El otro día una periodista francesa me llamó para hacerme una entrevista sobre la donación de óvulos. No dejó de mostrarse asombrada por que España sea uno de los países en los que, habiendo un mayor tráfico de compraventa de óvulos (al mismo tiempo que un país con un fuerte movimiento feminista) sea uno de aquellos en los que menos se habla de esta cuestión. Es cierto.

El auge y la utilización de las tecnologías de reproducción asistida y la compraventa (donación) de óvulos sí son temas feministas. Sólo las mujeres se embarazan y paren mediante estas tecnologías y sólo las mujeres tienen óvulos. Ya sabemos que la tecnología, toda la tecnología, tiene un enorme interés para las ciencias sociales en sí misma en tanto que es, además de una técnica específica, una práctica social y discursiva de representación. Por supuesto que las tecnologías, la técnica, el conocimiento, la misma ciencia, todo ello está mediado por relaciones de poder, y si hacemos referencia a cuestiones reproductivas, estarán mediadas por relaciones de género, obviamente; que es lo mismo también que decir “poder masculino”. Ni por un momento debemos olvidar que el control de la reproducción ha sido siempre un espacio de lucha política, y lo sigue siendo.

La reproducción asistida que ocurre en la sanidad pública cubre una ínfima parte de la demanda existente, y en todo caso, habría mucho que escribir acerca de cómo se genera esa demanda, de cómo se crean nuevas categorías de mujeres estériles y enfermas (antes infértiles) necesarias para mantener de manera creciente la demanda, de cómo se relaciona esta demanda con categorías de consumo, con modas culturales, etc. Y no olvidemos que estamos hablando de una enorme industria mundial, una industria cuyo interés es el lucro y cuya materia prima son los biomateriales humanos (esperma, óvulos, embriones).

Las técnicas de reproducción asistida tienen un enorme impacto social que puede afectar a las relaciones de género, de parentesco, a las concepciones tradicionales de lo que es la maternidad y paternidad, pero que afecta también a la salud de las mujeres. Recordemos que la industria que utiliza como materia prima los óvulos no se dedica sólo a la reproducción asistida, sino que además de esta, está la investigación en clonación terapéutica y células troncales. En esta industria de biomateriales, la razón tecnocientífica capitalista ha generado una lógica utilitarista que requiere de óvulos de manera masiva. El problema es que los óvulos son un recurso limitado y de difícil acceso y para conseguirlos la industria ha puesto en marcha toda una batería de discursos médicos, jurídicos o científicos, además de una maquinaria publicitaria, en la que el papel de aquellos y la explotación de los cuerpos de las mujeres se invisibiliza y banaliza socialmente.

Hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, en todo este proceso, se suele hablar, en general, de “embriones”, como si estos surgieran de la nada, invisibilizando que son necesarios miles de óvulos para conseguir esos embriones. No se dice dónde ni cómo se van a conseguir esos óvulos, ni el precio que hay que pagar por ellos.

Otra manera de invisibilizar la cuestión es llamar “donación” a lo que en realidad es una compra. Como en el caso de los vientres de alquiler, la excusa que se da al hecho de que haya dinero de por medio y que aun así se llame “donación”, es la de que es necesaria una “compensación”. Lo que oculta dicha compensación es que, sin ella, no habría donaciones suficientes para cubrir la demanda. No hace falta “compensar” la donación de sangre, ni la de esperma y tampoco pagamos por la donación de órganos.

Aunque tampoco hay aquí espacio para profundizar en el papel de los mercados, lo cierto es que siempre que se abre un mercado en una situación de desigualdad estructural, las personas más pobres se ven obligadas a vender lo que sea demandado al precio que los más ricos fijan y quedan, a su vez, excluidos de los supuestos beneficios de ese mercado. Los pobres que venden un riñón no pueden acceder a comprarse uno en el caso de necesitarlo, etc. La inmensa mayoría de las mujeres que donan sus óvulos lo hacen por motivos económicos. En la actualidad, por ejemplo, es muy corriente encontrar publicidad para estas donaciones en las universidades. Sabemos que esta ha sido la manera en la que muchas estudiantes han podido pagarse las actuales matrículas universitarias. Y también sabemos que hay una auténtica industria de óvulos procedentes de los países más pobres de Europa: Rumanía y Polonia principalmente.

Pero en el caso de los óvulos y bajo el eufemismo de “donación”, subyace crudamente la desigualdad de género. Una muestra de esta desigualdad es el tratamiento que se da a esta “donación” en la publicidad y en la información social y técnica, como equivalente a la donación de esperma. Se ha construido así un imaginario en el que supone lo mismo donar óvulos que esperma, lo cual es una desinformación interesada que vulnera los derechos de las mujeres, sin que hasta ahora la ley, ni el feminismo, hayan mostrado mucho interés en esto.

