Viendo la actitud de la canciller Merkel y los suyos; es decir, el Eurogrupo, incluyendo al penoso presidente del Gobierno de España, Rajoy; cualquiera diría que se ha desatado, de nuevo, la guerra fría, que ya se viene practicando contra Rusia, desde el golpe neofascista ukraniano que ha aupado al actual gobierno de Kiev. Pero ahora, esta guerra fría va directamente contra Grecia, al que esta Europa conservadora, ha elegido, sin duda, como chivo expiatorio de su nefasta política económico-financiera.
Quien ha vivido la guerra fría en la época de la Unión Soviética, no debería sorprenderse de esta cruel agresividad. Pero es así. Hasta el punto de que el propio imperio USA, con su Cesar et Deus, al frente, intenta débilmente apaciguar los ánimos de los halcones europeos, solicitando una flexibilización de posturas con Grecia. Cómo verá Obama a sus colegas europeos, en su intransigente actitud con el Gobierno de Sipras, que está temiendo que éste pudiera verse obligado a pedir ayuda financiera a Rusia, a pesar de que ésta no esté, precisamente, en su mejor momento para ello.
Merkel debería darse cuenta de que no puede seguir derribando gobiernos “amigos”, como ya hizo en Italia. Que esta actitud suya, puede tener un efecto boomerang contra lo que representa. Los europeístas convencidos, como quien esto comenta, no pueden soportar ver al país más poderoso de la Unión Europea, que ella dirige; en su dialéctica brutal contra este pequeño, pero muy digno país europeo, cuna de la civilización a la que pertenecemos.
Cierto que la pertenencia a un club obliga a todos sus socios a cumplir unas reglas mínimas, pero no es menos cierto que, el conjunto de estos socios, y sobre todo algunos de ellos, como Alemania y Francia, que se han beneficiado sobremanera en sus negocios de todo tipo con Atenas, por ejemplo, vendiéndole material bélico masivo, sin necesidad alguna, salvo el interés lucrativo de ambos; deberían tener una mayor comprensión de los problemas que ellos mismos, con sus presiones político-financieras han creado. El escenario que se nos muestra no es el de unos amigos bien avenidos, tratando de ayudar al que está en apuros, sino el de un grupo de financieros sin escrúpulos dispuestos a sangrar, si es preciso, a este pueblo, al que ya le está quedando poco que perder, salvo la dignidad. Merkel y los suyos pueden equivocarse si siguen tensando la cuerda griega. Grecia es mucho más que su PIB o sus deudas financieras. Moralmente podría ser la piedra de toque para una inflexión antieuropea en toda la zona euro, así como en el resto. Y Alemania no debería olvidar que se le perdonó su tremenda deuda de guerra. Es pernicioso olvidar ciertos hitos históricos, y menos todavía, pretender la conquista de Europa por vía económica. Así la UE no va a ninguna parte.
Quien ha vivido la guerra fría en la época de la Unión Soviética, no debería sorprenderse de esta cruel agresividad. Pero es así. Hasta el punto de que el propio imperio USA, con su Cesar et Deus, al frente, intenta débilmente apaciguar los ánimos de los halcones europeos, solicitando una flexibilización de posturas con Grecia. Cómo verá Obama a sus colegas europeos, en su intransigente actitud con el Gobierno de Sipras, que está temiendo que éste pudiera verse obligado a pedir ayuda financiera a Rusia, a pesar de que ésta no esté, precisamente, en su mejor momento para ello.
Merkel debería darse cuenta de que no puede seguir derribando gobiernos “amigos”, como ya hizo en Italia. Que esta actitud suya, puede tener un efecto boomerang contra lo que representa. Los europeístas convencidos, como quien esto comenta, no pueden soportar ver al país más poderoso de la Unión Europea, que ella dirige; en su dialéctica brutal contra este pequeño, pero muy digno país europeo, cuna de la civilización a la que pertenecemos.
Cierto que la pertenencia a un club obliga a todos sus socios a cumplir unas reglas mínimas, pero no es menos cierto que, el conjunto de estos socios, y sobre todo algunos de ellos, como Alemania y Francia, que se han beneficiado sobremanera en sus negocios de todo tipo con Atenas, por ejemplo, vendiéndole material bélico masivo, sin necesidad alguna, salvo el interés lucrativo de ambos; deberían tener una mayor comprensión de los problemas que ellos mismos, con sus presiones político-financieras han creado. El escenario que se nos muestra no es el de unos amigos bien avenidos, tratando de ayudar al que está en apuros, sino el de un grupo de financieros sin escrúpulos dispuestos a sangrar, si es preciso, a este pueblo, al que ya le está quedando poco que perder, salvo la dignidad. Merkel y los suyos pueden equivocarse si siguen tensando la cuerda griega. Grecia es mucho más que su PIB o sus deudas financieras. Moralmente podría ser la piedra de toque para una inflexión antieuropea en toda la zona euro, así como en el resto. Y Alemania no debería olvidar que se le perdonó su tremenda deuda de guerra. Es pernicioso olvidar ciertos hitos históricos, y menos todavía, pretender la conquista de Europa por vía económica. Así la UE no va a ninguna parte.
* Jesús León es abogado y exdiputado provincial de Esquerra Unida
* Crónica agradece al autor que comparta sus opiniones con nuestros lectores
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* Este artículo fue escrito antes de conocer el resultado del refereéndum, pero su contenido está totalmente vigente
Se agolpan las ideas tras la abdicación del rey Juan Carlos. Es cierto que para quien no es monárquico, a pesar de que este acontecimiento podía suceder en cualquier momento, dada la delicada salud del monarca, el hecho impresiona. Su abandono no se produce, al parecer, en su peor momento de salud, sino en el que aparece mejorado de sus dolencias. Así lo tiene él declarado a los medios. Por tanto, hay que preguntarse qué prioritaria razón le ha empujado a tomar esta decisión.
En el torbellino de comentarios que ha seguido a la noticia, aparte de las lógicas y esperadas alabanzas por su decisiva actuación a favor de la democracia en el aciago 23F, así como las merecidas críticas a su trayectoria en los últimos años, especialmente a partir del asunto de la caza de elefantes en África y del caso Nóos, ha llamado la atención especialmente el comentario del profesor Grisolía, presidente del Consell Valencià de Cultura. Ha dicho algo así como que se ha marchado en el peor momento posible. Invita a reflexionar tal comentario de una persona de su valía y mesura. ¿Está reprochando al rey que haya abandonado el barco cuando éste sufre los embates más fuertes del temporal que no amaina desde 2007? ¿Está valorando un planteamiento egoísta del monarca a favor de la continuidad de la Corona en la persona de su hijo en unos momentos en que la estabilidad territorial de España está cuestionada? ¿Y cuando el sistema comienza a desestabilizarse a consecuencia del perseverante ataque del neoliberalismo contra el mini Estado del bienestar previo a la crisis económica?
Tanto si es así, como si no el semblante del profesor Grisolía era de profunda preocupación. creo que tiene razón. Que el rey Juan Carlos puede haber acertado en el momento elegido para apoyar a su hijo en vida, desde el punto de vista de la continuidad monárquica en este país; pero a costa de crear más confusión, si cabe, ante el estado preocupante del futuro inmediato de la nación. Donde el FMI y Merkel no cejan en su presión agobiante: un día sí y otro también piden más rebajas salariales, más rebajas en el gasto social, más desarticulación del mercado laboral, con un ataque despiadado a todo cuanto suponga protección social y contención de las privatizaciones salvajes que solo crean más pobreza entre la población y más riqueza entre la elitista plutocracia financiero-económica-política que dirige el país.
