El lector me tendrá que permitir que antes de centrarme en el tema señalado en el título –el sesgo de los economistas invitados a tal programa de televisión- haga comentarios sobre el programa La Sexta Noche, que ejemplifica, por desgracia, lo que en España se conoce como “debate político”. En realidad, de debate el programa tiene muy poco. Lo que hay es, con abusiva frecuencia, un intercambio de insultos, interrupciones, gritos y, sobre todo, muy mala educación, promovida, en general, por los tertulianos de derechas (cuyos homólogos en el panorama europeo serían más bien próximos a la ultraderecha), y que, en general, ni siquiera dejan hablar a los tertulianos de izquierdas. Si bien es cierto que estos últimos –contaminados o provocados por los anteriores- también contribuyen al griterío, el hecho es que es fácil de ver que son los tertulianos de derechas los que expresan mayor falta de educación, grosería, manipulación, mentiras y escasísimo rigor, mostrando claramente su escasísima cultura democrática. Me resisto a creer que no haya en España otros periodistas o políticos de derechas que sean mejores que los que aparecen en tal mal llamado “debate”. En ningún otro país en el que he vivido he visto una imagen más deprimente de lo que se quiere dignificar bajo tal nombre. Ni siquiera en la Fox de EEUU. Mírenlo y compárenlo, y lo verán. Y no es solo el sesgo tan marcado que hay en la selección de tertulianos (los únicos que aparecen durante toda la noche son los eternos Eduardo Inda y Francisco Marhuenda), sino también las malas maneras, la falta de respeto y la imposibilidad de argumentar, que alcanzan niveles auténticamente desagradables, incluso para el televidente. Da una imagen muy pobre de la cultura política y mediática del país.
La sección económica de tal programa
Esta sección del programa La Sexta Noche aparece en la última parte del programa, que, por regla general, se emite ya casi a la 1 de la madrugada. La gran mayoría, por no decir la totalidad de los expertos economistas son economistas de tendencia liberal, bien ultraliberales o socioliberales, como fue el caso, en uno de los últimos sábados, el 19 de marzo, del Sr. José Carlos Díez, que además de ser el gurú económico de La Sexta, lo es también de El País. Es, a su vez, próximo a la dirección del PSOE, habiendo sido uno de los defensores de las políticas del gobierno Zapatero en su respuesta a la crisis.
Las limitaciones de esta escasa diversidad aparecieron aquel sábado, cuando se discutió un tema de gran importancia y urgencia: la pobreza y las desigualdades en España. En este programa, el Sr. José Carlos Díez presentó la elevada pobreza en España (de las más altas en la UE-15, el grupo de países de semejante nivel de desarrollo al de España en la UE), sin apenas tocar, sin embargo, las desigualdades (también de las más elevadas de la UE-15). El mayor énfasis del Sr. José Carlos Díez fue mostrar el gran crecimiento de la pobreza durante el gobierno del PP (lo cual causó una interrupción constante por parte de Inda y Marhuenda, que casi no le dejaron hablar). Pero apenas abordó las soluciones, y solo señaló la necesidad de mayores programas de formación profesional a los parados y mayor sensibilidad hacia las madres solteras, que concentran la mayor pobreza.
Ahora bien, aun cuando estas intervenciones son necesarias, son dramáticamente insuficientes para disminuir la pobreza y reducir las desigualdades en España. Lo que el Sr. José Carlos Díez ignoró es que se requieren cambios mucho más sustanciales y profundos de los que él sugería, en dirección opuesta a los que la sabiduría convencional, de claro corte neoliberal, reproducida por la Troika, propone, y que él, por cierto, apoyó durante estos años de la Gran Recesión. El Sr. José Carlos Díez ha estado asesorando al PSOE, a El País y a La Sexta (que le ofrecen grandes cajas de resonancia) y ha estado atacando (a través de estas mismas cajas de resonancia) las propuestas de partidos progresistas como Podemos e IU, que implican una reversión de las políticas que han causado el gran ascenso de la pobreza y de las desigualdades y que ya se iniciaron durante el gobierno Zapatero, en su respuesta a la crisis.
Lo que no se vio en La Sexta Noche: qué debería hacerse para eliminar la pobreza
La pobreza en España está causada predominantemente por el elevado desempleo, la escasa ocupación y la baja producción de puestos de trabajo bien remunerados y en condiciones de estabilidad. En realidad, las políticas de austeridad y reducción salarial que han ido imponiendo el gobierno Zapatero primero y el gobierno Rajoy más tarde, han empeorado la crisis y retrasado enormemente la recuperación económica.
Y la pregunta que debe hacerse es: ¿por qué se producen tan pocos puestos de trabajo? Y la respuesta es, que, en gran parte, ello es consecuencia de que la demanda de productos y servicios es muy baja, el mayor problema que tiene el mundo empresarial. El lector se preguntará: ¿y cómo se puede aumentar la demanda? Y la respuesta no es nada difícil de ver, aun cuando seguramente no la leerán tampoco en los medios ni la verán en La Sexta Noche o en la televisión: revertir las políticas de austeridad y eliminar las reformas laborales, que han reducido sustancialmente los salarios, con un aumento mucho más notable del salario mínimo del que está proponiendo ahora el Sr. Díez.
Otra medida sería estimular la creación de empleo mediante una gran inversión pública en varios sectores de la infraestructura social y física del país. Un ejemplo de ello sería la creación de empleo en el escasamente desarrollado Estado del Bienestar. Si España tuviera el mismo número de adultos trabajando en sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, vivienda social y prevención de la exclusión social que tiene Suecia (alrededor de 1 de cada 4, en lugar de 1 de cada 10, que es la tasa de España), España tendría unos 3,5 millones más de puestos de trabajo. Si, además, invirtiera en reconvertir la infraestructura energética hacia las fuentes renovables, se podrían crear fácilmente 400.000 puestos de trabajo. Y así un largo etcétera.
Otra forma de crear empleo es disminuyendo el tiempo de trabajo, bajando el número de horas de trabajo a 35 horas semanales y repartiendo el tiempo de trabajo, tal como se ha hecho en Alemania, una de las causas de su bajo desempleo.
Y aquellas personas que no pudieran trabajar tendrían que poder acceder a una renta garantizada que les permitiera tener un nivel de vida digno, tal como ocurre en los países del norte de Europa.
La predecible respuesta que economistas como el Sr. Díez dan a estas propuestas es que son utópicas e irrealizables. Constantemente se acentúa que el Estado no tiene tales recursos. Pero ello no es cierto. El país es suficientemente rico para pagar tales propuestas. El dinero existe. Lo que ocurre es que el Estado no lo recoge, o el Estado está sujeto a unas reglas a todas luces erróneas (como el infame artículo 135 de la Constitución, o el Tratado de Maastricht), que establecen un orden de prioridades que dan mayor peso a pagar a los bancos los intereses de la deuda pública que a invertir en las escuelas, o a estar forzados a tener unos niveles de déficit público arbitrarios e innecesariamente constrictivos. La realidad es que si las rentas del capital se gravaran en España al mismo nivel que las rentas del trabajo, si además no se permitiera la utilización de paraísos fiscales y si se consiguiera, en su lugar, eliminar el fraude fiscal de las grandes familias, de la banca y de las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, se podrían obtener fácilmente más de 80.000 millones de euros más de los que el Estado recibe.
Es más, el BCE debería prestar dinero a los Estados directamente a los mismos intereses que a la banca privada, a fin de financiar tales inversiones públicas, financiación que debería realizarse a través de bancas públicas. En realidad, el Estado ya podría hacerlo. Y si no lo hace es porque está sujeto a una excesiva influencia de las mismas fuerzas financieras y económicas que han estado presionando a favor de las políticas neoliberales que han beneficiado sus intereses a costa de los intereses de la mayoría. Así de claro.
La sección económica de tal programa
Esta sección del programa La Sexta Noche aparece en la última parte del programa, que, por regla general, se emite ya casi a la 1 de la madrugada. La gran mayoría, por no decir la totalidad de los expertos economistas son economistas de tendencia liberal, bien ultraliberales o socioliberales, como fue el caso, en uno de los últimos sábados, el 19 de marzo, del Sr. José Carlos Díez, que además de ser el gurú económico de La Sexta, lo es también de El País. Es, a su vez, próximo a la dirección del PSOE, habiendo sido uno de los defensores de las políticas del gobierno Zapatero en su respuesta a la crisis.
Las limitaciones de esta escasa diversidad aparecieron aquel sábado, cuando se discutió un tema de gran importancia y urgencia: la pobreza y las desigualdades en España. En este programa, el Sr. José Carlos Díez presentó la elevada pobreza en España (de las más altas en la UE-15, el grupo de países de semejante nivel de desarrollo al de España en la UE), sin apenas tocar, sin embargo, las desigualdades (también de las más elevadas de la UE-15). El mayor énfasis del Sr. José Carlos Díez fue mostrar el gran crecimiento de la pobreza durante el gobierno del PP (lo cual causó una interrupción constante por parte de Inda y Marhuenda, que casi no le dejaron hablar). Pero apenas abordó las soluciones, y solo señaló la necesidad de mayores programas de formación profesional a los parados y mayor sensibilidad hacia las madres solteras, que concentran la mayor pobreza.
Ahora bien, aun cuando estas intervenciones son necesarias, son dramáticamente insuficientes para disminuir la pobreza y reducir las desigualdades en España. Lo que el Sr. José Carlos Díez ignoró es que se requieren cambios mucho más sustanciales y profundos de los que él sugería, en dirección opuesta a los que la sabiduría convencional, de claro corte neoliberal, reproducida por la Troika, propone, y que él, por cierto, apoyó durante estos años de la Gran Recesión. El Sr. José Carlos Díez ha estado asesorando al PSOE, a El País y a La Sexta (que le ofrecen grandes cajas de resonancia) y ha estado atacando (a través de estas mismas cajas de resonancia) las propuestas de partidos progresistas como Podemos e IU, que implican una reversión de las políticas que han causado el gran ascenso de la pobreza y de las desigualdades y que ya se iniciaron durante el gobierno Zapatero, en su respuesta a la crisis.
Lo que no se vio en La Sexta Noche: qué debería hacerse para eliminar la pobreza
La pobreza en España está causada predominantemente por el elevado desempleo, la escasa ocupación y la baja producción de puestos de trabajo bien remunerados y en condiciones de estabilidad. En realidad, las políticas de austeridad y reducción salarial que han ido imponiendo el gobierno Zapatero primero y el gobierno Rajoy más tarde, han empeorado la crisis y retrasado enormemente la recuperación económica.
