Cuando aún no nos habíamos recuperado del sentimiento – mezcla de rabia, asco y vergüenza- que nos había producido el conocer la nueva ley danesa en matera de asilo que, entre otras muchas barbaridades permitirá a la Policía registrar a los y las demandantes de asilo e incautarles sus bienes, ha aparecido la nueva propuesta de la Unión Europea, que contempla penalizar la ayuda a los refugiados y refugiadas. Una nueva normativa según la cual aquellas personas que presten ayuda a refugiados, ya sea de manera individual o en el marco de las ONG, pueden ser acusadas de tráfico de seres humanos. Esto es un nuevo intento de criminalización de la solidaridad.

Todo es más grave todavía cuando recordamos el testimonio, hace pocas semanas, de un voluntario de una ONG que participó en el rescate de una embarcación que se dirigía a Lesbos. Había 300 personas a bordo de esta barcaza de madera que terminó naufragando. El voluntario de Proactiva declaró que mientras miembros de diferentes organizaciones salvaban vidas junto con pescadores turcos y griegos, el personal de la agencia europea Frontex miraba desde la cubierta de un barco.

Las instituciones europeas no están dando respuesta a la crisis humanitaria y además impiden que las ONG puedan hacer el trabajo que estas mismas instituciones no hacen por dejación de sus funciones.

La incapacidad, o peor todavía, la falta de voluntad política de la UE y los gobiernos de los Estados miembros de poner en práctica políticas y recursos para afrontar esta crisis, pone de manifiesto que la Unión Europea no es más que un proyecto económico de una élite, ni más que un conglomerado de instituciones que sólo responden a los intereses del capital financiero. La UE de los derechos y las libertades, de la libre circulación, de la solidaridad, nunca ha sido una realidad y la cifra de más de cien personas ahogadas en el Mediterráneo intentando llegar a nuestras costas durante el primer mes de este año es la demostración más cruel.

Ante esto, la única propuesta europea que hemos visto hasta la fecha es la que hace la Comisión Europea de acoger a 160.000 personas. Es un número claramente insuficiente si tenemos en cuenta que el año pasado llegaron sólo a Grecia más de 850.000 personas. Y está muy lejos de la capacidad real de acogida que tiene la UE, ya que no representa ni el 0.03% de la población total de la Unión. Pero ni con eso han cumplido. A día de hoy sólo se ha acogido a 272 personas -16 de ellas en el Estado español-, una cifra irrisoria.

Las propuestas de la Comisión Europea que sí se están aplicando con eficiencia y rapidez son las de militarizar el Mediterráneo en colaboración con la OTAN, desplegando buques y aviones de guerra para frenar la llegada de migrantes y refugiados. También la externalización de las fronteras, con acuerdos con gobiernos como los de Turquía o Marruecos, poco amigos de los derechos humanos. En el caso de la Turquía de Erdogan, la UE ha puesto sobre la mesa más de 3.000 millones de euros para contener el flujo de refugiados y demandantes de asilo. Y mientras, la CE mira hacia otro lado ante las masacres a la población kurda.

Después está el fondo de 1.800 millones de euros concedidos a África. Una aportación que, disfrazada de cooperación al desarrollo, servirá para fines como, por ejemplo, la construcción de un centro de detención de migrantes en Níger, el país más pobre del mundo. El Estado español, en un gran alarde de generosidad, ha aportado a este fondo tres millones de euros.

Resulta paradójico que la misma UE que se construyó tras vencer al nazismo sea hoy el caldo de cultivo perfecto para los movimientos de extrema derecha. En los últimos días estamos viendo como se multiplican las manifestaciones fascistas en Alemania, Grecia, o Suecia. Estas demostraciones de odio vienen alentadas por los discursos que salen de las bancadas que ocupan socialdemócratas, conservadores y liberales en los parlamentos de los Estados y de la propia Eurocámara.