Con la abdicación se crea un nuevo foco de inestabilidad, por si no teníamos ya suficientes. En los ambientes republicanos se aceptaba más o menos a Juan Carlos, por su trayectoria histórica y por su impagable intervención frente al postfranquismo, pero la Monarquía no es ya asumible en pleno siglo XXI, y menos aún por las nuevas generaciones. Ahora hay que pasar de la herencia dinástica a la urna con reforma de la Constitución. No queda otra.
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La lectura del reciente reportaje de este periódico (Levante-emv) titulado La larga cola de los hambrientos, sobre la numerosa concurrencia de personas que acudió a recibir una bolsa de comida en el Banco de Alimentos de Valencia, junto a la sede del PP, me ha traido a la memoria la inmortal novela Humillados y ofendidos, de Fedor Dostoyevski, en la que el gran escritor ruso indaga con extraordinaria maestría en los seres marginados, víctimas de lo que ocurría en la Rusia zarista, donde el hombre común estaba sometido a un esquema social implacable que lo relegaba sin piedad.
Verdaderamente, salvando las distancias, que son notables en cuanto a la época vivida, pero más bien escasas en cuanto a la superación de las desigualdades sociales, la imagen servida con la noticia no puede ser más explícita y penosa. La fotografía muestra una combinación social de gentes diversas, la mayor parte en edad de trabajar, abundando la gente joven, tanto de nativos como de inmigrantes. Personas que se hallan inscritas en la referida ONG y acreditado que carecen de recursos suficientes para poder llevar una vida digna, como explica su presidente, Jaime Sierra.
Tal insuficiencia de medios les lleva a algunos de ellos a vivir de ocupas, en casas abandonadas o tapiadas, como explicaba una joven pareja, Magda y David, en paro y ella con una hija de dos años. Y otros, incluso en peor situación, puesto que pasan las noches bajo los puentes, donde hubo que llevarles las bolsas de comidad por la noche. Tal es la miseria e incapacidad política del sistema en el que vivimos. Al cabo de siete años de haber denunciado este comentarista „con motivo de la toma de posesión de su acta en la Diputación de Valencia, ante la plana mayor de las autoridades de la Comunitat Valenciana„ la inmoralidad radical que suponía la existencia en Valencia de numerosas personas cobijándose bajo de los puentes, vuelve a reproducirse la situación de aquel 2007, en este 2014. El expresidente Camps y Rita Barberá parecieron tomarse en serio esta denuncia. Pero estos largos siete años transcurridos desde entonces permiten comprobar que todo fue un paripé. Que nada se ha hecho para dotar de una vivienda digna a estos seres humanos, iguales a los demás, pero sin trabajo ni medios para vivir dignamente su obligada estancia en este mundo cruel, donde, además, no han solicitado estar.
Ante la carencia tan evidente de seriedad, realismo, eficacia y solidaridad de los dirigentes de esta democracia, se hace necesaria la regeneración radical del sistema. No se debe soportar tanta miseria humana. Observar al presidente del gobierno, Rajoy, en plena campaña electoral tan ufano, afirmando que todo marcha bien, a pesar de las reformas introducidas en tromba por su gobierno contra el sentir general de la mayoría de los ciudadanos, resulta intelectualmente inadmisible. El choque con la realidad social debería ser de estrépito.
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En el debate sobre la delegación en la Generalitat de Cataluña de la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña, se hicieron varias afirmaciones graves. Una de ellas fue la del diputado autonómico catalán Jordi Turull, cuando afirmó que «el pueblo de Cataluña ha tomado un camino sin retorno».
Desde el punto de la legalidad, resulta sugerente el contenido de la proposición de ley, con apoyo en diferentes preceptos constitucionales que permiten tanto la presentación y tramitación de tal proposición ante las Cortes Generales (artículo 87.2 de la Constitución), como interpretaciones más o menos fundadas en una supuesta falta de concreción de los preceptos que regulan la posibilidad de delegación en las comunidades autónomas de competencias estatales (artículos 150-1-32 en relación con el artículo 92-1 de la Constitución, por ejemplo). Sin embargo, se trata de un intento de justificación legislativa imposible. El problema de fondo de que se trata, es decir, la independencia de una comunidad autónoma, a la que, desde luego, seguirían otras más, quebrando España; desde este aspecto legal, carece absolutamente de viabilidad a través de la Constitución española de 1978. ¿O es que nadie ha reparado en la existencia del artículo 2? Entiendo que no es posible tal omisión, sino que es claramente intencionada, pues su cita impide cualquier elucubración interpretativa del texto constitucional que no responda a «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Es más, no solo impide cualquier elucubración, sino cualquier otra interpretación que no sea la de negar dicha posibilidad de un referéndum que tiene como fin la creación de un estado independiente.
Por tanto, tanta bulla solo puede tener como objetivo demorar y quizás desgastar a los partidarios del independentismo, si bien no está claro que éste sea el mejor camino. En cualquier caso, es más que evidente que la cuestión no está en la interpretación del texto, que es meridianamente claro, sino en la actitud política a adoptar frente a este peligro real de desarticulación del país. Si se concede a una región o autonomía la posibilidad de decidir su destino, habrá que autorizarlo a las demás autonomías, principio democrático incuestionable. ¿Y cuál sería el resultado? Sin duda catastrófico. La quiebra de una nación con 500 años de existencia.
Así pues, la solución no es buscar interpretaciones más o menos retorcidas del texto constitucional, que, por cierto, fue apoyado sin ambages en Cataluña; sino en la expresión de la voluntad mayoritaria de la toda la ciudadanía española, incluida la catalana. Es la única salida razonable para intentar evitar situaciones numantinas o caminos sin retorno.
* Jesús León es abogado y exdiputado provincial de Esquerra Unida
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¿Se dedica ahora la UE a apoyar golpes de estado violentos como el acontecido en Ucrania contra un gobierno elegido por las urnas? Habíamos visto recientemente hacer caer gobiernos democráticos y sustituirlos por alternativas tecnocráticas, caso de Italia, por ejemplo; pero no hasta el punto de apoyar descaradamente a grupos violentos de extrema derecha, que han matado y herido a muchos policías y que han terminado derrocando por la fuerza al gobierno democráticamente elegido. Incluso después de haberse llegado a unos acuerdos que en cualquier país civilizado hubieran resultado inadmisibles.
Algunos comentaristas internacionales generalmente bien informados se han preguntado qué se oculta detrás de este movimiento extremista violento de la plaza de la Independencia de Kiev. No extraña, por lo habitual, el apoyo de EE UU a estos grupos golpistas, provocando la división más feroz e incluso el enfrentamiento en aquellos países considerados enemigos o no amigos de Washington, a pesar del riesgo que corre toda la humanidad al introducirse, prácticamente, en este caso, en la cocina de Rusia. ¿Qué hizo Estados Unidos cuando se instalaron misiles nucleares en Cuba, un país independiente? Sencillamente amenazar a la URSS con la tercera guerra mundial. Podría sorprender esta interferencia en los asuntos internos ucranianos considerando que, en realidad, hoy día están enfrentándose a un país genuinamente capitalista, pues no otra cosa representa la Federación Rusa, lo que obliga a reflexionar sobre la avidez de la política exterior norteamericana para impedir siquiera que se le pueda hacer sombra en su hegemonía mundial.