Y la pregunta que debe hacerse es: ¿por qué se producen tan pocos puestos de trabajo? Y la respuesta es, que, en gran parte, ello es consecuencia de que la demanda de productos y servicios es muy baja, el mayor problema que tiene el mundo empresarial. El lector se preguntará: ¿y cómo se puede aumentar la demanda? Y la respuesta no es nada difícil de ver, aun cuando seguramente no la leerán tampoco en los medios ni la verán en La Sexta Noche o en la televisión: revertir las políticas de austeridad y eliminar las reformas laborales, que han reducido sustancialmente los salarios, con un aumento mucho más notable del salario mínimo del que está proponiendo ahora el Sr. Díez.
Otra medida sería estimular la creación de empleo mediante una gran inversión pública en varios sectores de la infraestructura social y física del país. Un ejemplo de ello sería la creación de empleo en el escasamente desarrollado Estado del Bienestar. Si España tuviera el mismo número de adultos trabajando en sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, vivienda social y prevención de la exclusión social que tiene Suecia (alrededor de 1 de cada 4, en lugar de 1 de cada 10, que es la tasa de España), España tendría unos 3,5 millones más de puestos de trabajo. Si, además, invirtiera en reconvertir la infraestructura energética hacia las fuentes renovables, se podrían crear fácilmente 400.000 puestos de trabajo. Y así un largo etcétera.
Otra forma de crear empleo es disminuyendo el tiempo de trabajo, bajando el número de horas de trabajo a 35 horas semanales y repartiendo el tiempo de trabajo, tal como se ha hecho en Alemania, una de las causas de su bajo desempleo.
Y aquellas personas que no pudieran trabajar tendrían que poder acceder a una renta garantizada que les permitiera tener un nivel de vida digno, tal como ocurre en los países del norte de Europa.
La predecible respuesta que economistas como el Sr. Díez dan a estas propuestas es que son utópicas e irrealizables. Constantemente se acentúa que el Estado no tiene tales recursos. Pero ello no es cierto. El país es suficientemente rico para pagar tales propuestas. El dinero existe. Lo que ocurre es que el Estado no lo recoge, o el Estado está sujeto a unas reglas a todas luces erróneas (como el infame artículo 135 de la Constitución, o el Tratado de Maastricht), que establecen un orden de prioridades que dan mayor peso a pagar a los bancos los intereses de la deuda pública que a invertir en las escuelas, o a estar forzados a tener unos niveles de déficit público arbitrarios e innecesariamente constrictivos. La realidad es que si las rentas del capital se gravaran en España al mismo nivel que las rentas del trabajo, si además no se permitiera la utilización de paraísos fiscales y si se consiguiera, en su lugar, eliminar el fraude fiscal de las grandes familias, de la banca y de las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, se podrían obtener fácilmente más de 80.000 millones de euros más de los que el Estado recibe.
Es más, el BCE debería prestar dinero a los Estados directamente a los mismos intereses que a la banca privada, a fin de financiar tales inversiones públicas, financiación que debería realizarse a través de bancas públicas. En realidad, el Estado ya podría hacerlo. Y si no lo hace es porque está sujeto a una excesiva influencia de las mismas fuerzas financieras y económicas que han estado presionando a favor de las políticas neoliberales que han beneficiado sus intereses a costa de los intereses de la mayoría. Así de claro.
*
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad
Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
* Crónica agradece al autor poder compartir sus artículos de opinión con nuestros lectores
Este artículo hace una crítica muy fuerte del modelo neoliberal, tomando el caso de la sanidad y atención médica en EEUU (donde la privatización de su financiación y gestión es mayoritaria) como muestra de ello. La sanidad en EEUU es, con mucho, la más cara del mundo y, a la vez, la más ineficiente e ineficaz de las hoy existentes en los países desarrollados.
Una de las características del pensamiento económico y social neoliberal es creer en la superioridad del sector privado sobre el público, favoreciendo la privatización y mercantilización de los bienes y servicios, atribuyendo a tal mercantilización una mayor eficiencia de la distribución de recursos que la que existe en la esfera pública. Como bien dijo el gran referente del pensamiento neoliberal, el Presidente Reagan de EEUU, “el Estado no es nunca la solución. En realidad, es siempre el problema”.
Esta visión y creencia se extiende en dicho pensamiento a todos los sectores de la sociedad, incluyendo los servicios e instituciones sanitarios, mostrando la sanidad estadounidense (donde la propiedad, financiación y gestión de las instituciones sanitarias es primordialmente privada) como modelo de eficiencia y de eficacia. En aquel país la mercantilización de la medicina ha alcanzado su máximo desarrollo, considerándose tal mercantilización como la responsable de su gran supuesta eficiencia, y presentándose como ejemplo de ello las grandes instituciones hospitalarias estadounidenses, la mayoría privadas, reconocidas por su gran renombre y prestigio (como Hopkins, la Mayo Clinic, el Mount Sinai Hospital en Nueva York y un largo etcétera).
Esta visión, muy generalizada en España, es, sin embargo, profundamente errónea. Y los datos están ahí para demostrarlo. Basta comparar indicadores de eficiencia y eficacia de la sanidad estadounidense con la de otros países, incluido España, de semejante desarrollo económico, con financiación pública de su sistema sanitario, para ver que el pensamiento neoliberal está idealizando el modelo neoliberal. Veamos primero cuánto se gasta EEUU en sanidad para ver más tarde qué es lo que consigue con este gasto.
Una característica de la sanidad estadounidense es lo enormemente cara que es la atención médica. La sociedad estadounidense se gasta muchísimo más per cápita en sanidad, 8.713 dólares, que cualquier otro país capitalista desarrollado. Canadá se gasta 4.351 $, Francia 4.123 $, Alemania 4.818 $, Japón 3.713 $, Suecia 4.904 $, Reino Unido 3.234 $ y España (la que se gasta menos) 2.898 $. En todos estos países la financiación de la atención médica es predominantemente pública (la mayoría de datos proveídos en este artículo proceden de la base de datos de la OCDE: Health Expenditure and Financing; Health Care Utilisation, Consultations; Health Care Resources, Nurses; Health Care Utilisation, Hospital average length of stay by diagnostic categories; and Demography and Population. También proceden de los informes anuales de Physicians for a National Health Program).
¿Por qué el gasto sanitario es tan elevado?
Los pensadores liberales han intentado argumentar que el hecho de que el gasto sanitario en EEUU sea mucho más alto que en el resto de países a los dos lados del Atlántico Norte se debe a que los estadounidenses utilizan el sector sanitario mucho más frecuentemente que la población de los otros países. Los datos, sin embargo, muestran lo contrario. El número de visitas al médico por habitante durante el año 2012 fue en EEUU de solo 4 visitas, el número más bajo de visitas entre países comparables por su nivel de desarrollo económico. En Australia fue de 6,9 visitas; en Canadá 7,7 visitas; en Dinamarca 4,7 visitas; en Francia 6,7 visitas; en Japón 12,9 visitas; en Reino Unido 5 visitas; y en España 7,4 visitas. España es uno de los países con mayor número de visitas por habitante (fuente: OCDE, Health Care Utilisations and Consultations).
Una situación semejante ocurre en cuanto a la utilización hospitalaria. El promedio de días que los enfermos pasan en el hospital en EEUU es uno de los más bajos en los países de semejante nivel de desarrollo, 4,8 días en el hospital por enfermo, más bajo que en Australia con 5,7 días, que en Francia con 5,6 días, que en Suecia con 8,6 días, y que en España con 6,7 días. No es cierto, por lo tanto, que EEUU gaste mucho más que cualquier otro país debido a que la población utilice más los servicios que en otros países. En realidad, los datos muestran que los utilizan menos, y no más, que aquellos países que tienen financiación pública.
Otro argumento que se utiliza para justificar y/o explicar el elevado gasto sanitario por habitante es el supuesto elevado número de profesionales trabajando en el sector. De nuevo, los datos muestran lo contrario. EEUU es uno de los países con menos profesionales sanitarios, un número que en algunas profesiones, como enfermería, es especialmente bajo. Tiene, por ejemplo, 11,1 enfermeros por cada 1.000 habitantes, un número por debajo del existente en Dinamarca con 16,3, en Alemania con 12,61 y en Noruega con 16,53. En España, por cierto, es incluso más bajo que EEUU. Solo 5,24 enfermeros por 1.000 habitantes, dato que debería considerarse preocupante debido a la enorme importancia que la enfermería tiene para garantizar la atención continuada a la población.
Por último, otra explicación (incorrecta) que se ha dado de este elevado gasto sanitario es el gran porcentaje de la población que tiene más de 65 años, el sector de la población que consume más recursos sanitarios. Pero de nuevo, los datos muestran que EEUU es el país con un porcentaje de personas por encima de los 65 años más bajo. Concretamente, solo el 13,7% de la población son personas de más de 65 años, comparado con Canadá 14,9%, Francia 17,5%, Alemania 20,7%, Italia 20,6%, Japón 24,1%, Suecia 19% y España 17,5%.
Las causas reales del elevado gasto sanitario
La mayor causa de este elevado gasto sanitario en EEUU es la financiación, provisión y gestión privada de la sanidad y la mercantilización de la medicina. La financiación de los servicios médicos y su gestión es primordialmente privada, realizándose a través de las compañías de seguros médicos, que controlan la financiación y gestión del sistema. Y estas compañías son enormemente rentables, habiendo creado una estructura administrativa enorme como resultado del pago por diagnóstico, que conlleva una enorme carga administrativa. Son estas estructuras administrativas (la burocracia privada) las que consumen gran cantidad de recursos, estando los dirigentes de estos conglomerados del aseguramiento privado entre los empresarios mejor pagados del país. El director de una de las compañías de seguros médicos más grandes de EEUU, United Health Group, es un tal Stephen Hemsley, que recibe una compensación de 66 millones de dólares al año (o 254.328 dólares al día). El número de administradores ha crecido desde el año 1990 exponencialmente, mucho más rápidamente que el crecimiento de profesionales en el sector.
Otro sector enormemente rentable –además de las compañías de seguros médicos- es el de la industria farmacéutica, que es la industria que genera mayores beneficios en EEUU.