Unos lo hacen de manera absolutamente desvergonzada pidiendo el cierre total de nuestras fronteras, hablando de avalanchas, de la islamización de Europa y relacionando terrorismo y refugiados. Otros lo hacen de manera mucho más sutil defendiendo el refuerzo de nuestras fronteras, su externalización y las deportaciones sistemáticas.

Pero la extrema derecha está de acuerdo con conservadores, liberales y socialdemócratas en olvidar las obligaciones internacionales con aquellas personas que huyen de la guerra y el terror, y olvidar también la responsabilidad que Europa tiene sobre estas personas al haber colaborado de manera activa en los conflictos de los que huyen.

La semana pasada en el Parlamento Europeo tuvimos que soportar una comparecencia de la ministra danesa de Migración en la que habló de una supuesta “invasión” de refugiados, al tiempo que defendía su nueva ley. La normativa que acaba de aprobar el Parlamento de Dinamarca va a impedir en la práctica que los demandantes de asilo puedan ser acogidos, gracias a cosas como la ampliación de uno a tres años del tiempo de residencia necesario para poder solicitar reunificación familiar, o a que la obtención del permiso de residencia permanente requiera haber pasado un mínimo de seis años en el país encadenando permisos temporales y sin estar desempleado. En Dinamarca, los demandantes de asilo también estarán obligados a residir en centros específicos y tendrán que pagar por su estancia entregando sus objetos de valor.

Como suele ocurrir en la Eurocámara, esta ley ha sido aprobada en el Parlamento danés por la Gran Coalición que forman conservadores, liberales y socialdemócratas, que en este caso han contado además con la complicidad de una extrema derecha que está viendo cómo sus ideas forman parte cada vez más de los discursos habituales.

Lo más lamentable es que este no es el primer episodio de xenofobia institucional que presenciamos en la UE. Ahí está el uso del Ejército en Hungría para contener a migrantes y refugiados y su posterior hacinamiento en trenes con destino a ninguna parte. Hungría, un país donde el presidente Orban es de la misma familia política que Rajoy y participó junto a él en la conferencia del Partido Popular Europeo en Madrid. O las marcas con números de identificación en los brazos de migrantes en República Checa, con un primer ministro del partido referente del PSOE.

La extrema derecha ha perdido su exclusividad en cuanto a racismo y xenofobia, y los gobiernos de diferentes Estados europeos han asumido como propio un discurso que hace años hubiera resultado inasumible. La UE vuelve a demostrar que cada vez está más lejos que los valores de democracia y solidaridad que pregona.

* Diputada de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo y portavoz de la delegación de la Izquierda Plural

* Marina Albiol es eurodiputada en las listas de Izquierda Plural

* Marina Albiol es eurodiputada en las listas de Izquierda Plural

Si para algo ha servido la crisis del capitalismo global, ha sido para volver a situar la deuda en un papel de absoluto protagonismo. Su extraordinaria relevancia ha unido el sufrimiento de millones de familias, abocadas a la quiebra y a su expulsión del sistema, con el de los países de la periferia europea también incapaces de liberarse de sus letales efectos.

Las crisis de la deuda son manifestaciones extremas de la evolución del capitalismo financiero. Hoy ahogan a los países de la periferia europea (Grecia, Portugal, Irlanda, Italia o España) pero se asientan en los mismos principios que las que sufrieron en el pasado numerosos países africanos, asiáticos y latinoamericanos, y que, de hecho siguen hipotecando su futuro hoy en día. Estamos ante expresiones diferentes de un mismo fenómeno.

La deuda es en primer lugar el reverso del crédito. Ese mecanismo que le permite al sistema capitalista ir más allá de sus propios límites en el proceso de reproducción del capital. Juega el papel de una droga, una versión mercantilista y psicotrópica del citius, altius, fortius de Coubertain, pero como toda droga que permite a un organismo ir más allá de aquello para lo que está diseñado, produce un agotamiento cíclico, que le lleva a ser "hospitalizado" en forma de recesión económica. Eso es debido a que la deuda posee una virtud curiosa: mientras la producción va bien, la amplifica, cuando la economía productiva falla, también amplifica su caída. El crédito se convierte en deuda impagable que ahoga al crecimiento económico capitalista. Es un efecto del agotamiento que padece el sistema económico capitalista, un síntoma de un sistema con una enfermedad tan contradictoria como incurable: la de la sobrecapacidad productiva.