Es claro que la población ucraniana padece una notable división étnica, campo abonado para quienes pretenden sembrar el caos en el país, enfrentando a los nacionalistas ucranianos con los ruso-ucranianos, que en algunas regiones del país como Crimea, llegan a alcanzar una mayoría del 60 %, a pesar de lo cual el nuevo gobierno golpista ucraniano ha derogado la ley que reconocía la cooficialidad de la lengua rusa en las regiones donde es hablada por más del 10% de la población. Toda una prueba de su intolerancia radical contra una parte muy significativa de la ciudadanía.
En este escenario, lo que resulta verdaderamente llamativo es la actitud desestabilizadora de la UE, creando, con su apoyo incondicional a los grupos ultraderechistas, una situación de violencia que contradice toda la política exterior teóricamente encaminada a la democratización y a la pacificación de las regiones del planeta donde existen estos focos. Los gobiernos de la UE deberían recapacitar sobre este apoyo increíble a unos grupos golpistas que se autoproclaman «más allá de la extrema derecha», y a un gobierno que ha derrocado a otro elegido por las urnas, y que ha sido capaz de negociar, a pesar de todo, la convocatoria de unas elecciones inmediatas para mayo. La UE debe rectificar y apoyar la reposición del anterior gobierno legítimo como premisa básica para recomponer sus relaciones con Rusia, y apoyar, sin ingerencias externas, la convocatoria de unas elecciones democráticas integradoras de su plural población y del territorio ucraniano. Aún sería tiempo a pesar del resultado del referéndum en Crimea.
Jesús León es abogado y ex diputado provincial de EUPV
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A propósito del debate de la nación y de la
frase pronunciada por Cayo Lara sobre la irreconocibilidad de la
Constitución, es conveniente efectuar algunas aclaraciones que permitan
sopesar el valor intrínseco del texto que rige el ordenamiento jurídico.
El coordinador general de IU dijo literalmente: «A esta Constitución ya
no la reconoce ni la madre que la parió: solo protege los derechos de
la Iglesia y de la Corona». Se trata de una afirmación que suele ser
compartida por alguna otra parte de la izquierda, que sostiene la
ineficacia del texto, personificando en el mismo lo que solo puede y
debe ser achacado a quienes verdaderamente son los responsables de su
inaplicación o de su aplicación solo parcial e interesada. El texto
tiene la virtud, que no el defecto, de que puede ser interpretado con
cierta flexibilidad por los partidos políticos de turno que ostentan el
poder.
Pero seguidamente hay que decir que la Constitución no impide al acceso al poder ni discrimina a ninguna fuerza política para que pueda alcanzarlo y, por consiguiente, para interpretar el texto en función de la ideología que lo sustente. Esto es así, objetivamente. Otra cosa es la ley electoral, que si bien no discrimina a nadie en concreto, sí fue creada para que imperara el bipartidismo durante estos 35 años de democracia. Pero esta ley es modificable o sustituible con solo disponer de la mayoría legislativa necesaria, no requiere modificar la Constitución. Y por tanto, lo único que requiere es la necesidad de ganar unas elecciones con la suficiente holgura para promulgar la ley adecuada. Por tanto, sin discutir lo cierto de que las instituciones citadas por Cayo Lara estén siendo favorecidas por el sistema democrático y no otros estamentos o sectores sociales más necesitados desde un punto de vista progresista y de izquierdas; depende de la actitud y actividad de las fuerzas que se reconocen de esta tendencia y no de la Constitución, que no impide a nadie ganar o perder las elecciones. Esta conclusión que parece de Perogrullo, sin embargo, no ha calado en ciertas formaciones políticas que, en la práctica, les supone un bloqueo difícil de digerir y superar para obtener un mejor desarrollo electoral, y con ello, alcanzar el suficiente poder político que les permita aplicar los derechos sociales constitucionales aprobados por la gran mayoría del pueblo en 1978.
Este autobloqueo político es aprovechado por fuerzas más conservadoras y pragmáticas, capaces de confundirse con el sentir social mayoritario para lograr el poder y controlar, así, los derechos más progresistas y e incluso «subversivos» (Iñaki Gabilondo dixit), contenidos en la Constitución. La pregunta es: ¿por qué esta falta de adaptación a la realidad social de este tiempo, que permite a quienes nos han llevado hasta este pozo sin fondo seguir gobernando?
* Jesús León es abogado y ex Diputado Provincia de Esquerra Unida
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A propósito del archivo por el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de la querella
presentada por la Asociación contra la Corrupción por supuesto delito de
malversación de caudales públicos y falsedad documental, derivada de la
prestación de sus servicios por dos auxiliares eventuales en la sede
del PP, parece conveniente efectuar algún comentario al respecto.
Especialmente aclarar, si, en realidad, nos hallamos ante una actividad
de carácter administrativo-laboral al servicio del grupo político
institucional en sus diversos niveles administrativos o por el contrario
ante una forma subrepticia de financiación de los partidos políticos.
Se trata de una figura singularísima de empleo en los distintos niveles de la administraciones públicas, cuyo nombramiento y cese depende directamente del presidente de la institución pública para la que prestan sus servicios. En la Admiistración local es el Pleno el que tiene la facultad de concretar las características de la contratación. Por tanto, el nombramiento de este personal está estrechamente unido a la autoridad o grupo político integrados en la institución de que se trate. Su tarea consiste en colaborar con o asesorar al cargo o a los cargos públicos del que dependen. Lo cual no puede significar que no se lleven a cabo diversas gestiones o tareas fuera del lugar habitual del trabajo, como es evidente, pero siempre pivotarán alrededor o desde el centro de trabajo, salvo excepciones normales que no por eso quebrantan la regla.
Resulta claro que realizar su actividad en la sede del partido y no en la institución de la que cobran, casa rematadamente mal con la moral, la ética y la política supuestamente transparente de que constantemente se habla por los dirigentes políticos más variopintos. Pero siendo el Pleno el que puede determinar las tareas a realizar, al omitirse flagrantemente toda regulación sobre aspectos tan fundamentales de este personal eventual se posibilita directamente la impunidad de los actos que se puedan cometer por quienes tienen el deber de corresponsabilidad con la institución pública de la que cobran. Por esto, el archivo de la causa por el TSJCV, se entiende, por falta de regulación específica.
Sin embargo, si ante lo que nos encontramos, una vez más, es ante un fraude de ley, en una financiación en especie para los partidos, como podría ser el supuesto que nos ocupa, no solo es reprochable la conducta de los dirigentes políticos, sino que debería irse a una solución drástica para cortar de raíz la corrupción producida por la financiación de los partidos. O sea, prohibir cualquier financiación directa o indirecta en efectivo o en especie, que no provenga del resultado electoral.
* Jesús León es abogado y ex Diputado Provincia de Esquerra Unida
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Proteger a todos los españoles y pueblos de
España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y
tradiciones, lenguas e instituciones. La soberanía nacional reside en el
pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La Constitución
se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria
común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y
la solidaridad entre todas ellas, etcétera.