Para empezar, el esperma no necesita de ningún tratamiento para ser donado. Los óvulos sí, y muy agresivo. La donante tendrá que someterse a multitud de pruebas invasivas y dolorosas, la mayoría sin anestesia. Las mujeres, además, producimos un solo óvulo al mes, una producción claramente insuficiente para la industria. Para sortear esta bajísima productividad natural, se somete a las mujeres a una hiperstimulación ovárica, de manera que en lugar de un óvulo produzcamos de diez a veinte. Esto supone un tratamiento hormonal muy agresivo que mediante inyecciones diarias y constantes visitas al médico para pruebas de todo tipo, que convierte el cuerpo de la “donante” en una bomba de hormonas, con consecuencias psicológicas y físicas muy profundas.

Después de un control del proceso mediante ecografías y análisis constantes, se procede a la extracción de los óvulos mediante la introducción de una aguja aspiradora por la vagina hasta llegar al ovario en el que, mediante una punción, extraer el óvulo. Se trata de un procedimiento quirúrgico que requiere anestesia en todo caso, y anestesia general algunas veces, y que es doloroso antes y después.

El procedimiento completo para la “donante” conlleva riesgos –y dolores- de los que las clínicas no informan en su publicidad, ni tampoco a las donantes, y que está muy lejos de ser inocuo. La producción artificial de más óvulos de los que se producirían naturalmente puede dar lugar a menopausias precoces. Recordemos que los óvulos son limitados (unos 450 a lo largo de la vida fértil de una mujer) y la producción estimulada químicamente puede terminar obstaculizando una ulterior gestación por parte de la donante. También el ovario puede sufrir daños durante la extracción.

“Las drogas que se utilizan para la estimulación provocan numerosos efectos secundarios (problemas de visión, nauseas, vértigo, quistes ováricos, daños irreversibles en el ovario que produce esterilidad e incluso cáncer de mama asociación al tratamiento con clomífenos)”. Recientes estudios han señalado que entre el 0,3 y el 10% de las mujeres que se sometieron a este procedimiento padecieron el síndrome de hiperestimulación ovárica. Los casos más severos pueden incluir fallo renal, pólipos intrauterinos, quiste de ovarios, tromboembolismo, distrés respiratorio adulto y hemorragia por la rotura del ovario e infertilidad. La ASRM señaló que la aparición de estos síntomas más graves “no es en absoluto extraña” (Pérez Sedeño y Ortega Arjonilla 2014). A su vez, muchas de las hormonas utilizadas no han sido suficientemente testadas y las mujeres que las reciben son un laboratorio viviente de la biotecnología, como dice Silvia Tubert. Los riesgos se multiplican si una mujer se somete a estos tratamientos varias veces seguidas y, aunque la ley en teoría lo prohíbe, en la práctica no hay control y muchas mujeres “donan” en varias ocasiones poniendo claramente en riesgo su salud.

A las supuestas donantes que se enfrentan a todo esto por 600 o 1000 euros no se les informa adecuadamente de los riesgos. Y no se trata solo de riesgos potenciales, sino que demasiadas veces se hacen realidad. He conocido hace poco el caso de una chica, donante universitaria, que entró en coma después de someterse al procedimiento. Aseguró que no había sido bien informada y quiso denunciar, pero la clínica la presionó para que no lo hiciera y, finalmente, la indemnizó a cambio del silencio. Estas clínicas patrocinan todo tipo de publicaciones y congresos, y además contratan mucha publicidad en los medios.

Estamos hablando de bioeconomía; de un lucrativo nuevo nicho de mercado en el que la materia prima son los biomateriales procedentes de hombres y mujeres, pero en el que es el cuerpo de las mujeres el que sufre. La publicidad dirigida a los donantes de esperma y óvulo está claramente sesgada según género. A las mujeres se les habla de generosidad, de posibilitar que otras puedan ser madres, se las señala como mujeres comprometidas con la justicia social y con la maternidad. Es la imagen que ellas quieren tener de sí mismas, pero lo cierto es que sin dinero de por medio, la mayoría no se sometería estas técnicas. En el caso de los varones, por el contrario, no se menciona ningún tipo de sentimiento altruista, sino que más bien se busca dar una imagen divertida y desenfadada de la donación.

La biotecnología está utilizando los cuerpos femeninos como productores de materia prima biohumana y como laboratorios andantes para productos de consumo y para satisfacer un nuevo nicho de mercado: el mercado de la reproducción humana. Es un mercado que genera muchas dudas éticas y que, además, está fuertemente sesgado por el género y la clase social en cuanto a las posiciones de poder y de conocimiento que ocupan compradores/as y las vendedoras.