Precisamente esa sobreproducción de capital arrastra a un proceso donde la especulación, el "capitalismo de casino", adquiere un peso cada vez más sobredimensionado en la economía global, produciendo entre otras paradojas que hasta la deuda se convierte en un objeto de especulación y, como en el casino, unos ganan sobre la ruina de otros. Pero aquí siempre ganan los mismos: banqueros, especuladores, grandes empresarios y sus gobiernos amaestrados, y la ruina es de la gran mayoría de la sociedad, del pueblo trabajador.

Esto nos hace recordar que todo en la economía, tiene un carácter de clase. No tiene nada que ver los efectos y tratamiento de la deuda para la clase dominante, especialmente el capital financiero, y para las familias de la clase obrera.

En el Estado español, cada día son despojadas de su vivienda por desahucio o dación en pago en torno a 300 familias; en definitiva, por no poder hacer frente a la deuda contraída con el propietario del inmueble que es, en la mayoría de los casos, un banco. Pagan el delito de intentar una vida mejor con el producto de su trabajo y se les arrebata el trabajo y la vivienda, dos derechos básicos que debe garantizar la sociedad. Solamente con 34.000 millones de euros podría haberse cancelado la totalidad de la deuda hipotecaria de las familias en situación de morosidad[1]. Sin embargo, la actuación de los sucesivos gobiernos ha sido diferente. Una entidad financiera, BFA-Bankia, ha necesitado ayudas públicas superiores a 147.000 millones de euros para evitar la quiebra[2]. En realidad se ha rescatado a los acreedores y se han utilizado para ello recursos públicos que hipotecan a las Administraciones Públicas.

El llamado "problema de la deuda", tiene un claro contenido de clase, y nuestra alternativa económica no es posible que sea "neutra", tiene que ser forzosamente una alternativa en defensa de los que padecen la crisis, no de quienes la provocan y se benefician de ella. Como otros factores, desempleo, inflación… no escapan de la lógica de las relaciones de producción y, por tanto, la deuda también carga su parte negativa sobre la espalda de los asalariados y de las capas medias de la población.

Por tanto, la economía política, a pesar de que intentan presentarla como algo "técnico", es la expresión más concentrada de la lucha de clases. Toda política económica responde a los intereses materiales de una clase social y, en consecuencia, abordaremos los problemas vinculados a la deuda con la misma óptica que abordemos el resto de los problemas sociales.

Deuda socialmente insostenible

Desde el punto de vista técnico, en gran parte de los países de la Unión Europea el actual nivel de deuda es insostenible tanto para instituciones financieras, como para las empresas, administraciones públicas y familias. Los préstamos contraídos no han sido eficientes desde el punto de vista económico, es decir, no han producido un resultado positivo que permita el pago de los intereses asociados a los mismos y la devolución del principal. Cuando ocurre eso, solamente hay una salida y esta obligará a una profunda reestructuración de la deuda que, inevitablemente, debiera conllevar reducciones de la misma. No estamos ante un problema de liquidez puntual[3].

Pero la insostenibilidad técnica del pago de la deuda no es nuestro único argumento. Es la insostenibilidad social de su pago la que tenemos que poner encima de la mesa. Claro que se puede pagar la deuda. Basta con aplicar políticas como las de estos últimos años que subordinan los derechos económicos y sociales de los pueblos a la viabilidad financiera de la deuda. Tener únicamente en cuenta la capacidad económica de reembolso de la deuda por parte de los países olvida de manera consciente el impacto que dicho pago tiene en los derechos humanos y económicos, sociales y culturales de la gente.

