales actuales.
Por eso conviene aclarar que considero imposible entender el momento actual sin atender al menos a tres aspectos. El primero, cómo se ha modificado la estructura social en las últimas décadas. El segundo, cómo ha variado la concepción del mundo de las gentes que conforman nuestra comunidad política. El tercero, cómo se desenvuelve el plano internacional, esto es, las relaciones dentro de la economía mundial. Sostengo que sin estudiar estos tres aspectos de análisis, cualquier intento de interpretar los fenómenos sociales es simplemente construir castillos en el aire.
El análisis de la coyuntura desde la economía política
En primer lugar, las transformaciones del capitalismo en España desde 1978 han sido extraordinarias. El proceso de inserción en la economía mundial, fundamentalmente a través del ingreso en la Unión Europea, ha conllevado un proceso de especialización productiva de nuestra economía así como un acentuado proceso de desindustrialización. Todo ello ha convertido a nuestra economía en dependiente tanto de centros industriales –caso de Alemania- como de la demanda internacional de turismo. La situación de fragilidad de nuestra economía es prácticamente total, con una especialización en sectores de bajo valor añadido y, en consecuencia, con difícil capacidad para elevar los salarios reales de los trabajadores en dichos sectores. En términos de modelo de crecimiento conviene insistir en que la burbuja inmobiliaria y el llamado milagro económico sólo fueron posibles gracias al elevado endeudamiento privado y la financiación por parte del sistema financiero privado internacional (especialmente bancos alemanes y franceses). Ambos fenómenos se retroalimentaban en un juego de relaciones económicas simbióticas consentido y promovido desde la propia Unión Europea.
Esa dinámica económica ha ido modificando claramente la estructura social del país. Al fin y al cabo, España no ha estado ajena a la transformación social ocurrida en todos los países capitalistas de Occidente en los que las formas de organización fordista han ido dando paso a formas posfordistas. Hasta tal punto que podríamos sostener que en nuestro país conviven hoy y al mismo tiempo dos sociedades antagónicas. Una es de carácter fordista, caracterizada por la seguridad laboral, los contratos indefinidos, la garantía de cobro de futuras pensiones y, en esencia, certezas económicas y vitales. La otra sociedad es de carácter posfordista, caracterizada prácticamente por todo lo contrario: los contratos temporales, parciales y de absoluta precariedad, la ausencia de propiedades y la incertidumbre respecto al futuro económico y vital. A ello hay que añadirle el análisis generacional, en tanto que la mayoría de los jóvenes caemos en la sociedad posfordista mientras que nuestros padres viven aún en la sociedad fordista. Estos fenómenos han sido a veces analizados como el fin de la clase media y la existencia de una ruptura generacional. Estoy de acuerdo, con matices, con tales tesis.
En segundo lugar, todos esos fenómenos económicos han modificado la concepción del mundo de las personas. ¿Cómo va a pensar la política y la economía de la misma forma quien cobra dos mil euros, tiene una vivienda en propiedad y veintitantos años cotizados que quien vive a salto de mata y sólo contempla la posibilidad de emigrar para intentar sobrevivir? Ello afecta, en consecuencia, a los relatos políticos, tales como los dominantes desde 1978 y la Cultura de la Transición, y también a los relatos vitales, tales como el famoso vivirás mejor que tus padres. Algo que es por cierto transversal políticamente, dado que afecta a izquierda y derecha de las organizaciones tradicionales. No es de extrañar, entonces, que uno de los motores de cambio sean las personas jóvenes que buscan nuevos relatos políticos así como oportunidades vitales. La creencia en lo tradicional se apaga y emerge la necesidad de la alternativa.