No conozco la razón de que el movimiento feminista no tenga aquí muy en cuenta esta cuestión, aunque tengo algunas sospechas; todas ellas, en todo caso, necesitadas de una comprobación empírica. Digamos que tengo la sensación de que en España aún seguimos presas de discursos falsamente contra hegemónicos (ahora mismo son, de hecho, hegemónicos) que se han construido a la contra de aquellos discursos salidos de una sociedad fuertemente represiva en lo sexual, como lo fue ésta hace medio siglo. No estoy segura, naturalmente, pero algo tiene que explicar el por qué en España triunfan discursos que mezclan el sexo, el cuerpo, el comercio, y triunfan precisamente en espacios en los que esos mismos discursos referidos a otras cuestiones generarían una enorme contestación política.

Sea o no sea ésta la razón, podemos estar seguras de que se trata de una anomalía, ya que aunque los debates sobre cuestiones como los vientres de alquiler, la prostitución, la compraventa de fluidos, óvulos, etc. se reproducen casi en sus mismos términos por todas partes, lo cierto es que defensoras/detractoras no son aquí y en Europa las mismas. El discurso anticapitalista está muy presente entre las feministas europeas que sostienen un discurso fuertemente crítico hacia estas prácticas, mientras que aquí ocurre lo contrario.

El feminismo tiene que implicarse en esta cuestión de lleno, porque estamos en riesgo de aceptar sin discusión una nueva fuente de despoder y desigualdad radical para las mujeres.

* Beatriz Gimeno es Diputada de Podemos. Activista social y feminista por la diversidad sexual y por los derechos de las personas con discapacidad. Ha publicado dos libros de relatos, dos novelas, tres ensayos y dos poemarios. Escribe habitualmente en elplural.com, elciudadano.cl, pikaramagazine.com o eldiario.es, así como en otros periódicos y revistas.

* Crónica agradece que desde nuestros inicios haya permitido siempre compartir sus opiniones con nuestros lectores.

El supuesto pacto firmado día 24 entre PSOE y Ciudadanos es toda una declaración de intenciones para un gobierno de derechas. Entre las muchas renuncias del PSOE con respecto a lo que ha sido no sólo su programa electoral sino su trayectoria hasta el momento figura la renuncia a la exigencia de permisos de paternidad iguales a los de maternidad e intransferibles; una exigencia que el PSOE no sólo ha votado varias veces favorablemente en el Congreso de los Diputados, sino que pocos días antes reafirmaba enfáticamente en un acto celebrado en el mismo Congreso. Ciudadanos, por el contrario, se presentó a las elecciones con un programa que le ha valido el calificativo entre las feministas de “partido machista”. Aun así, es muy significativo que haya apostado por introducir en el pacto con el PSOE una cuestión que podría parecer menor, como es la rebaja del compromiso del PSOE de apoyar estos permisos de paternidad para asumir lo que el partido machista llevaba en su programa: permisos que seguirán siendo una especie de regalo a los padres, en absoluto iguales a los permisos de maternidad. En todo caso, esto demuestra que la cuestión no es menor.

El día 22 de febrero, dos días antes de que se firmara el Pacto, se celebró el Día por la Igualdad Salarial que pasó más o menos desapercibido quitando algunos artículos y las consiguientes campañas de partidos y sindicatos. ¿Igualdad salarial a estas alturas? Este debería ser un objetivo de primer orden para el feminismo porque además de la injusticia que supone esta desigualdad en sí misma, está en la base de muchas otras discriminaciones. Acaban también de terminar en Madrid las jornadas que exigen un Plan B para Europa y en ellas las feministas hemos reivindicado un Plan B para las mujeres europeas. Pues la igualdad salarial tiene que ser un punto prioritario de ese Plan B y debería estar incluido también en cualquier reforma o proceso constituyente. Parece fácil, esta es una reivindicación a la que todo el mundo se suma alegremente ya que la discriminación está legalmente prohibida y socialmente proscrita. Sin embargo, legislar para conseguir la igualdad salarial supone, para empezar, elevar los salarios de la parte de los trabajadores que ganan menos, los que ganan el salario mínimo que son, oh sorpresa, en un 73% mujeres. Esto requiere cambios económicos profundos a los que el sistema neoliberal se resiste, obviamente. Recordemos que en EE.UU por ejemplo, la batalla del feminismo para aprobar una enmienda constitucional que garantice la igualdad entre hombres y mujeres ha durado todo el siglo XX, y no se ha ganado. Si la igualdad salarial se constitucionalizara y fuera posible reclamar esa igualdad ante los tribunales, muchas prácticas empresariales, mucha explotación, muchos convenios, mucha política económica, tendría que cambiar. Las mujeres son (somos) las que cobran el salario mínimo y los salarios más bajos en general; somos quienes estamos sometidas a la mayor parte de los contrarios precarios y temporales. Esto demuestra que las mujeres siguen siendo el ejército de reserva de trabajadoras baratas y precarias que han sido históricamente en momentos de crisis. Pero que esto siga ocurriendo con tanta facilidad y sin que exista una clara conciencia social o política que exija soluciones, tiene que ver con asunciones culturales (y simbólicas) muy arraigadas. El salario de las mujeres aún no es considerado del todo salario principal, sino complementario del salario del proveedor principal, que suele ser un hombre. Las empresas siguen considerando (y utilizando a su favor) que las mujeres, como trabajadoras, están menos comprometidas con el trabajo remunerado y son más inestables porque se supone que ellas son las cuidadoras principales de la prole y de las personas enfermas y dependientes. Y eso las convierte en trabajadoras menos disponibles. Y es cierto que son las cuidadoras principales y es verdad también que esa carga de trabajo no remunerado presiona muy importantemente sobre el trabajo remunerado. Pero eso no es una elección de las propias mujeres, sino una discriminación intolerable.