No sólo eso, sino que además la utilización de esa estrategia de "pagar a costa de los que jamás se beneficiaron de las burbujas financieras" no soluciona el problema sistémico del capitalismo. Creer que las recetas aplicadas por las élites y que han empobrecido a millones de personas, solucionarán el agotamiento del crecimiento y la caída de la tasa de ganancia de unas empresas que compiten por "el último euro" y hasta la extenuación a costa de la clase trabajadora es, cuando menos, ingenuo. Las políticas fiscales, monetarias y el control del sector financiero no solucionarán el problema del enorme volumen de deuda ya contraída por los agentes económicos. Abordarlo requerirá plantear, además de aspectos relacionados con los plazos de su devolución o las condiciones financieras de los préstamos, un enfoque de reducción de la deuda tanto pública como privada.

Cuando nos situamos ante esta alternativa, las clases dominantes y los economistas a su servicio asustan al pueblo con las consecuencias de una quita de la deuda. Alertan de lo que supondría "la quiebra de la seguridad jurídica" y las consecuencias dramáticas que ello aparejaría y que provocarían un efecto contrario al deseado. Se considera que los mecanismos legales y económicos para arbitrar las quiebras cuando ocurren en el ámbito empresarial no son extensibles al sector público o las familias. En definitiva, "las deudas hay que pagarlas" y no hay solución que no pase por encima de dicho axioma. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que no ha sido precisamente esa la práctica utilizada para resolver los problemas de sobre-endeudamiento[4]. Más aún, la adopción tardía de medidas en la dirección de reducir de manera suficiente el importe de las deudas para adecuarlas a la capacidad de pago han tenido consecuencias dramáticas para la estabilidad política Desterremos del imaginario colectivo la idea de que estamos ante obstáculos técnicos insalvables. Todos ellos pueden ser superados si los objetivos perseguidos y la voluntad política varían.

La cuestión no es si habrá o no reestructuración con reducción del monto de la deuda, sino en beneficio de quién se realizarán las operaciones de "restablecimiento de la sostenibilidad de la deuda". No da igual "cualquier reestructuración o quita de la deuda"[5]. De hecho, reestructuraciones y rescates ha habido a docenas en los últimos años pero en beneficio de las élites financieras. Y saben que la situación actual requerirá abordar los montos de deuda y reducirlas y/o traspasarlas a la esfera pública. Eso es un mecanismo puramente capitalista. De hecho, el plan de Dragui forma parte de la socialización de la deuda y de unas posibles pérdidas en caso de futuras quitas[6]. Forma parte de una estrategia y deberemos estar muy atentos a la hora de denunciarla.

Aunque hay quienes defienden procesos de "impago desordenado", hay que tener en cuenta los efectos que esa actuación podría suponer. Es evidente que se desencadenaría un efecto "bola de nieve" de imprevisibles consecuencias desde el punto de vista político. Evidentemente, dado el volumen del endeudamiento del Estado español, se produciría un colapso global. Aunque no nos asusta esa opción, debemos considerar que las consecuencias podrían no dejar claras las responsabilidades de lo ocurrido y los efectos negativos del mismo podrían no ser evidentes para la población. Por este motivo, la opción política adecuada es realizar un proceso de reestructuración y quitas de deuda mediante la realización de un proceso ordenado.

Vencedores y vencidos

Del conflicto en torno a la deuda de la economía griega podemos aprender muchas cosas, y la primera es que se trata de un problema no sólo del deudor, sino también del acreedor. Y quizá la táctica negociadora encabezada por el famoso ministro Yanis Varufakis, no ha sabido sacar suficiente partido a este factor, pues tal como se atribuye a J.M. Keynes, "si le debo mil libras a un banco tengo un problema, si le debo un millón, el problema lo tiene el banco". Pero para que ese factor sea decisivo en una negociación, es imprescindible evitar situaciones de debilidad como la que actualmente tiene el Gobierno heleno. El rescate de 2012 sustituyó a los acreedores privados por los Estados europeos y por eso ahora ya una actuación firme de Syriza no sería determinante para asestar un golpe letal al sistema financiero. Sin embargo, las opciones en situaciones de sobre-endeudamiento como la del estado español permiten abordar una negociación con elevadas posibilidades de tener éxito. Solo es cuestión de voluntad y determinación.