Características del modelo sanitario liberal: limitadísima eficiencia y eficacia
Además de su enorme carestía, el sistema sanitario estadounidense es sumamente impopular. En realidad, EEUU es uno de los países donde la población está más insatisfecha con el sistema de financiación y organización de las instituciones sanitarias. Al paciente le gusta el médico y el hospital, pero no le gusta nada cómo se financian y cómo se gestionan. El porcentaje de la población estadounidense que está harta de la privatización de la medicina es el más elevado entre los países a ambos lados del Atlántico Norte. Nada menos que el 40% de dicha población desearía un cambio profundo y radical del sistema sanitario, comparado con solo un 12% en Canadá y en el Reino Unido.
Además, a pesar del enorme gasto, la cobertura sanitaria es muy ineficaz. La mercantilización de la medicina determina una sobreutilización de los servicios sanitarios por parte de los profesionales y de las instituciones médicas. EEUU es el sistema sanitario que tiene mayor número de intervenciones quirúrgicas que son inapropiadas y/o innecesarias. Y un indicador que resume dramáticamente el nivel de inhumanidad a la cual llega dicha mercantilización es que el 38% de pacientes con enfermedades terminales (es decir, que se están muriendo) expresan gran preocupación sobre cómo ellos o sus familiares podrán pagar las facturas médicas.
Ante este hecho, ¿cómo es que el sistema sanitario no cambia?
A primera vista, parece una paradoja que la gente no esté satisfecha con el sistema de financiación y gestión privada de la sanidad, y en cambio la clase política no cambie el sistema. En un sistema que se define como democrático tendría que suponerse que la clase política decide e implementa lo que la mayoría de la ciudadanía desea. Pues bien, esto no ocurre en EEUU, donde el proceso electoral también se financia con fondos privados. El Congreso de EEUU está financiado principalmente por aquellos intereses económicos (tales como las compañías de seguros médicos y las industrias farmacéuticas) que consiguen grandes beneficios de financiación de la sanidad. De ahí que el Congreso, que está controlado por tales intereses financieros y económicos, se oponga a esos cambios. La financiación tanto de los servicios sanitarios como del proceso electoral es la nueva expresión, no del famoso mercado, sino de los grupos de poder financiero y económico que controlan el país.
De ahí que sus consecuencias hayan sido y continúen siendo sumamente negativas para la salud y bienestar de las poblaciones expuestas a tales privatizaciones y la calidad de sus instituciones democráticas. La extensión de las privatizaciones que han realizado los partidos conservadores y liberales en España (incluyendo en Catalunya), el PP y Convergència, a los que hay que añadir ahora Ciudadanos, dañará la sanidad española, cuyo mayor problema es su enorme subfinanciación pública. Las voces, próximas al capital financiero –la banca y las compañías de seguro- que constantemente promueven (con la ayuda de las cajas de resonancia que les proveen los medios) la percepción de que el gasto público sanitario es excesivo o satisfactorio, están contribuyendo a mantener una situación que debería considerarse como inaceptable.
* Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
* Crónica agradece al autor poder compartir sus artículos de opinión con nuestros lectores
Este artículo cuestiona la tesis tan extendida de que la elección de Hitler en Alemania se debió a la hiperinflación, argumento que utiliza constantemente el gobierno alemán para justificar sus políticas de austeridad. El artículo muestra que fueron precisamente las políticas de austeridad que llevó a cabo el gobierno alemán en el periodo 1930-1932, y no la hiperinflación, las que llevaron al crecimiento del nazismo y la victoria de Hitler. Finalmente, el artículo señala que los paralelismos con la situación de hoy son sumamente preocupantes.
Una de las razones expuestas con mayor frecuencia para explicar el gran compromiso que el gobierno alemán tiene con las políticas de austeridad y con la rectitud fiscal (exigiendo la eliminación del déficit público en las cuentas del Estado) es el gran temor que el Estado alemán ha tenido históricamente a la inflación, pues se asume que el hecho de que el Partido Nazi ganara las elecciones se debió precisamente al enorme crecimiento de esta, que provocó como respuesta un movimiento de protesta popular, con el crecimiento del nazismo, poniendo a Adolph Hitler en el poder. En esta explicación se asumen varios hechos. Uno, que la supuesta expansión del gasto público y el déficit público había sido la causa del enorme crecimiento de la inflación o hiperinflación. Y dos, que esta última había sido la causa del enfado popular responsable de la victoria electoral del nazismo en Alemania.
Tal explicación está ampliamente generalizada y se utiliza constantemente, no solo por el establishment político-mediático alemán, sino por un gran número de economistas neoliberales que intentan justificar el énfasis del gobierno alemán en la aplicación de tales políticas de austeridad en todos los países de la Eurozona utilizando dicho argumento.
Esta explicación, sin embargo, no se ajusta a la realidad histórica, pues ninguno de los supuestos enunciados al principio son ciertos. Ni el déficit público ni la presunta expansión del gasto público, incluyendo el gasto público social, fueron las causas de la hiperinflación, ni tal hiperinflación fue la razón de que el nazismo creciera, llegando a gobernar Alemania. La hiperinflación fue debida primordialmente a la masiva impresión de moneda por el Estado alemán para poder pagar las reparaciones a los aliados que habían ganado la I Guerra Mundial. Y esta hiperinflación (1921-1923) no fue lo que determinó el crecimiento del Partido Nazi, como ya se ha mencionado, sino que lo fueron las políticas de austeridad (1930-1932), cuando la hiperinflación ya había sido eliminada, y las políticas encaminadas a reducir los salarios (que deterioraron el mercado de trabajo) que llevó a cabo el gobierno de la República alemana, las cuales, tal como ha ocurrido ahora, generaron la protesta popular que llevó al nazismo al poder en el año 1933. Por tanto, no fue la hiperinflación –que ya no existía cuando Hitler fue elegido-, sino las políticas de austeridad (que hoy se definirían como "neoliberales") las que causaron el surgimiento del nazismo. En realidad, es más que preocupante ver los paralelismos que existen entre la aplicación de tales políticas en los años treinta en la República de Weimar y sus consecuencias, incluyendo la pérdida de apoyo popular de las instituciones democráticas y el surgimiento del nazismo, y lo que está ocurriendo ahora, cuando hay un crecimiento de partidos de ideología fascista y nazi en Europa, consecuencia de la aplicación de políticas semejantes. La historia se reproduce casi un siglo más tarde.
¿Cuáles fueron las causas de la hiperinflación?
Veamos los datos. En primer lugar hay que reconocer que la hiperinflación es un problema grave para las clases populares, pues la capacidad adquisitiva de la población disminuye rápidamente al crecer los precios de lo que la gente compra más rápidamente que el nivel de los salarios. De ahí que tal hiperinflación puede generar movimientos de protesta. Pero, como se ha apuntado, esta no fue la causa del crecimiento del Partido Nazi, pues su crecimiento fue en años posteriores al periodo de hiperinflación. El estudio de la evolución económica de Alemania muestra que la hiperinflación en los años 1921-1923 no fue la razón principal del rechazo popular a las instituciones en la República de Weimar. Tal hiperinflación había sido causada por las excesivas demandas que las fuerzas victoriosas al final de la I Guerra Mundial habían impuesto sobre la Alemania perdedora en el conflicto, y que quedaban reflejadas en el Tratado de Versalles. En realidad, la hiperinflación terminó cuando las fuerzas aliadas (bajo la presión del gobierno de la administración federal de EEUU) dejaron de apoyar las medidas sancionadoras y punitivas promovidas por el gobierno francés en contra de Alemania. El economista J.M. Keynes fue la voz más clarividente cuando, en su libro The Economic Consequences of the Peace, alertó de las consecuencias negativas de tales medidas, que él atribuyó no solo al deseo de revancha de Francia y el Reino Unido, sino a su voluntad de apoderarse de la base industrial alemana, así como al deseo de conseguir recursos que estos dos países habían perdido durante la I Guerra Mundial.
El Estado alemán, pues, tomó las medidas para poder pagar lo que se le imponía, que incluyeron primordialmente la impresión y distribución de la moneda alemana, el marco, por parte del Estado alemán. Estas fueron las causas más importantes del crecimiento de la inflación. Pero ésta terminó cuando los aliados acordaron el retraso de los pagos de la deuda pública poseída por los aliados, el Plan Dawes (que iba acompañado de un rescate financiero). EEUU y el Reino Unido, cuyo gobierno cambió (con la retirada de David Lloyd George en el año 1922), prevalecieron sobre el gobierno francés, pues se dieron cuenta de que aquellas sanciones llevarían a Alemania al colapso. Contribuyó también en gran medida al control de la inflación –a partir de 1924- la creación de una nueva moneda, que corrigió la subvaloración del marco (ver los siguientes documentos: "Banking and Monetary Statistics 1914-1941", del Board of Governors of the Federal Reserve System of the US, 1943, y "The Nightmare German Inflation. Special Report", USAGOLD, 1970). En realidad, el Partido Nazi consiguió solo 32 escaños en el Parlamento alemán, el Reichstag, en el año 1924, bajando incluso más, alcanzando solo 12 escaños, en el año 1928. Lo que generó el crecimiento del nazismo fueron las medidas tomadas en los años 30, que pusieron a Hitler en el poder el año 1933.
Las causas reales del crecimiento del nazismo en Alemania
Las derechas alemanas, sin embargo, atribuyeron la hiperinflación a las políticas del gobierno socialdemócrata de la República de Weimar, que había expandido el gasto público social (por ejemplo, en el seguro público de desempleo) para paliar la enorme crisis económica del sistema, forzando a que el Presidente de la República, Paul von Hindenburg, sustituyera al partido socialdemócrata gobernante por el partido católico de derechas, que comenzó a aplicar las políticas de austeridad parecidas a las que la derecha conservadora y liberal ha estado aplicando en España. Fueron estas políticas de austeridad, realizadas en los años 1930-1932 (con recortes del seguro de desempleo, entre otros) las que movilizaron a la clase trabajadora, oponiéndose a ellas y generando un rechazo hacia todo el sistema. Contribuyó a este enfado que el partido socialdemócrata nunca se opusiera a tales políticas, adaptándose, en cambio, a ellas. Casi una copia calcada de lo que está pasando ahora. No fue, pues, la hiperinflación, sino las políticas de austeridad, las que causaron el nazismo. Y esta es la lección histórica que se está ignorando, facilitando la reproducción de los hechos. Hoy el nazismo está creciendo en Europa de nuevo e irá creciendo, sin lugar a dudas, debido a la aplicación de las políticas neoliberales.