El trabajo no remunerado que realizan las mujeres es imprescindible para la sociedad pero es, al mismo tiempo, fuente de discriminación salarial, de precariedad, de temporalidad, de salarios mínimos y finalmente, de pensiones menores; en definitiva, de mayor pobreza. Pero no sólo. Es fuente también de dependencia económica que, a su vez, está muy relacionada con la violencia machista. Aunque cualquier mujer puede sufrir esta violencia la dependencia económica siempre complica el abandono del hogar, y más aún si hay hijos. Cuando el movimiento feminista y los partidos políticos feministas estamos tan preocupados en la lucha contra las violencias machistas no debemos olvidar que la violencia económica es una más de estas violencias y un factor muy importante también en el desencadenante de la violencia física. Que las mujeres, más preparadas desde el punto de vista formal, que trabajan más horas, que trabajan la inmensa mayoría de las horas extras no remuneradas, que realizan tareas imprescindibles para que la vida continúe, sigan teniendo salarios más bajos, debería ser objeto de la reclamación de todos los partidos políticos que se dicen partidarios de la igualdad de género (excluyo a Ciudadanos y al PP)

Acabar con la presunción injusta de que las mujeres “quieren” abandonar su carrera laboral para dedicarse en exclusiva al cuidado de los hijos e hijas es imprescindible para acabar con la mitología que nos convierte en menos comprometidas con el trabajo remunerado o menos necesitadas del mismo y con todo lo que de ahí se deriva en términos de discriminación laboral, y derivada de ésta muchas otras. Pero, sí, cuidar de la prole es necesario, y no es sólo una obligación, es también un derecho. Una obligación personal y social, y un derecho de las madres y de los padres también. Y es ahí, donde entran los permisos paternales iguales e intransferibles que buscan provocar un cambio real, pero también un cambio simbólico y cultural imprescindible. Como nadie se atreve a decir nada en contra de la igualdad los partidos llevan años comprometiéndose con la aprobación de estos permisos parentales que han sido de las primeras cosas en caer en el pacto para un gobierno de derechas que acaban de firmar PSOE y Ciudadanos. Es un retroceso sobre lo pactado por el PSOE con el feminismo y da idea de su compromiso real con la igualdad. También nos demuestra que oponerse a la igualdad entre mujeres y hombres (aunque sea con subterfugios) es lo que sigue haciendo la derecha. Las feministas tenemos que decir NO a este pacto antifeminista.

* Beatriz Gimeno es Diputada de Podemos. Activista social y feminista por la diversidad sexual y por los derechos de las personas con discapacidad. Ha publicado dos libros de relatos, dos novelas, tres ensayos y dos poemarios. Escribe habitualmente en elplural.com, elciudadano.cl, pikaramagazine.com o eldiario.es, así como en otros periódicos y revistas.

* Crónica agradece que desde nuestros inicios haya permitido siempre compartir sus opiniones con nuestros lectores.

* Beatriz Gimeno es Diputada de Podemos. Activista social y feminista por la diversidad sexual y por los derechos de las personas con discapacidad. Ha publicado dos libros de relatos, dos novelas, tres ensayos y dos poemarios. Escribe habitualmente en elplural.com, elciudadano.cl, pikaramagazine.com o eldiario.es, así como en otros periódicos y revistas.