El resultado de un proceso significativo de reducción de deuda debe suponer la modificación sustancial de la configuración del sistema bancario y, fundamentalmente, la propiedad del mismo. No es posible realizar este tipo de actuación en beneficio de la mayoría y abordar la hipertrofia del sector financiero sin la nacionalización de la práctica totalidad del mismo. Precisamente porque las entidades financieras son dependientes del apoyo público y esa dependencia es cada vez más aguda. O se rompe ese círculo vicioso o cualquier política pública dependerá de los intereses privados del sistema financiero. No se puede continuar con la "subcontratación y externalización" de la creación del dinero a favor de agentes privados.

Hay alternativa a sus programas, pero para que sean sostenibles a largo plazo, los procesos de reducción de deuda deben ir acompañados de una profunda redistribución de la riqueza con efectos no neutrales. Tiene que haber vencedores y tiene que haber vencidos. Y tienen que cambiar las tornas, claro, con respecto a lo que ha pasado hasta ahora. En esa línea, el proceso supondría una herramienta política que, además de servir para lograr la sostenibilidad de la deuda, permitiría poner de manifiesto la existencia de una gran parte de deuda ilegítima e identificar las alternativas políticas necesarias para cambiar el sistema económico, político y social, que nos ha llevado a esta crisis de sobreendeudamiento ya que si no lo modificamos, la historia volverá a repetirse en el futuro.

Nunca podremos tener un capitalismo sometido al control democrático, sin embargo sí podemos tener una economía sometida a ese control. Basta un pequeño cambio: que aquello que se paga con dinero público, sea de propiedad pública. Aplicando esta norma una gran parte de la economía, tanto en el mundo de las finanzas como en el empresarial, pasaría al dominio público y permitiría, por una vez, planificar los recursos de la sociedad en beneficio de la mayoría.

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[1] Según datos publicados por la Asociación Hipotecaria de España, en junio de 2014 la morosidad de las familias en créditos para adquisición de vivienda ascendía a 34.690 millones de euros.

[2] Capital, avales a emisiones de deuda, créditos fiscales garantizados, adquisición de activos y préstamos del Banco Central Europeo.

[3] Estaríamos ante un problema de liquidez si las dificultades afectaran de manera puntual y existiera capacidad de crecimiento para afrontar el ingente volumen de deuda (pública y privada). Cuando eso no ocurre, el problema es de solvencia y requiere reducir el monto de la misma y no únicamente tratamientos que reduzcan los gastos financieros asociados a la misma y los plazos de su devolución.

[4] Hay múltiples experiencias de condonación de deudas (Alemania en 1953, países latinoamericanos con la aplicación del Plan Brady, la Iniciativa HIPC, Irak, etc). En el libro de Williams K.C, Le Droit International et les obligations financières internationales qui naissent d'un contrat, se recogen múltiples ejemplos históricos de quitas de deuda que van desde el siglo X a JC con el rey Salomón hasta las operaciones de este tipo planteadas por diversos monarcas de la época del Renacimiento como Eduardo III de Inglaterra o Felipe II de España.

[5] Aunque la doctrina ortodoxa (política y económica) sigue negando de forma oficial que estemos ante una situación de insolvencia, se está gestando un consenso entre economistas de distintas tendencias sobre la necesidad de abordar la cuestión del sobreendeudamiento en la Unión Europea. La idea de que Europa no podrá evitar antes o después reestructurar sus deudas no solamente forma parte de conversaciones privadas, sino que también forma parte de la investigación publicada que están realizando muchos economistas (a los que se les están añadiendo algunos juristas, que están analizando los aspectos legales que las reestructuraciones conllevarían). Plantean el problema de la reestructuración como un problema de "sostenibilidad" de la deuda: No es tanto que ésta no se pueda pagar, sino que pagarla reduce mucho las posibilidades de crecimiento de aquellas economías que están ya fuertemente asediadas por la crisis.