En tercer lugar, el plano internacional y cómo se desenvuelve la economía mundial también importa. Ya no estamos en los años inmediatos que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, y actualmente son muchos las economías nacionales que compiten internacionalmente por un hueco en el mercado. Además, en las últimas décadas el dominio casi absoluto del capital financiero sobre la economía productiva y la política ha convertido a la economía mundial en terreno abonado para las crisis financieras. Las últimas inyecciones billonarias de liquidez al sistema financiero no es sino la enésima prueba de ello. Pero, también, la crisis económica de los países del sur ha sido aprovechada como oportunidad política para un mayor ajuste neoliberal. Un ajuste caracterizado por una nueva vuelta de tuerca consistente en procesos de desregulación, privatización, reformas laborales ampliamente regresivas y reformas de adelgazamiento del Estado en general.
Ello puede entenderse mejor si atendemos al verdadero proceso constituyente que ha dominado toda Europa en las últimas décadas. Un proceso que tiene como objetivo adecuar las instituciones políticas y jurídicas a las necesidades del capitalismo financiarizado y globalizado. Así es como debemos entender el Tratado de Maastricht, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la fracasada Constitución Europea –recuperada en el Tratado de Lisboa- y el futuro Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Pero no sólo. La reforma del artículo 135 de la Constitución Española así como las reformas financieras, laborales, de las instancias del Estado y las administrativas son también parte del mismo proceso constituyente. Todo ello inserto en un escenario donde la economía se ha alzado como reina y ama de la política, dejando así a los gobiernos institucionales como meros apéndices del poder y, en el mejor de los casos, como pequeñas molestias desorganizadas.
Hablamos de un proceso constituyente dirigido por las oligarquías económicas y políticas de la Unión Europea, pero que necesita destituir a su vez el orden social e institucional precedente, es decir, el conocido como Estado Social. Precisamente eso es lo que está en juego en este momento en todo el sur de Europa, también en España. Y es la destrucción de esas conquistas sociales, que es una destrucción progresiva pero aparentemente imparable, la que ha provocado la reacción de la sociedad en diferentes formas. Con formas que ya predijo el propio Karl Polanyi con su tesis del doble movimiento.
El aspecto político del proceso
El hito del 15M fue, a todas luces, la manifestación de la frustración de la gente ante un proceso que aunque era imperceptible para la mayoría sí que provocaba efectos más que evidentes en sus vidas cotidianas. El paro, la precariedad y los desahucios alimentaban la conciencia de las gentes sencillas y corrientes, los de abajo, pero también el hambre, la miseria y la desigualdad amenazaban con convertir el escenario social en un hervidero.
El Fondo Monetario Internacional lo sabía, y por eso en su informe de Agosto de 2013 sobre España alertó sobre el riesgo de estallidos sociales y sobre el riesgo del desplome del bipartidismo. Era el verano en el que las mareas estaban demostrando su fuerza contra las privatizaciones y en defensa de los servicios públicos. También las marchas de la dignidad buscaban encontrar nuevas herramientas de organización al margen -o en el mejor de los casos junto con- los partidos políticos tradicionales y sindicatos. Ante ello, el Gobierno respondió en pocos meses con una Ley Mordaza y con mayor represión.
La irrupción de Podemos en la primavera de 2014 pilló al Régimen y las instituciones internacionales por sorpresa, obligándoles a reaccionar. La Casa Real fue la primera, con un lifting de restauración borbónica. Las grandes empresas y las grandes fortunas buscaron nuevas formas de responder, desde la política, a la canalización de la rabia y frustración que estaba haciendo la izquierda, ahora con porcentajes de estimación de voto que superaban el 25%. Así vino el apoyo empresarial y del Régimen a nuevas fuerzas políticas de restauración. Una restauración política que, en el seno del Estado, supondría la consolidación del neoliberalismo como forma de vida y del proceso constituyente neoliberal como forma institucional.
Este es el punto aproximado en el que nos encontramos en la actualidad. Con fuerzas sociales y políticas de transformación ofreciendo una alternativa al Régimen –en su aspecto más político- y al capital financiero europeo –en su aspecto más económico. Y con una fuerte respuesta de ambos enemigos, que es lo que son, tanto en Grecia como en España.