Hasta aquí algunas citas literales contenidas en el texto de la Constitución de 1978, y que en síntesis, acredita un equilibrio exquisito en cuanto al reconocimiento del hecho diferencial entre las diversas regiones o incluso nacionalidades de España, constituida como un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Hasta aquí algunas citas literales contenidas en el texto de la Constitución de 1978, y que en síntesis, acredita un equilibrio exquisito en cuanto al reconocimiento del hecho diferencial entre las diversas regiones o incluso nacionalidades de España, constituida como un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Desde luego, si Cataluña consigue la independencia, esto será la balcanización de España. Detrás irán el País Vasco, Galicia, Andalucía, incluso. Todo lo malo se contagia tremendamente. Se ha puesto de moda una falacia evidente: «el derecho a decidir». Es claro que todos intentamos decidir a nuestro libre albedrío, si nos dejan. Pero esto no siempre es posible. Primero, porque existen normas que hay que respetar para que se permita la convivencia pacífica entre todos. En nuestro caso la Constitución. En segundo lugar, porque la legalidad vigente exige que lo que se pretenda modificar de esta índole se debe efectuar en el ámbito del Estado y no solo en Cataluña. Y en tercer lugar, porque hay cuestiones sobre las que no se decide, sencillamente, como sucede con los padres. Nadie puede, por ejemplo, decidir elegir a los padres, y no pasa nada. Además, el referéndum estatal habría de llevarse a cabo tras una campaña informativa amplia en la que se dejara claro todo cuanto recibe la amada Cataluña del resto de los españoles, así como lo que aporta esta querida tierra al resto de España. Como sucede con los demás territorios. Ni más ni menos. Existe solidaridad no robo.
* Jesús León es abogado y exdiputado provincial por Esquerra Unida
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La sonrisa de la ministra de Empleo y Seguridad
Social, Fátima Báñez, en la rueda de prensa posterior al último
Consejo de Ministros, anunciando unos retoques en la reforma laboral
por los que se facilitan, aún más, los trámites de los EREs,
impresiona. Se le observa feliz, incluso con cierto regodeo por todas
las medidas legislativas que está impulsando en su ámbito.
Consciente de su actuación en el implacable
desmontaje del entramado legislativo social y laboral que está
protagonizando dentro del equipo del gobierno de Rajoy. No se le
atisba la más mínima inquietud o remordimiento por el daño casi
irreversible que está creando a los que no tienen otra alternativa
que la enajenación de su trabajo. Parece una neoliberal radical
convencida a juzgar por el desenfado con que se presenta ante la
opinión pública a rematar los daños colaterales de su anterior
reforma laboral.
Y el observador piensa, ¿será posible que este
itinerario emprendido, que está dejando en mantillas a los
trabajadores en general y a los que menos tienen en particular, no
tenga un inmediato final? ¿A tal grado de sumisión ha llegado la
sociedad española que todo lo aguanta sin rechistar, prácticamente?
¿O será que el PP y Rajoy, a pesar de todo, ha dado en la diana del
alma de la ciudadanía transmitiéndole sutilmente que es mejor que
acepten lo que se les propone, a fin de no perder lo que aún les
queda? Es decir, el mensaje del miedo adobado con insinuaciones de
«nosotros o el caos». Es una realidad que a veces, en la refriega
política, no se sabe valorar debidamente al adversario, de manera
objetiva. En este caso, al PP y a Rajoy, quienes quizás a pesar de
su nefasta actuación de gobierno no intuyen una alternativa política
seria, posible, realizable, ante el hecho irrefutable de una
oposición dividida y petrificada en unos postulados y práctica
política superados por el implacable paso del tiempo y de las
circunstancias que nos ha tocado vivir.
Creo que es la falta de perspectiva en el conjunto
amplio del electorado de una auténtica alternativa política de la
oposición democrática a la práctica sibilino-destructiva del
gobierno del PP que se está padeciendo por la gran mayoría social
española, la que tiene bloqueada a la población. La pregunta que
cabe plantearse es la siguiente: ¿tan difícil es que la oposición
no independentista se aglutine tras un programa progresista y
solidario en lo social y en lo económico, en la actual situación
democrática, como para lograr que la sonrisa burlona de la ministra
se mute en preocupación? No lo creo. Solo es necesario anteponer el
altruismo político al interés partidista. La sociedad lo necesita.
* Jesús León es abogado y exdiputado provincial de Esquerra Unida
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Hay ministros que nunca deberían llegar a
serlo, pero que una vez lo son, como el de Justicia, Gallardón, mejor
que, aunque se les tuviera que pagar el sueldo, no sobresueldos (PP), se
estuvieran quietos, se fueran de vacaciones, es decir, no hicieran
nada.
El ministro Gallardón, que no da una a derechas, ni a izquierdas, ahora se ha acordado de la custodia compartida de los hijos cuyos padres se divorcian. Pues bien, para estos supuestos, la legislación estatal actual tiene prevista una solución que, dentro del mal que supone el divorcio para los hijos, sobre todo los menores, resulta razonable, de sentido común, y por consiguiente, la solución menos mala para los hijos, insisto, sobre todo para los pequeños. Esto es, que salvo acuerdo de los padres, la guarda y custodia, que siempre es compartida, en más o en menos, salvo en casos extremos muy minoritarios; se adjudicaba al cónyuge mejor situado para atender a la prole menor, normalmente la madre, aunque no siempre, en casos lógicos.
Es cierto que ha sido, principalmente en Valencia, donde se ha perpetrado la primera acometida contra esta situación legislativa equilibrada para que el juez que tenga que resolver, en caso siempre de desacuerdo de los cónyuges, solucione el conflicto del divorcio teniendo en cuenta lo mejor también para los padres, que siempre será lo mejor para los hijos, condición imprescindible para decidir lo más ajustado a derecho en estos supuestos. Es absolutamente falso el dilema de hacer prevalecer el pseudocriterio de «lo mejor para los hijos», en forma abstracta, como si se tratara de una prueba de laboratorio, es decir, como si fuera posible que los hijos menores afectados por el divorcio de sus padres, pudieran ser felices o mantener el equilibrio emocional si sus padres siguen enzarzados en disputas continuas, origen, precisamente, del divorcio. Es un silogismo erróneo la tesis del Tribunal Supremo, cuando afirma que, «incluso si los padres no se toleran más o menos», deba aplicarse la custodia compartida; pues lo que debe prevalecer es el interés del hijo menor.
¿Cómo puede ser que el hijo sea más feliz o menos infeliz, si observa a sus progenitores enfrascados en las disputas sinfín que va a impulsar el mayor contacto de los divorciados, al tener que compartir la misma vivienda y la contabilidad doméstica que exige la decisión de esta custodia compartida que propugna este lamentable ministro de (in)justicia? ¿Cómo se van a abstraer de tales tensiones?
Es absurdo, y además perjudicial para la mujer-madre, que dígase lo que se diga, sigue en inferioridad de condiciones sociales y económicas en general, puesto que esta clase de custodia conlleva y pretende la supresión de la pensión de alimentos a cargo del padre, por un lado, y por otro, la búsqueda de otra vivienda también para la madre.
* Jesús León es abogado y exdiputado provincial de Esquerra Unida
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La condena de la Organización de Estados Americanos (OEA) por el incidente sufrido por el presidente de Bolivia, Evo Morales, es un acierto total.