[6] Compramos la deuda al sector financiero e inversores privados y luego, si hay quita, la sufrimos todos.

Marina Albiol :: Portavoz y eurodiputada de Izquierda Unida
Carlos Sánchez Mato :: Presidente de ATTAC – Madrid
Alberto Arregui :: Miembro de la Presidencia Federal de Izquierda Unida
* en Público

Simos Russos se convirtió el pasado mes de septiembre en alcalde de Halandri, municipio de cerca de 80.000 habitantes al noreste de Atenas. Independiente apoyado por Syriza, Russos consiguió el respaldo mayoritario de una ciudadanía que ha visto como tras cuatro años de austeridad su ciudad y el país entero estaban arruinados por las políticas impuestas por la Troika. Ante la crisis humanitaria que vive la ciudad, el consistorio empezó a aplicar un plan de choque para hacer frente al hambre y a la falta de electricidad y vivienda de muchos de sus habitantes. Un plan de choque como el que prevé llevar a cabo Syriza cuando alcance el Gobierno. Halandri, según muchos analistas, se ha convertido así en el ejemplo griego de que otra política al margen de las imposiciones alemanas es posible. Y Grecia ve en Halandri lo que Syriza puede hacer en todo el país. Quizá sea por eso que soplan vientos de cambio en Grecia.

Desde que conocimos la intención del Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, de invitar al papa Francisco a intervenir en una reunión del pleno del Parlamento Europeo, las eurodiputadas de la Izquierda Plural hemos defendido la necesidad de dejar claro que su participación en la plenaria no solo supone una ofensa a los millones de ciudadanas europeas laicas sino que también lleva al traste más de 500 años de lucha por la estricta y necesaria separación entre la religión y las instituciones públicas.

Nuestra decisión de abandonar el hemiciclo, como hicimos ayer antes del discurso del Papa, parte del convencimiento de que la religión pertenece al ámbito privado y, por lo tanto, bajo ningún concepto se puede considerar admisible su presencia en instituciones, escuelas y espacios públicos.

El Parlamento Europeo, para nosotras, no es lugar para sermones religiosos. Y así lo expresó también el eurodiputado francés y cofundador del Parti de Gauche, Jean-Luc Mélenchon, con quien compartí el martes por la tarde unas jornadas sobre el laicismo en Europa.

Mélenchon se mostró indignado porque el hemiciclo hubiera acogido un sermon religioso y lamentó que el Papa no hubiera celebrado, en su lugar, ese acto en la catedral de Estrasburgo, que es donde a los fieles realmente les habría gustado verlo. Ese debe ser el sitio de la religión: los templos. Nunca los parlamentos. Incluso cuando, como en el caso de ayer, se tratara de convencer a la opinón pública de que el papa Francisco venía como jefe de Estado.

¿O acaso a alguien se le pasa por a cabeza la imagen de un presidente de un Gobierno dirigiéndose desde el altar a los feligreses congregados en una catedral? Se puede ir más allá: ¿Alguien entendería que un jefe de Estado utilizara el balcón central de la basílica vaticana para explicar a los creyentes congregados en la explanada de la plaza de San Pedro la necesidad de respetar la libertad sexual de las personas y el derecho de cada mujer a decidir sobre su cuerpo y su maternidad?

El Estado español, señalabamos en las jornadas sobre laicismo en Europa, es uno de los mejores ejemplos de como, en pleno siglo XXI, la jerarquía católica sigue injeriendo en los asuntos públicos. La presión de la jerarquía católica a los gobiernos españoles hace que se legisle en favor de su credo y su doctrina, intentando imponer constantemente su moral al conjunto de la ciudadanía. ¿O es que acaso la iglesia católica no continua adoctrinando en las clases de religión, negando reiteradamente los derechos de las mujeres e intentando evitar que cada una decidamos con que persona queremos casarnos o acostarnos independientemente del sexo que sea?