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Seguimos sin ser un país normal y nuestra derecha es una derecha antidemocrática y con veleidades fascistas por mucho que se vistan de liberales. Su defensa cerrada, incluso en los tribunales, del franquismo no es discutible. Han defendido el franquismo de todas las formas posibles. No hay una sola condena del franquismo por parte de nadie del PP y, sobre todo, han dificultado por todos los medios a su alcance cualquier paso dado para condenar o reparar aquel régimen. No sólo se han negado a condenarlo en todas las instancias en las que se han visto requeridos para hacerlo, sino que han puesto todos los impedimentos posibles para que otros partidos lo condenaran y han tratado por todos los medios también de dificultar el resarcimiento debido a los que entonces defendieron la democracia frente a la dictadura; han tratado de impedir que la gente pudiera sacar a sus familiares asesinados de las cunetas, se han burlado de ellos y han intentado también por todos los medios posibles falsear la historia.

Finalmente se han negado a retirar los símbolos de una dictadura hasta hoy mismo, casi 80 años después. Y esto lo están haciendo no sólo de palabra, no sólo con manifestaciones que podrían ser más o menos extemporáneas y fruto de su manera antidemocrática de ver el mundo. No, no están opinando, están dedicados a ello tratando incluso de utilizar las leyes para perseguir a quienes, a su vez, utilizan las leyes, en esta caso la de Memoria Histórica, para cumplir con lo que aunque no hubiera ley, sería una cuestión de sentido común, de decencia política y, como poco, de espíritu democrático. Ahora, Esperanza Aguirre pretende demandar a la alcaldesa de Madrid por cumplir la ley y, en todo caso, por retirar símbolos franquistas de la ciudad.

Símbolos que deberían haberse retirado hace mucho y que el Partido Popular ha defendido en su particular cruzada antidemocrática y profranquista. Sin ningún tipo de reparo podemos llamar antidemócratas a quienes defienden encarnizadamente los símbolos de una dictadura. Visto que no hay un/a sólo líder del Partido Popular que afirme con tranquilidad que los símbolos de una dictadura no tiene cabida en una democracia, podemos legítimamente dudar de su adscripción democrática, de todos, incluida la modernísima Crisitina Cifuentes que ha salido apoyando la cerrada defensa del franquismo que está haciendo el grupo popular en el Ayuntamiento. Seguramente se pueda ser de derechas y demócrata, debe ser posible. En España no lo parece.

Y mientras defienden los vestigios del franquismo como si les fuera la vida en ello, el Partido Popular se deshace podrido por dentro. Seguramente añoran aquellos tiempos en los que todo era suyo y podían robar sin miedo a que algún juez investigara. Casi ocho décadas después de la instauración de una dictadura que se levantó contra una democracia, el Partido Popular se aferra a la defensa de aquel régimen de 1939 seguramente para distraer del hecho de que su régimen de ahora, el régimen del expolio, la corrupción y el saqueo, se está derrumbando y amenaza con llevárselos por delante. El hecho de que tengan que disolver el partido en Valencia porque no hay un solo concejal ni concejala que no esté pringado da idea de a que límites se ha llegado en esta partido que defiende el franquismo con la misma convicción que cobra mordidas, sobresueldos y comisiones. Ahora creen que bastará con cambiarse el nombre para poder seguir haciendo lo mismo. Nadie les puede acusar de incoherentes. Son partidarios de una dictadura que se niegan por activa y por pasiva a condenar y muchos de sus cargos se siguen comportando como si estuviesen en una. 80 años después ya sería hora de que se les dejara claro que este país no es suyo; que se vayan.

La manifestación del 7N, su organización, su celebración, ha ocurrido en mis primeros meses de diputada y portavoz de Podemos en la Comisión de Mujer. Tanto en la Comisión de Mujer, como cada vez que tienen oportunidad, las diputadas del PP expresan su repulsa absoluta por los asesinatos machistas y su decisión de luchar contra esa lacra. No sólo contra la violencia, las mujeres del PP están, decididamente del lado de la igualdad de género, contra la brecha salarial, contra cualquier muestra de machismo, contra la precariedad de las mujeres en el empleo, en la lucha contra la feminización de la pobreza, por una educación igualitaria etc. Algunas de ellas fueron incluso a la manifestación del 7N. Cualquier crítica que yo haga a las políticas de su partido respecto a la igualdad, las enerva muchísimo y levantan la voz para apabullarme y abroncarme por saltarme la cortesía parlamentaria y por atreverme a cuestionar su combate contra el machismo “como si la lucha por la igualdad y contra el machismo fuera únicamente cosa de la izquierda”, me dicen. ¿Cómo me atrevo a cuestionar que ellas también son feministas? ¿Cómo me atrevo a patrimonializar a las víctimas del machismo?

No es mi intención, desde luego, patrimonializar a ninguna víctima. Tampoco quiero poner en cuestión que el dolor de las diputadas del PP sea real y que su deseo de acabar con la violencia machista sea verdadero. Lo que sí pongo en duda es que el Partido Popular tenga una sola posibilidad de acabar con la violencia machista. Porque para acabar con esta violencia hacen falta dos cosas: recursos materiales y un cambio cultural profundo en el sistema de género. Y el Partido Popular no está por apoyar ninguna de las dos cosas.