La condena por el trato recibido por Morales se hace extensiva a España, a pesar de que fue quien permitió repostar el avión en el que viajaba el presidente de la nación latinoamericana, pues es evidente que no estuvo el Gobierno español a la altura de las circunstancias. Obsérvese que Francia y Portugal no solo no dejaban aterrizar el avión, sino incluso sobrevolar su territorio, con la consiguiente zozobra para la seguridad física del presidente sudamericano y para quienes volaban con él.
Afirmar que Morales ha sido secuestrado no es ninguna exageración, y que se ha puesto en peligro su vida, tampoco. Tanta verborrea de hermanamientos con Iberoamérica, tantos viajes reales y presidenciales a aquellas tierras tan entrañables para España y los españoles, para llegar ahora a una situación como la denunciada, de auténtica y flagrante vulneración del derecho internacional, de falta de respeto absoluto para el presidente de una nación con la que se deben mantener lazos fraternales, culturales y económicos por encima incluso del servilismo practicado con Estados Unidos y con su presidente Obama, directamente responsable, por acción, de la situación creada, al ordenar la caza sin piedad contra Snowden. Se ha puesto incluso en serio peligro la seguridad aérea de todos los seres humanos que viajaban en el avión presidencial.
En lugar de estar agradecidos a quien ha denunciado las tropelías nauseabundas del espionaje del imperio contra, incluso, sus aliados más incondicionales, lo que raya en el vasallaje, los países cuya actuación se condena por la OEA han sido incapaces de mantener su dignidad. El hecho de que algunos de ellos sean antiguos colonizadores de América contribuye directamente al deterioro de su imagen internacional, echando por tierra sus constantes declaraciones de colaboración y cooperación. Es más, ha tenido que ser un país como Austria, sin tanta charanga y pandereta, el que ha prestado auxilio y ayuda incondicional a la hora de la verdad, al autorizar un aterrizaje de emergencia ante la negativa de tales países. ¡Qué ejemplo de madurez, solidaridad humana e internacional y dignidad!
Hace bien en disculparse con mayor energía nuestro ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, pues si bien es cierto que España permitió el aterrizaje del avión presidencial en las Islas Canarias, lo fue tras un lamentable comportamiento de nuestro embajador en Viena, Alberto Carnero, quien se supone siguió instrucciones de sus superiores, léase del propio Rajoy, a través del ministro de Exteriores, pues de lo contrario, lógicamente, la exigencia de su inmediata dimisión sería de libro. De lo contrario, una vez más, hay que penar la existencia de un presidente de Gobierno incapaz de estar a la altura del momento, en este caso de las circunstancias internacionales relacionadas con América Latina, que debería ser el punto de apoyo y de equilibrio para la política exterior española, de la que tan necesitado está el país siempre débil políticamente.
* Jesús León es abogado y exdiputado provincial de Esquerra Unida
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Si alguna virtud tiene el ministro de Educación, José Ignacio Wert, es que se le entiende todo lo que dice, en este caso, que 'las becas no son limosnas'.
El ministro viene a dar por buena la frase de Marx de que «la instrucción en general depende del nivel de las condiciones de vida». Tiene claro que las becas no son limosnas, y los demás, también, puesto que si son algo, son derechos inalienables de todos aquellos que las necesitan para poder instruirse. Las becas son el mínimo esfuerzo solidario que puede efectuar una sociedad en pro del objetivo prácticamente utópico, en cualquier caso, y mucho más en el actual sistema capitalista, de conseguir la igualdad de oportunidades en la formación necesaria de la población. Podríamos decir que su objeto más real es paliar, en la medida de lo posible, que alguien por el solo hecho de carecer de medios económicos, pueda verse impedido de obtener una educación en igualdad de condiciones con quienes la diosa fortuna les ha dotado de dinero suficiente para poder conseguir tal fin, obviamente con independencia de la nota que obtengan en sus estudios, siempre que alcancen el mínimo de cinco.
Por tanto, el representante del gobierno de Rajoy, fiel a la clase social y política a la que pertenece, defiende lo mejor para los suyos, que suelen tener disponibilidad económica sobrada para estudiar, si así lo desean. Aquí no existe nota mínima alguna que valga, ni el 6,5 ni el 6 ni nada. Para el resto, es decir, para la gran mayoría que carece de medios suficientes para hacer frente a los estudios, «que se jodan». No lo expresa así (la frase es de la diputada Fabra), pero se le sobreentiende perfectamente. Wert es más fino, pero piensa y siente exactamente lo mismo. Se regodea en la defensa de los recortes de las becas para estudio. Hay que meter la tijera, los posibles beneficiarios son los otros, que pretenden competir con nosotros, los privilegiados del régimen democrático-financiero-oligárquico que domina la situación sin cortapisas ni obstáculos serios, salvo algunas protestas menores, dispersas y controladas, a las que no hay que temer. La gente todavía sigue bajo el símdrome de la burbuja. Continúa preguntándose si esto que se les ha venido encima no es un mal sueño, que quizás pase pronto, pues Rajoy les prometió el maná, una vida feliz, sin problemas de paro, de despidos masivos, copagos farmacéuticos, sin subida de impuestos, aunque sí de las pensiones y nada de tasas para impedir el amparo judicial efectivo de los jueces y tribunales; demoliendo, de paso, la tutela prevista en la Constitución, que solo interpretan a su conveniencia y provecho.
Mientras la ciudadanía despierta del tremendo letargo que le ha producido la anestesia del sistemaneoliberal radical que padecemos, el ministro Wert y los suyos, han decidido apretar el acelerador. Con un tajo a la enseñanza, tras el de la sanidad. Prácticamente han dado la vuelta al calcetín del miniestado del bienestar que con tanto esfuerzo se había levantado. La alternativa pasa por una apuesta profunda por la escuela pública de calidad, financiada generosamente y fiscalizada por el Estado, con una previa unidad política progresista, abierta y robusta al PP. Su creación es vital ya.
*Jesús León es abogado y exdiputado provincial de Esquerra Unida
* Crónica agradece al autor que comparta sus artículos de opinión con nuestros lectores
La dirección de IU ha proclamado que todos los españoles deben poder decidir sobre su pertenencia o no a España mediante referéndum. Ante semejante actitud de esta organización de ámbito estatal, cabe preguntarse qué defiende. ¿La independencia de Cataluña y de las demás comunidades o regiones del Estado? ¿O la constitución de un Estado federal, como he oído decir con la boca pequeña a Joan Herrera, el independentista catalán dirigente de Iniciativa?
Cualquier observador de la situación política y económica por la que atraviesa este país, lo menos que puede sentir es una clara sorpresa por el hecho de que una organización política de ámbito estatal como IU lleve a cabo planteamientos tan contradictorio en un partido que se dice obrero e internacionalista, defendiendo la creación de fronteras donde no las hay. Y por otro lado, creando más confusión, donde ya existe una situación que se acerca cada día más al límite del aguante social ante la acometida gubernamental y de la Comisión Europea contra todo lo que se mueve, especialmente, contra los que menos tienen.