En esta tesitura sólo hay una oportunidad para la mayoría social: la Unidad Popular. El 24M ha emergido como segundo hito político, tras el 15M, para revelar la potencialidad que tiene la unidad popular como fuerza de desborde de las fuerzas políticas del bipartidismo y del Régimen en general. Sólo en las elecciones municipales, y particularmente en ciudades con presencia de candidaturas de Unidad Popular, ha sido posible romper la espina dorsal del bipartidismo. En los procesos autonómicos ha sido imposible. Conviene, además, saber distinguir entre los partidos del Régimen y el Régimen mismo, que suma a las nunca neutrales instituciones del Estado.
La Unidad Popular no es, por lo tanto, una herramienta para la maximización de actas de diputados. Tampoco es una consigna electoral. Es, por el contrario, el único instrumento posible para la salvación de una sociedad y una comunidad política que se está disputando una forma de vida. No sólo en el Estado español. Se trata de escoger entre la consolidación del neoliberalismo, facilitado por un futuro triunfo del bipartidismo, o entre la constitución de una alternativa económica y social construida desde la ruptura democrática y desde abajo. Desde las entrañas de una sociedad que demanda pan, trabajo, techo y dignidad. Reiteremos nuestro llamamiento a la altura de miras ante un momento político crucial para la historia de los pueblos de Europa.
* Alberto Garzón es economista y diputado por Málaga de Izquierda Unida, candidato por Izquierda Unida a la Presidencia del Gobierno
* Crónica agradece al autor poder compartir sus opiniones con nuestros lectores
Cuando estuvimos en Atenas, hace un mes y coincidiendo con el triunfo electoral de Syriza, no vimos por ninguna parte a ciudadanos rescatados por la Unión Europea. Tampoco rescatados por España, sobra decir. El hambre, la pobreza o la privación era lo que uno efectivamente podía ver en las calles. Y, desde luego, no es esa la estampa que uno imagina cuando se habla de sujetos rescatados. Uno espera que al menos los rescatados puedan sobrevivir con holgura. Sin embargo, los que vimos, a duras penas. Entonces, ¿qué ha pasado en Grecia en estos años?
Corría el año 2009. La fiesta de la especulación, la corrupción y el clientelismo había disparado hasta el 127% la deuda pública griega. Los responsables políticos de organizar aquella fiesta, Nueva Democracia y PASOK, se repartían entonces la mayoría de escaños y el 77% de los votos. Una desconocida Syriza apenas llegaba al 5%. Aquel bipartidismo griego se sentía seguro, puesto que Nueva Democracia era la aliada natural de la CDU de Merkel y del PP de Rajoy, mientras que PASOK era el aliado natural del SPD alemán y del PSOE español. Los gobiernos de Alemania, España y Grecia, unidos por la afiliación ideológica.
En aquel año de 2009, ningún Estado europeo tenía en su posesión deuda pública griega. Toda la deuda griega era de naturaleza privada. En concreto, los bancos franceses y alemanes habían comprado títulos públicos griegos por el valor astronómico de 183.200 millones de euros. Los bancos españoles habían invertido mucho menos, unos 2.000 millones de euros. En ese mar de tranquilidad, la prima de riesgo aún era desconocida.
Sin embargo, todo iba a cambiar en los meses posteriores. En cuanto el primer ministro griego –del PASOK- reconoció que habían hecho trampas contables –los de ND- para disimular el verdadero déficit, se disparó el miedo entre los inversionistas privados. Éstos comenzaron a deshacerse de los títulos de deuda pública griega por el miedo a no poder recuperar el dinero prestado. Esta dinámica generalizada –con un impasible Banco Central Europeo- tuvo como consecuencia que la prima de riesgo iniciara una intensa senda ascendente que alcanzaría su máximo en marzo de 2012.