El nazismo hoy
Una de las características de este nazismo actual es su profundo nacionalismo, como reacción a una globalización a la cual se atribuyen los daños causados a la clase trabajadora, y que incluye desde el traslado de puestos de trabajo en busca de salarios más bajos a la inmigración procedente de otros países y entornos. Aparece así un profundo sentimiento de hostilidad hacia los inmigrantes, percibidos como causantes de la bajada de salarios y acaparadores de los servicios sociales destinados a las poblaciones vulnerables. Esta situación es explosiva, como podemos ver diariamente en los medios de información.
Esta ideología nazi de protesta surge como resultado de dos hechos. Uno es el rechazo a las políticas impuestas que están dañando el bienestar de las clases populares, aumentando su precariedad y malestar, lo cual explica su rechazo a aquellas instituciones políticas, incluyendo los partidos políticos que habían apoyado anteriormente, lo que constituye el otro hecho. Tales sectores de la clase trabajadora no se sienten representados por los partidos tradicionales arraigados en la clase obrera, al ser percibidos como integrados dentro establishment. Es, pues, el enorme deterioro del bienestar de las clases populares y la falta de respuesta de los partidos de izquierda a sus inquietudes, lo que originó el crecimiento de tales movimientos ayer, y lo que generará su expansión mañana. En realidad, las soluciones son fáciles de ver. Requieren un cambio muy notable de aquellos partidos o la aparición de nuevos que sean antiestablishment, desde una visión progresista, que ofrezcan soluciones (que se definirán como utópicas e irrealizables por tales establishments) que respondan a las inquietudes y deseos de las clases populares. Es fácil de ver que los partidos de siempre tienen ya escasa credibilidad. Así de claro.
* Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
* Crónica agradece al autor poder compartir sus artículos de opinión con nuestros lectores
El crecimiento desmesurado de las desigualdades que ha estado ocurriendo en la mayoría de países a los dos lados del Atlántico Norte ha generado una larga bibliografía académica sobre las causas de este crecimiento. Esta bibliografía, que era ya bastante extensa antes de la Gran Recesión, ha crecido incluso más durante las crisis financieras y económicas de los últimos años que han acentuado todavía más la extensión y la intensidad de tales desigualdades, creando una alarma entre los establishments políticos que gobiernan tales países, por la posible desestabilización política que dicho fenómeno pudiera crear, tal como está ocurriendo en España, uno de los países de la Unión Europea donde el crecimiento de las desigualdades ha sido mayor. Según el último informe de Oxfam, el 1% más acaudalado de la población española concentra tanta riqueza como el 80% más pobre y, por si no fuera poco, veinte personas tienen la misma riqueza que el 30% más pobre de la población. Su patrimonio ha ido aumentando (lo hizo en un 15% el año 2015), mientras que el de la mayoría de la población española, el 99% restante, vio el valor de su patrimonio reducido (en un 14%) durante el mismo periodo. Los presidentes de las empresas del IBEX-35 cobran 158 veces más que el salario medio del país.
Una situación semejante ocurre a nivel mundial, donde, según el mismo informe de Oxfam (y también según el Credit Suisse Global Wealth Data), el 1% de la población, la que tiene más riqueza en el mundo, poseía en el año 2009 el 44% de toda la riqueza mundial, porcentaje que subió al 48% en 2014 y que, siguiendo tal tendencia, llegará a poseer el 50% de la riqueza mundial este año 2016. Otros datos impactantes de tales informes es que los 80 billonarios más ricos del mundo tenían en 2014 un total de 1,9 billones de dólares, que equivale a la riqueza que tenía la mitad de la población mundial, habiendo incrementado la suya un 46% solo en cuatro años (2010-2014), a la vez que la riqueza de la gran mayoría de la población ha ido descendiendo, con lo cual, la distancia entre los súper ricos por un lado y la gran mayoría de la población por el otro ha crecido de una manera muy, pero que muy acentuada.
Las explicaciones más conocidas de las causas del crecimiento de las desigualdades
Una parte muy importante de esta literatura científica quer ha estudiado las desigualdades se ha centrado en describir las tasas de crecimiento de la riqueza poseída por los súper ricos comparándolas con las tasas de crecimiento de la riqueza de todos los demás. El autor más conocido en este tipo de estudios ha sido Thomas Piketty, que basó su análisis del crecimiento de las desigualdades en la evolución de las rentas del capital. Sin desmerecer la enorme importancia de su trabajo, hay que señalar que analizar la evolución de las rentas del capital sin analizar, y todavía menos, sin relacionarlo con la evolución de las rentas del trabajo, constituye uno de los puntos más flacos de su espléndido trabajo (ver mi crítica del libro de Piketty "El porqué de las desigualdades: una crítica del libro de Thomas Piketty 'Capital in the Twenty-First Century'", Público, 15.05.14), pues es imposible entender la evolución de las rentas del capital sin entender la evolución de las rentas del trabajo. Las dos están íntimamente relacionadas, ya que el crecimiento desmesurado de las rentas del capital en los últimos años se ha llevado a cabo a costa del descenso de las rentas del trabajo. La evidencia de ello es abrumadora, clara y potente, y lo que es también claro y convincente es que ha sido precisamente esta redistribución de las rentas, transfiriendo rentas de la mayoría de la población a una minoría, la que ha causado la Gran Recesión, como he detallado en mi reciente libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante, Anagrama, 2015, cuya visibilidad en los mayores medios de información ha sido casi nula.
Hay que redescubrir categorías analíticas olvidadas u ocultadas –como explotación- para entender el crecimiento de las desigualdades
La inmensa mayoría de estudios sobre las desigualdades han evitado, sin embargo, analizar esta relación existente entre la evolución de las rentas del capital y la evolución de las rentas del trabajo, pues este tipo de estudios abre toda una serie de interpretaciones de la realidad, interpretaciones que han sido marginadas, vetadas y excluidas en los círculos y fórums donde la sabiduría convencional en el conocimiento económico se reproduce, fórums donde la minoría de la población beneficiaria de tal redistribución (tales como los propietarios y gestores de las empresas del IBEX-35) es muy influyente. Existe hoy en los mayores fórums de pensamiento económico una marginación de los análisis que utilizan una metodología de estudio y una narrativa que ponen incómodas a tales minorías. Me estoy refiriendo a categorías de análisis como explotación y conflicto de clase, conceptos y términos sistemáticamente silenciados en los medios de mayor difusión y persuasión y que raramente aparecen en los fórums donde la sabiduría convencional se reproduce. Y ello a pesar de que tales categorías analíticas son esenciales para entender el porqué las desigualdades son tan grandes y continúan creciendo.
Veamos los datos. Las políticas neoliberales impuestas desde los años ochenta (a partir de la revolución, o mejor dicho, contrarrevolución neoliberal iniciada por el Presidente Reagan en EEUU y por la Sra. Thatcher en el Reino Unido) no eran ni más ni menos que un ataque frontal del mundo del capital al mundo del trabajo. Lo que ha ido ocurriendo durante estas pasadas décadas ha sido la imposición de políticas públicas encaminadas a aumentar la tasa de explotación del mundo del trabajo por parte del mundo del capital bajo el argumento de que la eficiencia económica necesitaba el aumento de la competitividad, realizada sobre todo a costa del sacrificio del trabajador mediante la bajada de salarios y disminución de su protección social. Y estas medidas han sido altamente exitosas. Como consecuencia, las rentas del trabajo, como porcentaje de las rentas totales han ido disminuyendo en la mayoría de países capitalistas desarrollados. Las rentas del trabajo pasaron a representar del 70% del PIB en EEUU, el 70,4% en Alemania, el 74,3% en Francia, el 72,2% en Italia, el 74,3% en Gran Bretaña, y el 72,4% en España en los años 70, a solo el 63,6% en EEUU, el 65,2% en Alemania, el 68,2% en Francia, el 64,4% en Italia, el 72,7% en Gran Bretaña, y el 58,4% en España en el año 2012. (Para expansión de la evidencia científica que avala esta tesis, ver mi libro citado anteriormente).
Las rentas del capital, por el contrario, se han ido disparando, creando un problema bien conocido en los textos de economía política que se define como overaccumulation, que no es otra cosa que la enorme acumulación y concentración de las rentas del capital obtenidas a costa de la súper explotación de las rentas del trabajo. Ahora bien, esta enorme concentración de las rentas (y de la propiedad, es decir, del capital) y consiguiente crecimiento de las desigualdades, ha creado otro grave problema, pues la mayoría de la demanda que estimula la economía productiva -que es la economía que produce bienes y servicios- procede de las rentas del trabajo (es decir, de la mayoría de la población, que es la que deriva sus ingresos a partir del trabajo). Al disminuir estas rentas del trabajo, disminuye también la demanda doméstica y con ello el crecimiento económico. Y es ahí donde se encuentra la génesis de la Gran Recesión, y también del enlentecimiento de la economía mundial, explicación que raramente aparece en los grandes medios de información y persuasión. Es, pues, el aumento de la tasa de explotación del mundo del trabajo el causante del gran crecimiento de las desigualdades que, a su vez, ha creado la crisis de demanda tan notable que mantienen las economías estancadas, y cuya máxima expresión se ve en la Eurozona, la parte del mundo capitalista desarrollado occidental que ha estado estancada durante más tiempo.
¿Cómo intenta el capital resolver el estancamiento económico?
El mundo del capital (lo que antes se llamaba la clase capitalista y ahora se presenta como el 1%) es consciente de que esta situación, inducida por las políticas neoliberales impuestas a la población desde los años ochenta, está creando un grave problema político para el sistema capitalista, pues tal explotación puede generar una respuesta de protesta que puede amenazar la propia viabilidad del sistema. La polarización de la vida política a los dos lados del Atlántico Norte es un síntoma claro de ello. El pánico (y la consiguiente represión que le acompaña) que el establishment político europeo ha mostrado frente a opciones políticas opuestas a la aplicación de las políticas neoliberales es un ejemplo de ello. Pero hay otro problema -este de carácter económico- que tiene que ver con el estancamiento económico y que fuerza al mundo del capital a buscar nuevas áreas de inversión para mantener su rentabilidad elevada. De ahí que las empresas privadas vayan expandiéndose en nuevas actividades. Tres de ellas, merecen especial atención.
Una es la expansión de la militarización de la economía, con la continuación de una guerra global que aparece en muchas áreas de conflicto bélico a la vez. Tal militarización incluye los sistemas no solo de armamento, sino también de seguridad y de represión, jugando un papel clave en el intento de estimular la economía mediante los gastos en armamento, en sistemas de seguridad y en un largo etcétera.