Cualquier observador de la situación política y económica por la que atraviesa este país, lo menos que puede sentir es una clara sorpresa por el hecho de que una organización política de ámbito estatal como IU lleve a cabo planteamientos tan contradictorio en un partido que se dice obrero e internacionalista, defendiendo la creación de fronteras donde no las hay. Y por otro lado, creando más confusión, donde ya existe una situación que se acerca cada día más al límite del aguante social ante la acometida gubernamental y de la Comisión Europea contra todo lo que se mueve, especialmente, contra los que menos tienen.
¿Qué ha pasado para que Cayoy Lara se desdiga públicamente de sus recientes declaraciones en las que se posicionaba contra el derecho a decidir catalán? ¿Ha sufrido la presión de los componentes de Iniciativa para el mantenimiento del grupo político en las Cortes o es una reconversión? En todo caso, debería explicarlo públicamente, despacito y con buena letra. Y sobre todo, salvar la contradicción terminológica de ser partidario del derecho a decidir y de la autodeterminación, y a partir de ahí, cómo construir el Estado federal. Se hace difícil entender que primero se plantee la separación y luego se pretenda la unión ¿Qué galimatías es éste? ¿No es más lógico que si se pretende crear tal Estado federal, de verdad, se parta de las actuales comunidades autónomas que ya tienen unas competencias que van mucho más allá que muchos estados federales actuales, y en su caso, supone una transición mucho más viable? ¿Dónde queda el antecedente del posicionamiento del PCE, precedente de IU, a favor de la Constitución de 1978? ¿No requiere este fundamental asunto político un intenso debate ante la ciudadanía, planteándole claramente y sin subterfugios, que IU defiende la independencia de Cataluña y de toda autonomía que lo plantee? ¿En quién se está pensando cuando se propone la separación, en la minoría independentista que jamás votará a IU porque tiene opciones más genuinas que una organización de ámbito estatal o en el 90 por ciento de ciudadanos que están por el mantenimiento de la unidad del Estado, como dispone la Constitución?
Esta no es una cuestión baladí. Estamos ante un asunto troncal de la política española, que afecta al sentimiento profundo de vinculación con el territorio donde se ha nacido y/o reside. Es preocupante que con más de seis millones de parados y con expectativas de ir mucho más lejos todavía, y con la indignante acometida contra los derechos de los trabajadores de este gobierno del PP y del neoliberalismo europeo, IU se una al independentismo. ¡Lo que faltaba!
* Jesús León abogado
Ex diputado provincial de EUPV
* Jesús León abogado
Ex diputado provincial de EUPV
No me refiero a la plaga de insectos que previsiblemente habrá que
fomentar desde el Gobierno de PP para comérselos fritos y pequeñitos,
como le gustan al ministro de Agricultura, Arias Cañete, según declaró
comentando una recomendación internacional como forma de alimentar a la
población mundial. Aunque tal como van las cosas de mal, habrá que
confiar en que al menos tal fritura lo sea con aceite de oliva made en
Spain. Me refiero a la plaga de políticas ya aplicadas por los distintos
gobiernos del PP para, según pretenden convencernos, salir de esta
malhadada crisis; provocada exclusivamente por el sistema capitalista,
de mercado le llaman ahora, por la oligarquía político-financiera y por
la partitocracia gobernante.
Viene esta indignación contenida por la
lectura del reportaje de este periódico sobre lo acontecido con la
investigadora genetista valenciana Nuria Martí Gutiérrez, que fue una de
las afectadas por el ERE instado por el Consell en el centro Príncipe
Felipe, en noviembre de 2011. Mucho se ha dicho y escrito sobre la
necesidad de preservar la financiación destinada a investigación, en sus
múltiples disciplinas, a fin de conseguir figurar entre los países más
desarrollados y no en el pelotón internacional de los torpes, evitando
la fuga masiva de cerebros que se está dando en todo el Estado y muy
singular y destacadamente, por desgracia, en la Comunitat Valenciana.
Aunque sin éxito alguno, ante la cerrazón política del partido que
ostenta el poder.
El caso de esta joven embrióloga es de libro.
Queda despedida de manera fulminante en el ERE de turno, de los muchos
practicados por la Administración autónoma valenciana, a los que tan
aficionada se muestra con sus desafortunados recortes. E inmediatamente
es contratada por la Universidad de Salud y Ciencia de Oregon (EE UU).
En este centro pasa a formar parte destacada del equipo que ha logrado,
por primera vez en el mundo, clonar céludas de piel humana. Lo que
supone un gran avance científico, ya que estas células madre podrán
utilizarse en tratamientos de enfermedades con la ventaja de que al ser
propias del paciente, se evitarían los problemas de rechazo.
Pues
bien, hete aquí que lamentablemente nos encontramos con la aberración de
que, posiblemente este ERE sea el primero que se ha aplicado en el
mundo en un centro de investigación, para desdicha de todos cuantos
venimos denunciando esta inadmisible política de tierra quemada con la
investigación y la ciencia. Es cierto que estamos en un Estado de
Derecho, y hay que respetar las normas democráticas, y por consiguiente,
que el partido que dirige el Gobierno valenciano puede aplicar su
política. Pero como resulta que esta política no estaba en su programa,
sino todo lo contrario, y además, la situación es de enorme deterioro
social y económico, y queda demasiado tiempo para aguantar hasta que
termine la legislatura, se hace necesario un revulsivo urgente para
intentar salir de ella cuanto antes. Así, lo razonable y democrático es
invitar, tanto a los dirigentes autonómicos como los centrales del PP, a
que efectúen un supremo gesto de responsabilidad y patriotismo y
dimitan, dando la palabra a la ciudadanía para que ésta, con la
Constitución en la mano, decida la opción política con la que se debe
intentar salvar nuestra así definida democracia social, hoy por hoy en
un tris de desaparecer. Hasta se les podría agradecer el gesto. Ánimo.
Jesús León
Ex diputado provincial de EUPV
Abogado
* Crónica agradece al autor su decisión de compartir todos sus artículos de opinión con nuestros lectores..
Jesús León
Ex diputado provincial de EUPV
Abogado
* Crónica agradece al autor su decisión de compartir todos sus artículos de opinión con nuestros lectores..
A casi año y medio de gobierno del PP, Rajoy sigue erre que erre, con su mayoría absoluta, incapacitado para reconducir la situación económica y social por la que atraviesa España. Tras conocerse la terrorífica cifra de 6.200.000 parados, según la EPA, todo lo que se le ocurre decir es que debemos tener paciencia. Así se ha expresado también el ministro alemán de Economía en su visita a Granada. Las loas alemanas parecen dar cuerda a Rajoy, sin ser capaz de percatarse de que su política, ante la presión alemana, lleva camino de transformarnos de un país de la periferia europea en un país tercermundista. Bien está que no pretendamos salir del euro y de lo poco que, desgraciadamente, aún represente de bueno la UE, pero de ahí a tragar carros y carretas en una actitud tan servil, va un abismo.
Cierto es que España necesita de Europa, forma parte de ella; pero Europa, y sobre todo Alemania, también la necesitan para seguir vendiendo sus productos, dominar nuestro mercado y, si se les deja, también la poca industria que nos resta. Es decir, podemos convertirnos en una simple y mera colonia económica alemana. Así, pues, cuando el presidente del Gobierno pide paciencia hay que preguntarse: ¿para qué?, ¿hasta cuándo?, ¿qué perspectivas de futuro se vislumbran en el panorama económico y financiero de todo el Estado?, ¿qué programa económico financiero ofrece para salir del atolladero actual, que no consista en más reducciones de derechos, más recortes en la enseñanza, en la sanidad, en los servicios sociales, en más paro?