Esta injerencia permite también entender como Españ a es un paraiso fiscal para la Iglesia católica. Según los datos de la organización Europa Laica, la iglesia, exenta de pagar impuestos como el IBI o el de sociedades, recibe anualmente, entre privilegios fiscales, exenciones y partidas presupuestarias, cerca de 10.000 millones de las arcas públicas.

El martes abandonamos el hemiciclo también para denunciar que estos privilegios son impropios de una sociedad que se considera democrática y son inapropiados para una Europa que dice basarse en el respeto a la libertad de conciencia.

Nuestras razones son las de Saramago, el Saramago lúcido que siempre fue y que de tan mal humor ponía a la iglesia neomedievalista que sufrimos no sólo, pero especialmente, en el Estado español. Dijo el viejo sabio que a la “insolencia reaccionaria de la Iglesia católica hay que responder con la insolencia de la inteligencia viva, del buen sentido, de la palabra responsable”. Porque cómo él mismo nos recordara, “a la Iglesia le importa poco el destino de las almas y lo que siempre ha buscado es el control de sus cuerpos”.

* Marina Albiol es Diputada en el Parlamento Europeo por Izquierda Plural y formó parte hasta las elecciones europeas del Parlamento Valenciano como diputada por Esquerra Unida

* Crónica agradece a la autora poder compartir sus opiniones con nuestros lectores 

Acostumbrados como están las huestes del PP a ir de la mano de la jerarquía eclesiástica, debe haber confundido el señor Arias Cañete el Parlamento Europeo con un nuevo templo de culto religioso donde los pecados se absuelven pidiendo perdón, rezando unos cuantos avemarías y dando buena limosna al párroco cualquier fiesta de guardar. Así, se presentó este miércoles en la cámara el aspirante a comisario con el papel bien aprendido y el arrepentimiento escrito en Times New Roman tamaño 16, por si la memoria fallaba.

Dice usted que hizo una ley de costas para proteger los intereses de los ciudadanos europeos que habían invertido en España y que veían peligrar sus intereses. Quizá sea un argumento que convenza a las élites centroeuropeas, pero le recuerdo, señor Arias Cañete, que cuando sus votantes le pusieron como ministro, lo que usted debía preservar, entre otras cosas, era el medio ambiente, pero prefirió usted proteger a las élites europeas para que sigueran comprando el litoral pese a la agresión mediambiental que esto ha supuesto.

Son demasiadas cosas, demasiadas mentiras como para que ahora trate usted de arreglarlo con arrepentimiento. Por estos lares le conocemos bien, señor Cañete y ya no puede engañar a nadie. Quizá me entienda usted mejor con una referencia a la Biblia para citar a Mateo, que en el versículo 7:16 dice “Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?”

 Marina Albiol es diputada en el Parlamento Europeo  de Esquerra Unida, en las listas de la Izquierda Plural

* Crónica agradece a la autora poder compartir este artículo con nuestros lectores

La alternativa tiene que tener también proyecto europeo, porque es sin duda a escala europea donde hoy se tiene que dar la batalla contra el capital

Si contemplamos Europa podría parecer que el curso político acaba casi como empezó. La señora Merkel continúa siendo todopoderosa, los socialdemócratas, liberales y conservadores siguen en santa alianza para defender a la banca, y hasta el señor Schulz sigue sentado al frente del Parlamento Europeo. En la Comisión los cambios son sólo de caras, hemos pasado del Sr. de la guerra, Durao Barroso, al Sr. de los paraísos fiscales, Jean Claude Juncker, pero la política sigue siendo aquella que marcan las instituciones antidemocráticas de la Troika.

El FMI no ha cambiado sus recetas para adaptarlas al período estival. Las exigencias de nuevos sacrificios humanos en pro de los mercados, de recortes de salarios, reformas laborales y privatizaciones de servicios públicos, abren telediarios todo el año. Y todo el año también vemos cómo la cuenta de resultados de las grandes multinacionales sigue aumentando.