El aumento de la prima de riesgo fue de tal cuantía que al estado griego no le quedó más remedio que pedir ayuda. Así llegó el primer acuerdo propuesto por la Comisión Europea, secundado por el Fondo Monetario Institucional, el presidente del BCE y la canciller alemana. La troika había nacido. Llegaban así los primeros préstamos, siempre condicionados a la ejecución de recortes en gasto público y otras reformas estructurales de carácter neoliberal. Mientras tanto, los bancos europeos se iban desprendiendo sigilosamente de sus títulos griegos. Los bancos alemanes y franceses que habían prestado al bipartidismo griego querían ahora quitarse de en medio. ¡Nadie quería tener deuda pública griega!
Unos meses más tarde el Banco Central Europeo vino al rescate. El BCE realizó una compra masiva de bonos griegos a muchos bancos europeos, que estaban deseando deshacerse de ese enorme riesgo. ¡Les hizo un favor! Si Grecia no pagaba, le hubiera tocado hacerlo a los bancos alemanes y franceses.
¡Mucho mejor que el riesgo lo tuviera el BCE!
¡Mucho mejor que el riesgo lo tuviera el BCE!
Para mayor suerte para los bancos, unos meses más tarde se aprobó la creación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Se trataba de un mecanismo temporal que se utilizaría para financiar al Estado griego a precios levemente inferiores a los de mercado, utilizando para ello las garantías del resto de Estados miembros. Eso significaba que los inversores internacionales podían prestar ahora a Grecia sin peligro: si todo iba bien, ellos cobraban; si iba mal y el bipartidismo griego no podía pagar, entonces varios Estados europeos se harían cargo del coste. Como consecuencia de esos acuerdos, durante este periodo de tiempo se fue trasladando el riesgo de impago griego desde los bancos hacia los Estados europeos. Ya en 2010 se puso de manifiesto que Grecia no podría pagar su deuda y que tarde o temprano debería reestructurarla, pero la Troika decidió ganar tiempo. Tiempo para que los bancos europeos pudiesen ir deshaciéndose de los títulos de deuda pública al mismo tiempo que los Estados europeos y el BCE pasaban a ser propietarios de los mismos. Así las cosas, cuando se hizo finalmente la reestructuración de la deuda pública, en abril de 2012 (¡dos años más tarde!), buena parte de los bancos europeos no perdieron nada porque ya se habían retirado del negocio.
Desde aquella reestructuración se ha seguido sucediendo el mismo fenómeno: retirada de los acreedores privados (en su inmensa mayoría bancos) e incorporación de los Estados Europeos a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, del Banco Central Europeo y de los préstamos bilaterales. Tal es así que, en octubre de 2014, la inmensa mayoría del riesgo de impago corresponde ya a los Estados europeos. A día de hoy, los bancos europeos apenas tienen exposición.
¡Qué paradoja! A pesar de que fueron los bancos privados quienes realizaron malas inversiones al prestar dinero a un agente económico que más tarde se declaró insolvente, como Grecia, hoy día son los contribuyentes del resto de economías europeas los que corremos el riesgo de un impago de la deuda pública griega. A día de hoy, los contribuyentes españoles tenemos una exposición a la deuda pública griega de más de 27.000 millones de euros. Es mucho, pero en realidad se trata de una cantidad siete veces inferior a la exposición que tenían en diciembre de 2009 los bancos alemanes y franceses.
Pero encima son los caraduras del bipartidismo, alemán o español, los que nos insisten en "nuestros" riesgos. Son los aliados del bipartidismo español y alemán, PASOK y ND, los que hundieron a los griegos en las malas decisiones y en la deuda. Y fueron los bancos del bipartidismo quienes se arriesgaron prestando. ¿Alguien se explica por qué tenemos que pagar los de siempre, los parias de la tierra? ¿Acaso el pueblo griego tiene culpa de los excesos de su bipartidismo, que está más cerca de Merkel y de Rajoy que de ellos y de nosotros?
*Alberto Garzón y Eduardo Garzón son economistas, el primero es además diputado por Málaga de Izquierda Unida y candidatoa la Presidencia del Gobierno por Izquierda Unida