A pesar de la mayoría electoral absoluta que ostenta, la imagen de debilidad a la hora de afrontar los tremendos problemas a los que se ha visto abocado este país hacen a Rajoy y a su gobierno candidato indiscutible a su recambio. Y en este sentido ya se oyen voces muy poderosas en los medios de comunicación próximos al poder. Sin embargo, lo que se necesita es crear una sólida oposición mediante la integración de las dispersas e incluso antagónicas fuerzas políticas de carácter progresista para exigir la convocatoria de elecciones y la creación de un gobierno de concentración del conjunto de estas fuerzas, a fin de poner fin a esta locura neoliberal que amenaza con acabar con cuanto se ha logrado en las últimas décadas con tan enorme sacrificio. Ha llegado la hora de decir basta. Hay que pasar de la indignación a la acción conjunta democrática de todos los perjudicados por la nefasta política del PP, sobre la base de los derechos contenidos en la Constitución, obviando la monarquía, que por naturaleza se extinguirá tras Juan Carlos I. El pacto contra el paro sería una alternativa, pero no va a ser posible con Rajoy.
* Jesús León es abogado, ex diputado provincial de Esquerra Unida
* Crónica agradece al autor su decisión de compartir sus opiniones con nuestros lectores
Impresiona e incluso da miedo, que las juventudes del PP de Castellón, secundadas por las de Valencia, hayan decidido instar a los estudiantes a la delación secreta de los profesores que a su juicio opinen políticamente en clase. Se trata de una actuación a la luz pública y su presidente ha llegado a expresar literalmente que «no se puede consentir que el profesor critique en las aulas la reforma educativa o los recortes en educación». He dicho que impresiona e incluso da miedo, pero debe entenderse bien. No se trata de que un grupo más o menos numeroso de jóvenes ultras se reúnan de manera informal para proponer la abolición del sistema democrático que nos hemos dado, no. Esto existe y seguramente existirá mientras haya almas calenturientas descarriadas en el mundo. Lo peligroso se centra en que estos jóvenes están organizados bajo las siglas de un partido (el PP) que, mientras no se demuestre lo contrario, tiene el marchamo indiscutible de democrático. De ahí el peligro, especialmente, porque se observa una actitud no solo tibia, sino que se podría decir, sin temor a equivocarse, que permisiva, cuando no comprensiva, tanto por parte del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra como de la consellera de Educación, María José Catalá, a quien parece que pretenden implicar en esta barrabasada.
Por tanto, ni el PP en su conjunto, ni menos aún tan destacados dirigentes y responsables de la Administración, deberían tolerar ni por un momento más tales planteamientos, vulneradores del constitucional derecho a la libertad de cátedra. ¿Cómo es posible que se pueda proceder con tan bajos instintos políticos para criticar o rebatir aquellas opiniones que les sean contrarias a su ideología a estas juventudes del PP? ¿No disfrutan ellos y toda la sociedad del no menos importante derecho a la libertad de expresión para rebatir las opiniones contrarias de los demás? ¿Se les impide a estos jóvenes el cambio de impresiones sobre política o cualesquiera otras cuestiones en el ámbito docente? ¿Quiénes son ellos para poner los límites a la libertad de cátedra?
¿No habíamos quedado en que el guerracivilismo y la represión habían terminado con la llegada de la democracia? ¿No se da cuenta el PP de que estos planteamientos muestran una dosis inverosímil de soterrada violencia que les puede estallar en sus propias manos en cualquier momento? Porque violencia es la delación anónima, y tal actitud en un sistema democrático no solo debe ser reprochado y reprochable, sino impedido radicalmente. Prueba es la investigación abierta por la Fiscalía a denuncia del sindicato Stepv, a fin de depurar presuntas responsabilidades penales de los promotores de tan inadmisible campaña.
Confío en que los responsables institucionales y orgánicos del PP tengan rapidez de reflejos y tomen las medidas oportunas para cortar de raíz este conato de grave intolerancia antidemocrática en las NN GG de Castellón, por el bien de todos.
* Jesús León es abogado y exdiputado provincial de Esquerra Unida
El problema para la izquierda política y social, es que no tiene un modelo de Estado aceptable para la gran mayoría de la población española.
Sin embargo, esa mayoría sí que la tiene el PP, puesto que a pesar de los pesares, no plantea ni aboga, directa ni indirectamente, por la ruptura del país con el que la mayoría de la población se siente identificada en cualquier parte del territorio en el que haya nacido o resida.
Esta situación crea una imposibilidad objetiva para que en las presentes condiciones de indignación e incluso de hastío severo con la política económica y social que se aplica por el Gobierno del PP, se pueda producir el vuelco electoral que se necesita para salir del caos en el que nos ha metido esta política con Rajoy y la anterior del PSOE con Zapatero a la cabeza, bien sea por iniciativa propia (que lo es en gran medida) como por iniciativa de la paladín europea del neoliberalismo, Angela Merkel y sus compañeros de viaje en el Eurogrupo.
De ahí que sea necesario insistir en la tesis de la creación de un movimiento amplio político-social, que superando el anquilosamiento de los partidos aflorados a partir de la transición democrática, se convierta en un trampolín de enganche de tantísimos ciudadanos que han votado a la izquierda en su conjunto e incluso a parte de los que han votado al PP. La decepción es evidente en una parte considerable de estos últimos tras el primer año largo de (des)gobierno del PP, que les ha llenado de incertidumbre y desasosiego respecto de su futuro inmediato y el de sus hijos y nietos.
Así, pues, visto lo que ha dado de sí el espectro democrático de izquierdas desde la transición de la dictadura franquista a la actual democracia, se hace imprescindible superar la estructura partidista actual, muy «tocada del ala» para remontar el vuelo de la superación del conjunto de la derecha con una mayoría suficiente que permita reconducir España hacia ámbitos de prosperidad económica y social; objetivo que pasa por una clara definición del Estado con olvido de veleidades soberanistas de las autonomías. Tal movimiento político social debe integrarse con los votantes del deteriorado PSOE, con los de la limitada IU y el resto de partidos casi testimoniales del ámbito de la izquierda democrática, que sean capaces de priorizar el interés general sobre el particular de cada grupo dirigente. Mediante la creación de este bloque abierto de par en par a la ciudadanía y a las múltiples plataformas reivindicativas, así como al fundamental movimiento sindical y al mundo de la cultura; se puede ilusionar a la población de que el cambio es posible. Así se logrará el triunfo del esfuerzo sistemático, de la eficacia de lo público, de la justicia y de la igualdad social frente a la estulticia, el egoísmo y la agobiante insolidaridad clasista de los gobiernos neoliberales que padecemos, tanto en España como en Europa. Es el momento de organizarse. Mañana puede ser tarde.
* Jesús León, abogado y exdiputado provincial de Esquerra Unida
* Crónica agradece al autor su decisión de compartir todos sus artículos de opinión con nuestros lectores
Sigue la escandalera y con razón total. ¿Cómo puede ser que haya ex diputados en Cortes Generales que sigan cobrando una 'pensión parlamentaria' a años luz de haber cesado en el cargo?¿Qué desastre de democracia es ésta que mantiene a una casta política por el hecho de que voluntariamente hayan ejercido de diputados cobrando, en general, un sueldo sustancioso que muy pocos trabajadores perciben por ocho, diez o doce horas de trabajo diarias? ¿Qué principios de justicia social guía a quién se aprovecha del ejercicio de un cargo público al que voluntariamente se presenta para ostentarlo y que no representa sino un honor y un agradecimiento a los ciudadanos por haberle votado para su desempeño, rodeado, en general, de prebendas y chollos?