Tampoco la situación para millones de familias en toda Europa ha mejorado con la llegada del calor: la pobreza infantil, la pobreza energética, los desahucios, siguen siendo el pan de cada día en la Unión Europea de las desigualdades.

Pudiera parecer, por tanto, que todo sigue igual, que nada ha cambiado. Pero nada más lejos de la realidad. También en Europa hay un antes y un después de las elecciones europeas del pasado 25 de mayo. Desde el sur y a la izquierda llega esperanza e ilusión para la clase trabajadora de toda Europa. Los magníficos resultados de la izquierda en el estado español han despertado también el anhelo de cambio más allá de nuestras fronteras.

Y no podemos ser egoístas, hemos de compartir nuestra lucha, con los nuestros, con los trabajadores y trabajadoras de Europa. Hemos de contagiarles de nuestras fuerzas y nuestras ganas de transformar esta sociedad.

Tenemos claro que el paro, la miseria, los recortes y las privatizaciones de nuestros servicios públicos no son una maldición caída del cielo que hemos de soportar estoicamente. Tenemos claro que son el resultado de las políticas que unos pocos nos imponen a la mayoría para poder seguir siendo ricos y, por tanto, también tenemos muy claro que hay alternativa.

Una alternativa que tenemos que ir construyendo, y que sin duda, se tiene que ir materializando en la movilización y en esos procesos de convergencia que ya se están empezando a dar en muchos territorios del estado español.

Un proyecto que, frente a estos destructivos gobiernos de la derecha, se forja desde la lucha en común, el debate democrático y un programa de transformación social, en cada barrio y pueblo. Si representamos los intereses comunes del pueblo frente a la minoría explotadora, nada ni nadie puede impedir que alcancemos un programa común de la izquierda, que exprese las necesidades que recoge la consigna “pan, techo y trabajo”.

Pero la alternativa tiene que tener también proyecto europeo, porque es sin duda a escala europea donde hoy se tiene que dar la batalla contra el capital: la ilusión por un sistema económico más justo y humano tiene que llegar a las clases populares de toda Europa.

Y para ello necesitamos también que nuestra alternativa, que nuestras propuestas, vayan mucho más allá de los pirineos.

Una renta básica europea para que todo el mundo pueda vivir dignamente; un salario mínimo que acabe con una situación en la que tener un puesto de trabajo no significa dejar de ser pobre y que elimine el dumping social entre países europeos; un salario máximo que ponga fin a los sueldos indecentes y facilite la redistribución de la riqueza; limitar el trabajo a 35 horas semanales; y situar en toda Europa la jubilación a los 60 años, para así poder repartir el trabajo, son sólo algunas de las propuestas y medidas que este proyecto europeo alternativo puede y debe convertir en realidad.

La confianza en nuestras fuerzas, la ilusión por conquistar la transformación de la sociedad, son sentimientos contagiosos, y si somos capaces de establecer un rumbo, de tener claro a qué puerto nos dirigimos, de sumar para el combate, ese viento que se levanta desde el sur puede impulsar las velas de la izquierda y convertir nuestro programa en una realidad. El viaje ya ha comenzado.

 * Maria Albiol es eurdiptada elegida en la lista de Izquerda Unida
* Este artículo se publica primera mente en diario.es, desde el que lo republicamos usando su/nuestra licencia Creative Commons

Hace ya mucho tiempo que sabemos que el Parlamento Europeo no es ese espacio de democracia, participación y respeto a los Derechos Humanos que nos intentaron e intentan vender, pero este martes se ha dado un paso más allá. Se ha materializado el resultado de las elecciones europeas del 25 de mayo y se ha constituido un Parlamento Europeo donde la extrema derecha, y por tanto, la intolerancia, el racismo, la xenofobia, la homofobia y el ataque a la diferencia y la pluralidad, tienen cabida. Una extrema derecha con cada vez más respaldo social y más votos.