En la Comisión de Mujer de la Asamblea de Madrid la estrategia del Partido Popular, tanto de las diputadas que forman parte de la misma, como de los altos cargos que comparecen para explicar cuestiones relativas a las políticas de Igualdad, es siempre la misma: despolitizar la desigualdad, tratar de romper los vínculos entre desigualdad de género y violencia machista. Porque “Igualdad” es un concepto ya hegemónico e indiscutible y más si se refiere a mujeres y hombres. Todo el mundo (incluso los mismos maltratadores hacen a veces proclamas igualitarias) dice estar a favor de que mujeres y hombres seamos iguales, de que no exista la violencia; todo el mundo entiende que está mal que ganemos menos dinero o que nos maten; que tengamos que trabajar 9 años más para cobrar las mismas pensiones. Pero no todo el mundo está de acuerdo, y en el PP mucha gente está en desacuerdo, en que los niños/as no son cosa de las mujeres en exclusiva, ni los trabajos domésticos tampoco; y que atribuir a las mujeres en exclusiva estas cuestiones y no combatirlas, es una de las causas de la violencia. No todo el mundo está de acuerdo en que las niñas y los niños deben educarse en los principios del feminismo para poder gobernar sus vidas con el horizonte de la igualdad. No todo el mundo está de acuerdo, y las diputadas del PP están claramente en desacuerdo, en que los recortes se han cebado en las mujeres y que estos recortes contribuyen a aumentar la desigualdad. El gobierno del Partido Popular afirma enfáticamente estar contra la violencia machista, pero reduce el presupuesto de lucha contra esta violencia a la mitad. Todo el mundo está por la igualdad, sí, pero no todo el mundo está de acuerdo en que la desigualdad actual es fruto de un sistema de poder económico, simbólico, cultural, sexual…ancestral que hay que combatir en todas sus manifestaciones: sexualidad, roles culturales, subjetividades, violencia, lenguaje…

Las diputadas del PP se indignan cuando cuestionas su compromiso con la igualdad pero cuestionan al mismo tiempo que el género sea una categoría válida de análisis; y cuestionan también que para combatir la violencia de género haya que educar en la igualdad, pero en la igualdad, oh sorpresa, de género. Ellas condenan, sí, los asesinatos pero los tratan como si fueran fenómenos climáticos, obra de locos, y no como resultado de un sistema de desigualdad que requiere, para su erradicación, un cambio social profundo; ya sabemos que los conservadores no son muy partidarios de cambios sociales profundos en ningún sentido.

Por eso, el objetivo de las mujeres del PP, que dicen sentir los asesinatos de mujeres tanto como nosotras, mujeres feministas, es despolitizarlos hasta que, efectivamente, la gente los condene unánimemente pero los contemple como desgracias aisladas, como quien tiene la mala suerte de enfrentarse a una inundación. Si hace unas décadas la violencia machista era considerada algo privado de lo que nadie más que la familia debía ocuparse, y se consideraba también que el marido había actuado movido por los celos, el amor o la maldad de la mujer, ahora parece que hay acuerdo en considerar al asesino no un loco, sino un machista; pero consideramos que el machismo es algo que adquieren algunas personas malvadas y no la manera normal en la que los niños (y las niñas) son socializados si no hay un esfuerzo en sentido contrario. Los asesinos son unos machistas, pero las políticas del Partido Popular dan por hecho que eso no tiene nada que ver la política. Que todos y todas estamos en el mismo lado y con la misma intensidad: las que dejan el presupuesto de lucha contra la violencia a la mitad y las que lo dotan suficientemente; los que se niegan a que el feminismo entre en la escuela y las que lo queremos introducirlo en los planes de estudio; las que exigimos que se haga política con perspectiva de género y los que no saben ni lo que es la perspectiva de género.

La igualdad real entre mujeres y hombres requiere un cambio profundo de valores, y un cambio obviamente también económico. El neoliberalismo es el mayor enemigo de la igualdad de género, como demuestra la feminización de la pobreza. Así que aunque no dudo en absoluto que el dolor que sienten las diputadas del PP por las mujeres asesinadas sea auténtico, seguiré defendiendo en la Comisión y en todas partes que no hay en su partido ningún compromiso real contra la violencia machista, por mucho que se enfaden. Porque la desigualdad de género es política y es con la política con la que la combatimos. Pero con políticas sociales y no neoliberales.

* Beatriz Gimeno es Diputada de Podemos. Activista social y feminista por la diversidad sexual y por los derechos de las personas con discapacidad. Ha publicado dos libros de relatos, dos novelas, tres ensayos y dos poemarios. Escribe habitualmente en elplural.com, elciudadano.cl, pikaramagazine.com o eldiario.es, así como en otros periódicos y revistas. 