Y todo esto mientras hay gente a la que no se le aporta siquiera para cubrir sus necesidades más primarias como alimentarse y disponer de un techo digno. Y luego hay quien se sorprende de que la sociedad en general, esté indignada con los políticos. Hay que tener menos sensibilidad que una piedra para seguir disfrutando tan escandalosas prebendas como si no fuera con ellos. Claro está, así no se hace política, se hace negocio. Se vive a costa del que más trabaja y menos tiene, y esto tiene un nombre: fraude. Fraude a las instituciones políticas democráticas, fraude a los electores, y fraude, en definitiva, a la ciudadanía.
Que no se lamenten luego si la sociedad les da la espalda y les dice de todo menos bonitos. ¿Qué pinta Miguel Barceló Pérez, una persona de las más pudientes de Benidorm, cobrando una pensión mensual de 1.958’78 euros; o Cristina Almeida, abogada ejerciente, cobrando 2.675 euros mensuales; o José María Trías de Bes, ex presidente de Transmediterránea, cobrando 2.200´53 euros al mes. O un condenado por pertenecer al GAL, García Damborenea, 2.061 euros al mes? Claro está, que el ejemplo de los expresidentes de Gobierno cobrando una pensión de por vida, aunque disfruten de otros momios sonrojantes, no es precisamente edificante.
El patio de Monipodio reflejado en la política española. ¡Qué escándalo!
Jesús León
Ex diputado provincial de EUPV
Abogado
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Si el Gobierno valenciano prometió a principios de 2012, como muestra de absoluto compromiso con el control del déficit, por boca del vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, que los altos cargos de la Generalitat se bajarían el sueldo en la misma proporción que se rebasara el objeto del déficit del 1,5 % del PIB, y habiendo ascendido, nada menos que al 3,45 %. Es evidente que todos los altos cargos de la Generalitat deberán reducírselo en un 1,95 %, sin excusa alguna, ¡qué menos siendo los más deficitarios de España! Quiero creer que Císcar cumplirá su palabra y la hará cumplir a todo al que le afecte tal promesa pública. Lo contrario resultaría una tomadura de pelo más para la sociedad que tan mal se lo está pasando en general a consecuencia de la política de despilfarro del PP durante tantos años en la Comunitat Valenciana.
Es cierto que tal reducción de sueldos ni le va a afectar mucho a tales altos cargos ni tampoco supondrá una solución al problema, pero sin duda sería un ejemplo mínimo de pudor y vergüenza política ante la indignada ciudadanía en la desventurada situación por la se le está haciendo pasar, a la que se le recorta hasta el alma. Aunque bien pensado, quizás lo mejor sería que se utilizara el recurso legal de adelantar las elecciones, a fin de que un nuevo parlamento y un nuevo gobierno afrontaran con energía la regeneración política vital y urgente que se necesita en estos momentos. Es difícil pensar que el mismo partido que ha llevado a la comunidad a este trance de descrédito, y miseria pueda, realmente, enderezar la situación, sobre todo, sin causar más estragos a los que menos tienen y a los que más derechos se les han incautado.
El secretario general del PPCV, Serafín Castellano, no debe preocuparse si abandonan el barco, pues debería saber que muy pocos valencianos le iban a reprochar tal decisión con los casi insuperables problemas que han causado por su descontrol del gasto, por su impericia y negligencia a la hora de controlar y vigilar de cerca las múltiples corruptelas y corrupciones que han aflorado en la gestión de la Administración pública. Por el incremento salvaje del desempleo, el deterioro de la sanidad y la escuela públicas y servicios sociales; sin olvidar el descrédito irrecuperable ante los proveedores de toda índole de la administración autonómica, como los suministros hospitalarios, farmacéuticos, etcétera. Hay casos, como el que nos ocupa, en que es preferible que los altos cargos del PP estén solo a las maduras, ya no hay remedio; y dejen las duras para que otros con más sentido común y espíritu de justicia e igualdad dirijan el timón de este barco a la deriva y a punto de naufragar.
* Jesús León es abogado y exdiputado provincial en Valencia de Esquerra Unida
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Ignoro la relevancia intrínsica que como empresario ostenta el presidente de la gran patronal, Joan Rosell, pero es palmaria su notoria importancia representativa del mundo de la empresa y de la economía española. De ahí que haya que concederse toda la atención que requiere sus declaraciones recientes, que a mi juicio es enorme en el momento tan difícil que atravesamos.
Una observación del contexto económico, social y político actual, permite afirmar que existe una ofensiva generalizada (y planificada) contra el estatus social de la población asalariada en general, es decir, de todos los que dependen de una retribución por su trabajo regular, sean funcionarios o no. Interesa destacar esta dualidad, porque dentro de la estrategia para tal ofensiva, se ha comenzado por intentar dividir y enfrentar a los trabajadores del sector privado con los del público, y a fe que lo han conseguido. Han logrado que los primeros puedan ver a los funcionarios como unos privilegiados del régimen, cuando en realidad, salvo las excepciones que permite la actitud de enchufismo generalizado de los partidos políticos, a todas luces excesiva según criterio generalizado; ambos sectores son víctimas propiciatorias de la rapiña de la plutocracia que controla los resortes del poder en esta democracia. Y todo esto contrariando frontalmente el texto constitucional, lo que les trae al pairo.
Obsérvese que por un lado, se están desmantelando los servicios más esenciales de cualquier sociedad moderna: escuela, sanidad, servicios sociales y Administración públicas. Rebaja o por mejor decir, incautación de sueldos de los funcionarios, despidos masivos discriminados, etcétera. Y por otro, el chantaje generalizado, especialmente en la gran industria, aplicando reducciones de salarios e incremento de jornada sin retribución, puesta de patas arriba de los convenios colectivos, amenazas de deslocalización de las industrias si no se accede a tales exigencias empresariales... Todo un trágala a quienes solo tienen como solución a sus problemas la contraprestación por su trabajo.
Pero volvamos al señor Rosell. En esta coyuntura, el patrón de patrones se dedica a cuestionar la EPA, de seis millones de parados, como si no tuviera bastante con los cinco que constan en los registros, aunque del millón de diferencia dice que 400.000 no trabajarán jamás. Y lo dice como si tal cosa, ¡qué crueldad, cuando es él el responsable directo de darles trabajo en este sistema político! A la juventud „53,36 % de paro„ por toda esperanza de trabajo les ofrece una o dos horas, pues afirma que es mejor que cero. Y pese a la brutal reforma laboral de la que se sientes tan orgullosos Rajoy y el PP, pide otra vuelta de tuerca a la misma.
Ante este desolador panorama de lo que ofrece la iniciativa privada capitalista, apoyada en el (des)gobierno del PP, todo indica que lo que en realidad ha retomado Rosell, de forma unilateral, ha sido la lucha de clases. La pregunta es: ¿tendrá respuesta?.
* Jesús León es abogado y exdiputado provincial de Esquerra Unida
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