La segunda área es la de la privatización de los servicios y transferencias públicas, que engloban desde las pensiones a la sanidad, la educación y otros servicios públicos del Estado del Bienestar. Todas estas intervenciones requieren de un mayor protagonismo por parte de las esferas económicas y financieras privadas, a costa de los espacios públicos. Los tratados de libre comercio TTIP y TPP son elementos clave de esta estrategia.
Y la tercera área de intervención es la especulación financiera, que ha adquirido unas dimensiones no conocidas anteriormente, y que ha requerido una enorme desregulación de la movilidad de capitales, que continuará y que determinará pronto una crisis incluso mayor que la que hemos experimentado durante la Gran Recesión.
Cada una de estas tres intervenciones incrementa todavía más las desigualdades. La militarización de la economía estimula la acumulación y concentración del capital, como también ocurre con la privatización de los servicios y transferencias públicas. Y un tanto igual ocurre con las transferencias de fondos públicos a las empresas privadas en el pago de la deuda pública y en los rescates de las empresas financieras, colapsadas debido a su comportamiento especulativo.
Los límites de las propuestas que se están considerando para reducir las desigualdades
A la luz de estos hechos, hay que analizar las soluciones que se están proponiendo por aquellos autores más sensibles a la necesidad de reducir las desigualdades, tales como Thomas Piketty, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Jeffrey Sachs y Anthony Atkinson, entre otros. Estos autores han propuesto el incremento de la gravación impositiva a las rentas del capital, la expansión de la fiscalidad progresiva, el crecimiento de la protección social y del gasto público social, así como un aumento de las rentas del trabajo y la prohibición de los paraísos fiscales. Tales medidas son muy necesarias y deben realizarse urgentemente, pero, sin embargo, son también insuficientes, pues dejan tal como están las causas reales de las desigualdades, que, como he subrayado, son las relaciones de propiedad del capital en cada sociedad, origen de tales desigualdades. No se puede intentar corregir las desigualdades sin alterar y cambiar las relaciones de propiedad del gran capital, dejándolo en manos privadas, es decir, en manos de la minoría –los súper ricos- que continuará ejerciendo un enorme poder, no solo económico, sino también político y mediático en cada una de estas sociedades. Dicha minoría continuará acumulando su riqueza a través del proceso de sobreacumulación (que está basado en explotación), que podrá modificarse y reducirse a través de las medidas redistributivas citadas anteriormente, pero sin eliminarlo. De ahí que, además de aquellas necesarias intervenciones, se deberían también considerar intervenciones públicas encaminadas a cambiar los sistemas de propiedad de los medios de producción, distribución y especulación, tema muy olvidado y abandonado en los programas de los partidos de izquierda, hoy en la mayoría de países a los dos lados del Atlántico Norte, que parecen haber olvidado que sin alterar tales relaciones de propiedad difícilmente se cambiarán las bases de la explotación, causa primordial del crecimiento de la desigualdad.
De esta lectura se deduce que aquellas medidas redistributivas deberían expandirse para incluir también medidas de apropiación, no solo de las rentas del capital, sino del propio capital, a través de su trasvase y transformación en propiedad pública, empezando por sectores claves del capital financiero y del sector energético. Las reservas mentales y políticas que amplios sectores de las izquierdas tienen hacia la estatificación de la propiedad, no deberían excluir la posibilidad de integrar elementos importantes del sector financiero y energético –entre otros- en el sector público, que permitiera romper el enorme dominio que el mundo del capital ejerce sobre los Estados, facilitando así su democratización, condición indispensable para la reducción de las desigualdades.
* Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
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El movimiento de los indignados –el 15M- en España tuvo una gran influencia internacional e inspiró movimientos similares en otros países, como el Occupy Wall Street (OWS) en EEUU. Ni que decir tiene que otros hechos internacionales y nacionales contribuyeron también a que apareciera tal movimiento que denunció al establishment político-mediático de aquel país, presentándolo como un mero instrumento de la élite financiero-económica (que el Premio Nobel Joseph Stiglitz había definido como el 1% de la población), que ejerce una excesiva influencia en la gobernanza del país.
La enorme crisis conocida como la Gran Recesión, resultado de la aplicación de las políticas neoliberales a ambos lados del Atlántico Norte, había creado un enorme malestar popular que el OWS canalizó. A partir de los años 2011 y 2012, aparecieron en muchas ciudades estadounidenses acampadas en numerosas plazas públicas, en donde se denunciaba la enorme concentración de las riquezas y de las rentas en EEUU, con el consecuente crecimiento de las desigualdades y el deterioro del bienestar de la gran mayoría de la población estadounidense. Tal deterioro era consecuencia de la aplicación de políticas públicas que facilitaron la concentración de la riqueza y de las rentas, favoreciendo a las rentas derivadas de la propiedad del capital a costa de las rentas procedentes del mundo del trabajo. El OWS presentó tales hechos como la lucha de clases del siglo XXI, es decir la lucha del 1% más rica en contra del bienestar del 99% restante, confirmando lo que había reconocido nada menos que una de las personas más ricas de EEUU, el Sr. Warren Buffet, cuando indicó que tal lucha era "la victoria de la élite de billonarios a costa de todos los demás". Este movimiento, el OWS, definía Wall Street, el centro financiero de EEUU, como el centro del poder económico, político y mediático del país, base del 1% de la población más rica de EEUU.
El impacto del OWS en EEUU fue, como el del 15M en España, enorme, situando el tema de las desigualdades en el centro del debate político. Ni que decir tiene que la primera reacción del establishment político-mediático fue intentar reprimir tal movimiento, incluso físicamente. Las avalanchas policiales frente a los campamentos fueron especialmente brutales en Nueva York y en Boston. Y, como era de suponer, los mayores medios de comunicación –altamente influenciados por el capital financiero- intentaron desacreditarlo. Pero la insistencia y el espíritu de lucha y compromiso de tal movimiento, así como la enorme simpatía popular que creó, forzaron a que el tema de las desigualdades pasara a centrar la atención mediática, hasta tal punto que el Presidente Obama tuvo que reconocer que "el escandaloso crecimiento de las desigualdades era el mayor problema existente en EEUU". Tanto en The New York Times como en el Washington Post, la palabra "desigualdades" a partir de aquellas manifestaciones apareció con mucha mayor frecuencia, gracias a la aparición del OWS.
La creciente popularidad del socialismo
Estas movilizaciones ayudaron, en EEUU, a desacreditar y a deslegitimar las instituciones políticas, llamadas democráticas, a las que se percibía como meros instrumentos de los grandes grupos financieros y económicos dominantes. La aplicación de las altamente impopulares políticas neoliberales estaba alterando la visión generalizada anterior al inicio de la crisis, de que "EEUU era el país de las grandes oportunidades". La realidad mostraba que ello no era cierto, y ya en diciembre de 2011, una encuesta de la altamente respetada compañía de encuestas PEW mostraba que el 49% de las jóvenes de EEUU (de 18 a 29 años) tenían una opinión favorable del socialismo, un porcentaje superior al de los que la tenían favorable del capitalismo (el 46%). También lo que era muy interesante es que el 55% de los ciudadanos afroamericanos y el 44% de hispanos y latinos eran favorables al socialismo (en contraste con tan solo el 24% de blancos). Otra encuesta elaborada por el mismo centro durante el mismo mes mostraba que el 77% de estadounidenses (incluyendo el 53% de los Republicanos, la derecha de EEUU) creían que había en EEUU una excesiva concentración de poder en manos de un grupo muy minoritario de la población y de un número muy reducido de grandes empresas transnacionales, basadas en EEUU pero distribuidas por todo el mundo.
El candidato socialista a la Presidencia de EEUU
Es en este contexto en el que apareció, como candidato a la Presidencia de EEUU, una persona conocida desde hace muchos años (durante su carrera política en un Estado, Vermont, paradójicamente rural y muy conservador) como socialista, sin que nunca ocultara su compromiso político con el socialismo democrático. Y lo más llamativo de esta persona, Bernie Sanders, es que era uno de los dos senadores que representaban aquel Estado de Vermont (antes fue alcalde de Burlington, la ciudad más grande de ese Estado, y más tarde fue elegido representante de Vermont, cargo que ocupó desde 1990 hasta 2006, año en el que fue designado senador). Lejos de presentar una imagen defensiva, el senador Sanders siempre ha sido conocido como un crítico acérrimo del capitalismo estadounidense y de las instituciones llamadas democráticas, excesivamente instrumentalizadas e influenciadas por las grandes empresas y corporaciones conocidas en EEUU como la Corporate Class, y que Sanders define como la "élite de billonarios". Su gran punto de referencia es Eugene Debs, el dirigente socialista que fue candidato para la Presidencia de EEUU cinco veces durante el periodo 1900-1920, y que preside su despacho en el Senado. Lejos de presentar el socialismo como una sensibilidad foránea y no estadounidense, Sanders acentúa que la gran mayoría de intervenciones federales, altamente populares, que han mejorado el bienestar de la población estadounidense desde el New Deal del Presidente Roosevelt hasta las conquistas laborales, civiles y políticas de los años sesenta y setenta han sido diseñadas o influenciadas por socialistas.
Uno de sus grandes retos ha sido neutralizar la propaganda procedente de los grupos más reaccionarios del país (como la Heritage Foundation), promotores de la Guerra Fría, que incluso hoy, están intentando presentar el socialismo como equivalente al estalinismo. Sanders ha clarificado (procurando con ello diluir la imagen que de él intenta presentar la también candidata para la Presidencia de EEUU, Hillary Clinton) que su objetivo no es ni nacionalizar los grandes medios de producción ni la tienda de comercio de la esquina. Los puntos de referencia que utiliza Sanders son los países escandinavos, habiéndose referido a Dinamarca Y Suecia como una "experiencia especialmente interesante" e "incluso relevante" para EEUU, lo cual ha sido criticado por la Sra. Clinton, que ha señalado que EEUU no es ni Dinamarca ni Suecia. El senador Bernie Sanders, admirador de Olof Palme, el asesinado primer ministro socialdemócrata sueco (1982-1986), se define como socialista convencido y orgulloso de pertenecer a esta tradición política enraizada también en la historia de EEUU. Otras voces críticas de Sanders, como la del diario Huffington Post, han ido incluso más allá y han intentado desacreditarlo al identificarlo como el Hugo Chávez de EEUU, comentario hecho sin ninguna intención positiva y laudatoria.