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Vamos a hablar claro porque el hartazgo de mentiras, demagogia e incluso crueldad, supera ya lo que muchas personas podemos soportar. No es imbecilidad -no podemos pensar que Marina es imbécil- es clasismo puro y duro. Clasismo simple, clasismo antiguo, clasismo duro como una roca puesto en palabras de un filósofo y pedagogo que, después de esta propuesta, diría que de filósofo se ha trasmutado en aspirante a político; pero político de esos que provocan más desigualdad y más injusticia. Marina propone, nada menos, que el sueldo de cada profesor dependa de sus resultados (de los resultados de sus alumnos) y propone, además, que sean los propios profesores los que se denuncien unos a otros.

Marina defiende una medida que pretende la definitiva conversión de un derecho, la educación, en un ámbito regido por las más estrictas reglas del mercado; habla de la educación y para él, supuesto pedagogo, la buena educación sólo tiene que ver con los resultados medidos en exámenes; es decir, que los resultados tienen que ver con la productividad. Por último, cuando dice “productividad” se le olvida tener en cuenta el punto de partida desde el que medir dicha productividad: neoliberalismo puro y duro. Esta propuesta viene a ser como si alguien pretendiera juzgar a dos médicos por el número de pacientes curados obviando que de estos dos médicos uno sólo trata con pacientes ricos, cuyo estado de salud general es bueno antes de llegar al hospital y que, además, los trata en un hospital que dispone de todos los adelantos médicos. El otro médico, en cambio, trabaja en un hospital con medios precarios y con pacientes que llegan al mismo en un peor estado de salud de partida que los anteriores. Marina, como seguramente todos los políticos del PP, dirían que el segundo médico es un inútil porque se le mueren demasiados pacientes. Y es más, es posible que cuando los pacientes de este segundo médico, los condenados a ir a curarse a un hospital que no dispone de medios, protestaran y exigieran medios materiales y humanos para poder acceder a los mismos tratamientos que los ricos…entonces es muy posible que el gobierno neoliberal de turno (y José Antonio Marina con ellos) dijeran que si en el segundo hospital se muere demasiada gente, es culpa del médico.

Esta comparación no es muy elaborada, lo sé. Pero es muy clara. Y es cierta. ¿Cómo se miden los resultados en la educación? ¿Es posible comparar los resultados de un determinado examen que se obtienen en un colegio concertado situado en un barrio de clase alta, cuyos alumnos van a clases particulares y tienen todos los medios a su alcance, de los resultados obtenidos en ese mismo examen por los alumnos situados en un colegio público repleto de niños y niñas pertenecientes a familias inmigrantes que no han dispuesto de absolutamente ningún apoyo para la integración? ¿Cómo se pueden comparar los resultados de una clase formada por 15 alumnos de otra con 45? ¿Comparamos los resultados en los exámenes de los alumnos/as de un colegio concertado en el Barrio de Salamanca con los resultados de un colegio al que muchos alumnos y alumnas acuden sin desayunar? Puede que estos estudios puedan hacerse en Finlandia un país que lleva décadas entendiendo que la educación es, en primer lugar, igualdad de oportunidades y donde no hay niños o niñas que lleguen sin desayunar; un país en el que el 98% de la educación es pública y de la máxima calidad toda ella; un país que no segrega a sus alumnos/as ni por origen, ni por sexo, ni por clase social; que lleva décadas entendiendo que a los profesores y profesoras antes de juzgarles hay que valorarles y que para ello se ha esforzado en formarles bien, muy bien, y en ofrecerles buenas condiciones laborales.

Y sí, incluso en la situación finlandesa, habrá profesores mejores y peores como hay buenos y malos políticos y buenas médicas y malos camareros. Y hay también filósofos buenos y otros muy malos pero de entre estos últimos ocupan un lugar especial aquellos que dejan que su vivencia personal, desde el puro privilegio, no les deje ver la realidad de la desigualdad, que tiene mucho que ver con la injusticia, y en definitiva, con el dolor humano, tema este que a los buenos filósofos les apasiona. Y no la productividad.

* Beatriz Gimeno es Diputada de Podemos. Activista social y feminista por la diversidad sexual y por los derechos de las personas con discapacidad. Ha publicado dos libros de relatos, dos novelas, tres ensayos y dos poemarios. Escribe habitualmente en elplural.com, elciudadano.cl, pikaramagazine.com o eldiario.es, así como en otros periódicos y revistas. 