Ni que decir tiene que grupos izquierdistas también han intentado desacreditarlo, presentándolo como no suficientemente revolucionario o como un socialdemócrata tradicional (observación que intenta ser insultante), que solo "intenta humanizar el capitalismo", expresión característica de elementos muy minoritarios, sin apoyo popular, y de carácter predominantemente testimonial y nula incidencia política, ignorando que el socialismo no es un proyecto que ocurre el año A y día D (la famosa toma del Palacio de Invierno), sino que se construye o destruye diariamente, con medidas políticas públicas que distribuyen los recursos según las necesidades de la población, recursos que son financiados según las habilidades y capacidades de cada ciudadano, atendiendo al principio de "a cada uno según su necesidad, de cada uno según su capacidad".
La mayoría de las izquierdas, sin embargo, incluyendo la mayoría del movimiento OWS lo apoya, trabajando activamente en su programa. El intelectual más conocido dentro de la izquierda estadounidense, mi amigo Noam Chomsky, lo ha apoyado, pues su candidatura está movilizando a muchísima gente. Y si esta movilización continúa y puede mantenerse después de las elecciones, el movimiento podría convertirse en el movimiento popular que facilitaría la necesaria transformación de aquel país.
¿Puede ser un socialista el nuevo Presidente de EEUU?
Ni que decir tiene que las posibilidades de que Sanders pueda ganar son muy limitadas debido al enorme control que los aparatos del Partido Demócrata tienen sobre la campaña electoral. Además, la privatización del proceso electoral en EEUU, así como la falta de regulación de los medios de información en cuanto a la emisión de propaganda electoral (el candidato puede comprar tanto tiempo mediático como quiera y pueda según el dinero que obtenga) hace difícil conseguir la exposición mediática del mensaje socialista en EEUU. La campaña de Sanders está financiada con pequeñas donaciones sin ningún apoyo de las grandes compañías. Ha conseguido hasta ahora 42 millones de dólares (frente a los 120 millones de Hillary Clinton) procedentes de 681.000 donantes.
Se argumenta también, con cierta razón, que aunque ganara (caso poco probable), el Congreso no le permitiría hacer los cambios necesarios. Ahora bien, hay que ser conscientes de que la gran movilización que su campaña ha causado ha tenido un efecto considerable en el sentido de que ha aumentado sustancialmente el apoyo hacia el socialismo, rompiendo el tabú que existía hacia tal sensibilidad política. En realidad, la última encuesta del New York Times/CBS Poll (Noviembre, 2015) muestra que el 56% de los miembros del Partido Demócrata que participarán en las primarias de tal partido tienen una opinión favorable del socialismo, y solo el 29% la tienen negativa. Lo que es también muy importante es que su apoyo entre la clase trabajadora blanca ha estado creciendo a costa del votante trabajador al Sr. Donald Trump, el candidato ultraderechista republicano con tintes fascistas. Los sindicatos progresistas en EEUU lo apoyan, aunque la federación mayoritaria sindical (AFL-CIO) no haya tomado partido entre Hillary Clinton y Bernie Sanders. Ahora bien, lo que es más importante es que el propio Bernie Sanders ha acentuado la "necesidad de no limitarse solo a las campañas electorales, consciente de que el cambio no ocurrirá a no ser que exista un movimiento comprometido en ir más allá que el proceso electoral, estableciéndose así un movimiento político-social".
Ni que decir tiene que hay también algunas áreas en las que la candidatura de Sanders es limitada, incluyendo algunas de las políticas que ha apoyado, y otras que no. Entre estas últimas está su resistencia a recuperar para el sector público empresas privatizadas (como bancos rescatados con fondos federales). En este aspecto, su mayor énfasis es en la redistribución de los recursos más que en cambiar las relaciones de propiedad. Pretende alcanzar la redistribución mediante el aumento sustancial de la carga fiscal a las rentas superiores y a las rentas del capital; aumento del nivel salarial subiendo el salario mínimo (a 15 dólares por hora frente a los 12 dólares que propone Hillary Clinton); facilitando la sindicalización de la fuerza laboral para aumentar los salarios, hacer una inversión masiva para mejorar las infraestructuras del país (de 1 billón de dólares en cinco años) y reconvertir la economía pasándola de basarse en las energías fósiles a basarse en las energías renovables, medidas todas ellas que tendrían un enorme impacto positivo en el bienestar de las clases populares. Por todo ello, y sin desmerecer algunas de las críticas que se le han hecho, el hecho es que, como Chomsky ha indicado, Sanders ha abierto un nuevo espacio que ofrece posibilidades y que puede contribuir a un muy necesario cambio en EEUU.
* Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
* Crónica agradece al autor poder compartir sus artículos de opinión con nuestros lectores
Este artículo analiza un componente de la economía cooperativa que ha tenido un impacto muy negativo en la calidad de vida tanto de los trabajadores como de los usuarios y vecinos afectados por tal tipo de actividad económica, un tema de gran importancia con escasa visibilidad mediática.
Una de las consecuencias de la aplicación de las políticas neoliberales (que han incluido reformas laborales responsables del descenso de los salarios y del aumento de la precariedad de los puestos de trabajo, así como recortes de gasto y empleo públicos) ha sido la reducción muy notable de la capacidad adquisitiva de grandes sectores de la población, forzados a intentar obtener más ingresos para poder mantener su nivel de vida. Una de las maneras de conseguirlo es alquilando su coche o su vivienda. Un ejemplo de ello son los "taxistas" a tiempo libre, sin que, en realidad, sean taxistas, es decir, sin pertenecer a una corporación o asociación profesional que las autoridades públicas hayan autorizado para realizar esta función. En esta nueva actividad, es la persona propietaria de un automóvil la que –a través de una asociación mercantil que promueve tal tipo de prácticas- se ofrece a utilizar su propio coche para llevar a pasajeros de un lugar a otro. Es lo que usted, lector, conocerá como el negocio de Uber. Y aparentemente es muy fácil. Usted, propietario del coche, se pone en contacto con la compañía para ofrecerse a que cuenten con usted cuando lo necesiten. El usuario contacta con la compañía cuando necesita tal servicio, y esta le envía al supuesto taxista. Es, en realidad, como si utilizara un taxi, pidiéndolo a través de una aplicación del teléfono y siendo recogido por un taxi donde usted quiera. Ahora bien, hay una gran diferencia entre un taxi y un coche de Uber. En el segundo caso es una relación individual entre el propietario del coche y la compañía, que lo pone en contacto con el usuario. Naturalmente que esta compañía que pone a los dos –al propietario del coche y al usuario- en contacto cobra una cantidad de donde saldrá el pago al propietario, dependiendo del número de servicios. Esta compañía se ha extendido enormemente y representa ahora a nivel mundial un negocio de 40.000 millones de dólares.
En teoría la idea parece excelente y encaja en la filosofía neoliberal de favorecer el mercado, poniendo en contacto directamente al proveedor con el usuario o consumidor. Los economistas neoliberales aman este planteamiento y lo promueven. Y puesto que la población está quejosa, con razón, de las dificultades de encontrar taxis en ciertos momentos del día o de la semana, este nuevo sistema se está extendiendo en Europa y en Norteamérica.
Ahora bien, este sistema de economía mal llamada cooperativa tiene un grave problema que deriva del hecho que los trabajadores, es decir, los taxistas –que no son en realidad taxistas-, actúan de forma individual en sus negociaciones con las empresas Uber, con lo cual su capacidad de negociación es nula. Y por lo tanto, sus salarios y su protección y beneficios sociales son bajísimos o inexistentes. De esta manera, estas compañías se saltan y eliminan todas las conquistas laborales que habían obtenido los colectivos de taxistas. Es así como, de esta manera, los salarios continúan bajando y la protección social continúa desapareciendo. El supuesto taxista ingresa mucho menos dinero que el taxista real. Y el usuario, aunque en ocasiones –no siempre- puede que pague menos, está menos cubierto en cuanto a riesgos, pues el seguro proveído por la compañía Uber es mucho menor que el que ofrece una compañía normal de taxis.
Los pisos turísticos: otro deterioro de los servicios en la economía supuestamente cooperativa
Una situación casi idéntica está ocurriendo con los pisos turísticos. Personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes, que son propietarias de pisos, los alquilan por días, por semanas o por meses a los turistas, que en lugar de ir a hoteles, van a estos pisos que son mucho más baratos. De nuevo, una compañía pone en contacto a los propietarios con los turistas. Y de nuevo parece un arreglo que en teoría aparenta ser razonable, ofreciendo a unos cuantos propietarios la posibilidad de conseguir algún dinero y permitir, por otra parte, a un turista pagar menos que por la vía normal, el hotel.
El problema (y es un problema de grandes dimensiones) es que el vecindario de aquel piso turístico paga un enorme coste en incomodidades, ruidos, suciedad o lo que fuera, durante todo el año, como bien saben los vecinos de la Barceloneta (el barrio portuario en la ciudad de Barcelona). El propietario no ofrece los servicios que provee un hotel, ni tiene que tener las condiciones o cumplir con las exigencias que se le piden al hotel. Es, como en el caso de Uber, una relación individual entre el propietario y el consumidor, a través de una compañía que no requiere ningún tipo de aseguramiento o inversión en la protección del vecindario o del usuario. En realidad, los pisos turísticos son una amenaza para los vecindarios, pues es la extensión a nivel colectivo de los costes e inconvenientes del turismo. Los ayuntamientos progresistas deberían prohibirlo.
Este tipo de economía mal llamada cooperativa es resultado de la enorme desregulación de la actividad económica, saltándose así tanto las conquistas sociales como la protección al consumidor que la sociedad ha ido conquistando, con la excusa de que se abaratan los servicios y se estimula la actividad económica. Es obvio que lo que tiene que hacerse es contrario a lo que se hace. Regular más la promoción de servicios por parte de las autoridades públicas, a fin de proteger tanto a los usuarios como a los vecinos. Ni que decir tiene que hay muchos elementos positivos de economía cooperativa. Ahora bien, es importante subrayar los peligros que la expansión de esta dimensión económica pueda tener, si se saltan los derechos de los trabajadores y de los usuarios conseguidos a base de luchas y presiones tanto sindicales como vecinales.
* Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
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Lo que vimos anteayer en las elecciones legislativas fue un ejemplo de lo enormemente injusta que es la Ley Electoral española, sesgada a favor del bipartidismo y a favor de las fuerzas conservadoras que jugaron un papel clave en su diseño. En un artículo reciente (“Le llaman democracia (en España, incluyendo Catalunya) pero no lo es”, Público, 23.11.2015) mostré lo profundamente sesgado que es el proceso electoral en España, que favorece sistemáticamente a las derechas en este país, discriminando claramente a favor de unos territorios y de unas clases sociales a costa de otros territorios y de otras clases sociales. Como consecuencia de ello, en todas las elecciones generales durante el periodo democrático desde 1977 a 2008, la suma de los votos a partidos de izquierdas ha sido muy superior a la suma de los votos a partidos de derechas (excepto en 1977, en 1979 y en 2000, debido este último, en parte, al gran aumento de la abstención). Señalé en aquel artículo que la ventaja de los votos de izquierda sobre los votos de derecha fue de más de dos millones y medio en 1982, de casi dos millones y medio en 1986, de menos de dos millones en 1989 y en 1992, de más de un millón en 1996, de menos de dos millones en 2004, y de casi un millón y medio en 2008. A pesar de ello, las izquierdas han gobernado con mayoría parlamentaria solo durante el periodo de 1982 a 1993 y el periodo de 2004 a 2008.
Una situación idéntica ocurrió en las elecciones legislativas de anteayer. Sumando todos los votos de los partidos de izquierdas (PSOE, Podemos y sus aliados, IU-UP, ERC y Bildu) obtendrían casi un millón de votos más que la suma de los de los partidos de derechas (PP, Ciudadanos, Democràcia i Llibertat y PNV). En realidad, si España tuviera una Ley Electoral proporcional, es decir, que la asignación de escaños fuera proporcional al número de votos, hoy las izquierdas alcanzarían casi la mayoría absoluta. Es más, si Podemos hubiera ido en coalición con IU-UP (como lo hizo en Catalunya y en Galicia), tal coalición habría sido (en un sistema proporcional) la segunda (en lugar de la tercera) opción política más votada, con un número de escaños mucho más cercado al PP, reforzando a las izquierdas considerablemente. En cambio, en el sistema actual (y tal como los fundadores de la Ley Electoral lo diseñaron), las derechas estarán claramente sobrerrepresentadas en las Cortes Españolas, continuando con el sesgo conservador del Estado español, que contrasta con el carácter progresista de su población y que explica su creciente rechazo hacia él. El eslogan del 15-N “no nos representan” continúa todavía aplicable a estas Cortes en las que, como siempre, las derechas están sobrerrepresentadas. El enorme subdesarrollo social del Estado español y su carácter uninacional, poco sensible a la plurinacionalidad de este país, están basados en este hecho. He escrito extensamente sobre estos puntos en mis libros Bienestar Insuficiente, Democracia incompleta. De lo que no se habla en nuestro país, Anagrama 2002, y en El Subdesarrollo Social de España. Causas y consecuencias, Anagrama 2006.
El origen histórico de este sesgo tiene poco que ver con la Ley d’Hondt. Tiene que ver con la Transición inmodélica
Como he indicado repetidamente, el origen de este sesgo de la Ley Electoral se basa en la manera tan desequilibrada y poco modélica en que se hizo la Transición. El enorme poder de las derechas en aquel proceso de Transición, (que dominaban el aparato del Estado y la mayoría de los medios de información y persuasión) fue el origen de aquella Ley muy poco proporcional. En realidad, el primer borrador de tal Ley, dando enorme protagonismo a las provincias, fue redactado por el movimiento fascista –el Movimiento Nacional- y su aprobación por el gobierno español pre-democrático fue la condición exigida por tal movimiento para su disolución. El gobierno Suárez recogió tal propuesta y la hizo suya con el objetivo –tal como reconocieron y escribieron los Sres. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Leopoldo Calvo Sotelo- de discriminar a la clase trabajadora, base electoral del temido Partido Comunista. El PSOE se adaptó a esta Ley, viendo que, al favorecer al bipartidismo le beneficiaba a él también, aunque en menor grado que al PP. En Catalunya, cuando el President Pujol consiguió el derecho a desarrollar su propia Ley Electoral, no la cambió ni un ápice, pues también favorecía a las zonas conservadoras sobre las progresistas, siendo una de las causas de su largo mandato.
De ahí que el cambio de la Ley Electoral sea uno de los elementos a los que más se resistan los que se han beneficiado de la escasa representatividad del sistema definido como “democrático español”. España habría estado gobernada más a la izquierda por partidos o coaliciones de partidos si España hubiera tenido un sistema proporcional. Como he indicado en otro artículo reciente (“Franco ganó la guerra, la postguerra y la transición”, Público, 26.11.2015) Franco dejó bien atado el sistema, y las consecuencias todavía se sienten hoy, resultado de que no hubo una ruptura si no una adaptación del estado dictatorial al estado actual, sin cambiar el enorme dominio de las fuerzas conservadoras en él. Así de claro.
Una situación idéntica ocurrió en las elecciones legislativas de anteayer. Sumando todos los votos de los partidos de izquierdas (PSOE, Podemos y sus aliados, IU-UP, ERC y Bildu) obtendrían casi un millón de votos más que la suma de los de los partidos de derechas (PP, Ciudadanos, Democràcia i Llibertat y PNV). En realidad, si España tuviera una Ley Electoral proporcional, es decir, que la asignación de escaños fuera proporcional al número de votos, hoy las izquierdas alcanzarían casi la mayoría absoluta. Es más, si Podemos hubiera ido en coalición con IU-UP (como lo hizo en Catalunya y en Galicia), tal coalición habría sido (en un sistema proporcional) la segunda (en lugar de la tercera) opción política más votada, con un número de escaños mucho más cercado al PP, reforzando a las izquierdas considerablemente. En cambio, en el sistema actual (y tal como los fundadores de la Ley Electoral lo diseñaron), las derechas estarán claramente sobrerrepresentadas en las Cortes Españolas, continuando con el sesgo conservador del Estado español, que contrasta con el carácter progresista de su población y que explica su creciente rechazo hacia él. El eslogan del 15-N “no nos representan” continúa todavía aplicable a estas Cortes en las que, como siempre, las derechas están sobrerrepresentadas. El enorme subdesarrollo social del Estado español y su carácter uninacional, poco sensible a la plurinacionalidad de este país, están basados en este hecho. He escrito extensamente sobre estos puntos en mis libros Bienestar Insuficiente, Democracia incompleta. De lo que no se habla en nuestro país, Anagrama 2002, y en El Subdesarrollo Social de España. Causas y consecuencias, Anagrama 2006.
El origen histórico de este sesgo tiene poco que ver con la Ley d’Hondt. Tiene que ver con la Transición inmodélica
Como he indicado repetidamente, el origen de este sesgo de la Ley Electoral se basa en la manera tan desequilibrada y poco modélica en que se hizo la Transición. El enorme poder de las derechas en aquel proceso de Transición, (que dominaban el aparato del Estado y la mayoría de los medios de información y persuasión) fue el origen de aquella Ley muy poco proporcional. En realidad, el primer borrador de tal Ley, dando enorme protagonismo a las provincias, fue redactado por el movimiento fascista –el Movimiento Nacional- y su aprobación por el gobierno español pre-democrático fue la condición exigida por tal movimiento para su disolución. El gobierno Suárez recogió tal propuesta y la hizo suya con el objetivo –tal como reconocieron y escribieron los Sres. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Leopoldo Calvo Sotelo- de discriminar a la clase trabajadora, base electoral del temido Partido Comunista. El PSOE se adaptó a esta Ley, viendo que, al favorecer al bipartidismo le beneficiaba a él también, aunque en menor grado que al PP. En Catalunya, cuando el President Pujol consiguió el derecho a desarrollar su propia Ley Electoral, no la cambió ni un ápice, pues también favorecía a las zonas conservadoras sobre las progresistas, siendo una de las causas de su largo mandato.
De ahí que el cambio de la Ley Electoral sea uno de los elementos a los que más se resistan los que se han beneficiado de la escasa representatividad del sistema definido como “democrático español”. España habría estado gobernada más a la izquierda por partidos o coaliciones de partidos si España hubiera tenido un sistema proporcional. Como he indicado en otro artículo reciente (“Franco ganó la guerra, la postguerra y la transición”, Público, 26.11.2015) Franco dejó bien atado el sistema, y las consecuencias todavía se sienten hoy, resultado de que no hubo una ruptura si no una adaptación del estado dictatorial al estado actual, sin cambiar el enorme dominio de las fuerzas conservadoras en él. Así de claro.
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Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad
Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
* Crónica agradece al autor poder compartir sus artículos de opinión con nuestros lectores
Este artículo toca un tema del que no se ha hablado en los mayores medios de información y que constituye un escándalo, tal como han reconocido varios medios extranjeros. El Estado español está utilizando los fondos públicos de las pensiones para comprar la deuda pública generada por el rescate a la banca, entre otros gastos. Es sorprendente el silencio ensordecedor que ha habido sobre este tema en este país.
La banca privada está sobredimensionada en España, y eso es algo que tiene consecuencias muy negativas para la economía de este país, puesto que ocupa un espacio demasiado grande dentro de ella. En realidad, y en términos proporcionales, el sector bancario español es mayor que el sector bancario de EEUU, y en consecuencia, ha estado consumiendo un número excesivo de recursos que podrían haberse aplicado a otras actividades más necesarias. Y para complicar todavía más las cosas, sus inversiones, en lugar de dirigirse a una función pública como es la oferta de créditos a las familias y a las pequeñas y medianas empresas (que son las que crean más empleo en este país), se han centrado en la historia reciente en actividades especulativas, como en el sector inmobiliario, creándose las burbujas que llevan tal nombre, con las consecuencias tan negativas que todos conocemos. Todo el mundo es consciente de que la crisis financiera ha tenido un impacto muy dañino para la economía española.
Una de las causas de este sobredimensionamiento de la banca privada es su enorme influencia (que alcanza en ocasiones categoría de control) sobre las instituciones políticas y mediáticas de este país. En parte, esta influencia se ejerce a través del endeudamiento de tales instituciones, haciéndolas muy vulnerables al ejercicio de la presión bancaria. Cuando Juan Torres, Alberto Garzón y yo escribimos el libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España (2011), la editorial que iba a publicarlo, próxima a El País, nos pidió que elimináramos secciones del libro críticas con la banca privada porque estaban en proceso de renegociación de su deuda y no querían que aparecieran estas críticas en un momento delicado de dichas negociaciones. Al negarnos a esta revisión, se canceló la publicación del libro, y tuvimos que recurrir a una editorial mucho más pequeña a fin de poder publicarlo. Ello es un ejemplo, de los miles que existen, de que una consecuencia de la excesiva influencia de tales instituciones financieras en los medios de información y persuasión en este país, es que estos están (en la Unión Europea) entre los menos variados ideológicamente y menos críticos de la estructura del poder económico, centrada en el capital financiero. Como he indicado en varias ocasiones, estamos alcanzando una falta de diversidad ideológica alarmante para un país que se define como democrático.
El silencio de los medios sobre el asalto al Fondo de Reserva de Pensiones de la Seguridad Social por parte del gobierno Rajoy y sus amigos de la banca
Uno de los ejemplos de la abusiva influencia política de la banca privada en España es lo que está ocurriendo con el Fondo de Reserva de las pensiones de la Seguridad Social. Este Fondo, que se estableció en 1997 y se inició en el año 2000, tenía como objetivo ir acumulando una reserva de dinero procedente de las cotizaciones sociales, generado en momentos de bonanza y crecimiento económico, de manera que el superávit que se iba generando en el proceso álgido de la economía sirviera para cubrir los déficits que pudieran aparecer en momentos de recesión.
Este fondo llegó a alcanzar la cifra más que respetable de 66.815 millones de euros en 2011. Ahora bien, desde entonces, el gobierno del PP (el partido más próximo a la banca privada que haya gobernado España durante el periodo democrático) sacó más y más dinero de este Fondo de Reservas (7.003 millones en 2012, 11.648 millones en 2013 y 15.300 millones en 2014) con la intención de ir pagando las pensiones, pues no se estaba ingresando suficiente dinero a la Seguridad Social, como consecuencia de las políticas impuestas a la población (y digo impuestas, pues no estaban en la oferta electoral de los partidos gobernantes, el PSOE y el PP) por los gobiernos españoles presididos por el Sr Zapatero y por el Sr. Rajoy. Estas políticas, tales como las reformas laborales aprobadas por ambos gobiernos, produjeron un descenso del número de cotizantes a la Seguridad Social (debido al aumento del desempleo) y una disminución de las cotizaciones sociales (consecuencia del descenso de los salarios, creado también por tal reforma laboral), provocando un problema devastador para las pensiones públicas que el gobierno Rajoy intentó paliar recurriendo al Fondo de las Pensiones de la Seguridad Social, sustrayendo las cantidades citadas. Ni que decir tiene que cualquier dificultad que tengan las pensiones públicas es causa de alegría para la banca que está intentando convencer a la población de que estas pensiones no son sostenibles (que quiere decir que el Estado no podrá pagarlas), a fin de que se vayan corriendo al banco más próximo a hacerse un plan privado de pensiones (que incidentalmente ha tenido un índice de colapsos muy superior al de otras inversiones financieras).
Lo que los medios de información y persuasión no han dicho sobre el Fondo de las Pensiones Públicas
Ahora bien, lo que los mayores medios de información no han comunicado a la población española es el enorme escándalo –denunciado por la prensa extranjera, pero no por la española- que significa que el dinero acumulado en el Fondo General de las Pensiones (que incluye el Fondo de Reservas citado en la sección anterior) ha facilitado que el Estado español haya podido rescatar a los bancos. Me explico.
Cuando, como resultado de las inversiones especulativas de la banca privada, la burbuja inmobiliaria (que absorbió una enorme cantidad de recursos) estalló, la banca privada estaba a punto de colapsar. Pero debido a la enorme influencia de la banca, el Estado la rescató, realizando el mayor programa de beneficencia que el Estado español haya llevado a cabo en su historia. El Estado español, que en teoría –pero no en la realidad- nos representa a usted, lector, y a mí, se gastó nada menos que la friolera cantidad de 61.000 millones de euros para rescatar la banca. Este dinero procedía, de nuevo, de usted, lector, y de mí.
Puesto que el Estado no disponía de este dinero, lo tuvo que pedir prestado, con lo cual la deuda pública se disparó. Que la deuda pública aumente quiere decir que alguien o alguna institución ha prestado tal dinero ¿Y quién fue el que prestó dinero al Estado para poder pagar el rescate bancario? Ahí está el gran escándalo que usted no ha leído en ningún medio de información español. Este dinero procede del Fondo Público de las Pensiones. En realidad, el 97% del dinero acumulado en dicho fondo se ha prestado al Estado comprando fondos públicos. En otras palabras, el Estado ha cogido este dinero y lo ha utilizado para pagar el rescate de la banca, entre otros gastos. Y mientras, los medios han guardado un silencio ensordecedor. No así la prensa extranjera. Varios diarios económicos como el Wall Street Journal (03.01.13) y el alemán Deutsche Wirtschafts Nachrichten (04.01.13), han hablado de lo que han llamado el saqueo de los fondos de pensiones públicas para comprar bonos del gobierno de España. Este último añadía que "al menos el 90% de los activos totales de los fondos de pensiones del Estado español están convertidos en bonos en España". En realidad, se quedó corto, pues no es el 90%, sino el 97%.
Esta actuación pone en peligro las pensiones públicas, pues el valor de la deuda pública varía enormemente, ya que está sujeta a vaivenes especulativos de los mercados financieros, y todo ello sin que la población tenga ni idea de lo que está ocurriendo, en un sistema político que se define como una democracia. El mejor indicador de que no lo es, es que este artículo no se publicaría en ninguno de los mayores rotativos del país.En este país, el que no está indignado es que no sabe lo que está pasando. Y los mayores medios de información y persuasión se pasan veinticuatro horas al día trabajando para asegurarse de que usted, señor lector, continúe sin conocer lo que está pasando. Si la gente lo supiera, y supiera también que hay alternativas a tanto escándalo, habría una revuelta general. De ahí que el impuesto silencio ensordecedor continúe. Y lo que es incluso peor es que los partidos políticos más próximos a la banca, es probable que ganen las elecciones legislativas del 20 de diciembre a nivel del Estado. Y a esto, repito, le llaman democracia.
* Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
* Crónica agradece al autor poder compartir sus artículos de opinión con nuestros lectores
Este artículo presenta una dimensión del Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE que ha pasado desapercibida y que puede tener unos resultados y consecuencias muy negativos para el bienestar y calidad de vida de las clases populares, debilitando los derechos laborales, ambientales y de defensa del consumidor.
En varios artículos anteriores he alertado del peligro que supone el nuevo Tratado mal llamado de Libre Comercio entre EEUU y la Unión Europea (UE) para los derechos laborales, derechos civiles y derechos del consumidor a los dos lados del Atlántico Norte, que se verán negativamente afectados por tal tratado (“¿Qué se intenta con los tratados mal llamados de libre comercio?”, Público, 23.07.15; “Las consecuencias negativas de los anteriores tratados de libre comercio”, Público, 15.06.15; “La farsa de los tratados de libre comercio”, Público, 21.05.15). Como subrayé en tales artículos, el objetivo de este tratado no es facilitar el comercio entre EEUU y los países de la UE (objetivo con el cual no tengo ninguna reserva), sino eliminar lo que el tratado define como “barreras para el comercio y para la inversión”, que es el término utilizado para referirse a las normas de protección del trabajador, del consumidor y del ambiente que los países han desarrollado en respuesta a las demandas populares. Y esta eliminación tendría lugar mediante el establecimiento de un tribunal supranacional (que no sería elegido y cuya composición sería principalmente de “expertos” en comercio próximos a las grandes empresas transnacionales) que tendría la autoridad para forzar a un país a que desmantelara tales protecciones al considerarlas “barreras al comercio y a la inversión”.
Parece que la gran protesta que ha habido sobre este elemento del Tratado ha hecho que se esté ahora discutiendo entre los bastidores del poder (en los comités secretos donde se está preparando tal tratado) cómo diluir esta protesta popular haciendo cambios en la naturaleza de dicho tribunal. No me fío, y el secreto que domina el proceso, con una enorme opacidad y falta de transparencia, explica la falta de credibilidad de tales comités. De ahí que sea vital que la oposición a este tratado continúe, pues estas negociaciones son claramente antidemocráticas (no hay otra manera de definirlas), ya que ni el Parlamento Europeo ni los parlamentos nacionales están siendo invitados ni consultados en estas negociaciones.
Una dimensión del tratado desconocida
Pero existe otra dimensión del TTIP que casi ha pasado desapercibida y que puede causar tanto daño como el Tribunal Internacional. Me refiero a los comités llamados Consejos de Cooperación Reguladora (Regulatory Cooperation Council) que se constituirán de manera bilateral entre EEUU y los países miembros de la UE (o entre estos mismos), y que tendrán como objetivo analizar los obstáculos al comercio y a la inversión. Tales consejos estarán compuestos por “expertos en comercio”, pero no por expertos en temas laborales, ambientales o de defensa del consumidor. Las funciones de estos consejos se están definiendo, pero no tienen buena pinta. ¿Quién proveerá la información? ¿Quién la evaluará? ¿Qué poder normativo tendrán? ¿Qué poder sancionador?
Ya hay algo en la narrativa que es alarmante. Todo el lenguaje es económico y se habla de aplicar medidas utilizando criterios de evaluación de intervenciones tales como el coste-beneficio, que es el código que se utiliza en econometría para aplicar primordialmente criterios economicistas para evaluar una intervención. Desde este punto de vista, parecería que el único criterio para evaluar cualquier intervención o eliminación de protección laboral, ambiental o de defensa del consumidor sería la rentabilidad de dicha intervención. Esta ideología, presentada como ciencias económicas, es enormemente peligrosa y nos ha llevado al desastre actual del austericidio. Es el pensamiento (mejor dicho, dogma) neoliberal aplicado al comercio internacional.
De ahí la urgente necesidad de que la población se movilice y exija cambios tanto en la composición como en las funciones de dichos consejos, subrayando que el tema prioritario del criterio de evaluación sea el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones sujetas a tal tratado, exigiendo además que haya expertos laborales y ambientales, entre otros, sensibles a las necesidades de los trabajadores y usuarios, en lugar de tomar siempre como criterio la rentabilidad para el empresario de tal comercio o inversión. E, incluso más importante, subrayar que tales consejos deben estar bajo la responsabilidad política de los representantes de la población, una responsabilidad que en el clima neoliberal mercantil dominante en las instituciones que están preparando este tratado ni se considera. La arrogancia del poder llega hasta el punto de que propuestas de una enorme insensibilidad social y de claro perjuicio a las clases populares se presentan como las únicas lógicas y razonables según el criterio de las “ciencias económicas”.
* Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
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