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Nos reímos de Donald Trump, pero nos reímos porque nos queda lejos y porque no deja de parecernos una excentricidad estadounidense, como esas personas que creen que la tierra es plana y que se empeñan en enseñarlo en los colegios. Puro folklore. Pero no nos reímos nada, más bien se nos hiela la sonrisa, cuando escuchamos a algunos diputados en el Parlamento Europeo llamar “basura humana” a los refugiados o cuando tenemos ocasión de analizar las políticas que está aplicando Hungría a esta crisis humanitaria. Y sin embargo, por una vez, la agenda en esta materia no la está marcando la extrema derecha. Es una novedad ilusionante. Hasta ahora, la extrema derecha ha venido marcando no sólo las políticas de inmigración, sino sobre todo los discursos públicos, las agendas incluso, de muchos partidos políticos. La penetración del discurso de extrema derecha ha sido tal que partidos en principio antirascistas han terminado compitiendo ese espacio con la extrema derecha, como es el caso, por ejemplo, del partido socialista francés.

En lo que respecta a España es cierto lo que se dice a veces de que aquí no tenemos extrema derecha porque ésta ya está en el Partido Popular. Es una extrema derecha “limpia”, perfectamente integrada en el sistema y que ha renunciado por ello a sus aspectos más vocingleros, aunque no a sus políticas. Lo que algunos políticos europeos de extrema derecha piden desde sus tribunas, lo aplica –o lo intenta- el partido popular aquí. El partido Popular no llama a nadie basura humana, que son palabras mayores; simplemente pone concertinas, se salta la legalidad en las devoluciones en caliente, mantiene los CIES en condiciones inhumanas, aprueba una ley mordaza que hasta la ONU critica y trata de convertir un problema social (cualquier problema social) en un problema de seguridad. Hace lo mismo que la extrema derecha europea: apela constantemente al miedo y a los sentimientos más primarios para cerrar así toda discusión democrática sobre las posibles injusticias sociales y sus soluciones; además del objetivo clásico de dividir a la gente más aplastada e impedir la solidaridad mutua.

Fernández Díaz es la extrema derecha del Partido Popular pasada por la parroquia, y sus discursos y sus políticas son tan duras en la cuestión de la inmigración o los refugiados que es muy difícil ponerse a más a la derecha. Quizá sólo le supere García Albiol puesto ahora a liderar al PP en Cataluña después de intentar limpiar Badalona, que finalmente, y afortunadamente, se autolimpió echándole a él de la alcaldía. Ante la crisis humanitaria de los refugiados que huyen de la guerra en Siria, hay que decir que el Partido Popular lo ha intentado. Fernández Díaz ha hecho varias declaraciones avisando de que entre los refugiados podían esconderse terroristas del ISIS y él mismo y otros miembros del gobierno han estado varias semanas insistiendo en que el problema de los refugiados era un problema de mafias que trafican con personas. Los medios de comunicación, por su parte, insistían permanentemente en historias de traficantes de personas, como si ese fuera el problema principal.

Y sin embargo, en esta ocasión, el discurso, por lo general efectivo, de los Fernández Díaz del mundo se ha visto como lo que es, miserable, y tan claro se ha visto que en el curso de una semana el gobierno ha tenido que cambiar rápidamente, y lo mismo han hecho los medios de comunicación afines, que han pasado de hablar de mafias, traficantes y terroristas, a contarnos historias humanas de gente desesperada con las que casi todo el mundo empatizaría. Es novedoso que en esta ocasión la agenda la haya marcado la solidaridad de la gente que ha desbordado por abajo las previsiones del gobierno, y ha inutilizado los discursos del miedo y de la seguridad.

Es importante tener en cuenta que han sido los llamados “Ayuntamientos del cambio” los que al defender el discurso de la solidaridad desde las propias instituciones, parecen haber abierto un hueco por el que se han hundido los discursos gubernamentales de insolidaridad y miedo y por el que ha entrado con fuerza la solidaridad de la gente; con tanta fuerza que ha conseguido acallar al gobierno. Esto es una muestra del poder de las instituciones para construir a su alrededor nuevas mayorías; porque gente solidaria siempre ha habido, mucha; organizaciones que trabajan con refugiados también. Pero siempre hemos sido la disidencia, las voces acalladas por falsas mayorías. Pero cuando los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, así como las otras capitales gobernadas por los nuevos alcaldes, se han posicionado claramente y sin miedo por una política de desborde del gobierno…efectivamente, se les ha desbordado.

Para esto, entre otras cosas, sirve el cambio. Para hacer políticas distintas, pero también evidentemente para modificar lo que la gente piensa de esas políticas, para visibilizar que esas políticas distintas que apelan a lo mejor del ser humano y no a lo peor, son posibles. Eso al PP (y a los partidos clásicos) les da mucho miedo; y con razón. Esta crisis de los refugiados ha sido una victoria del cambio que ha modificado la correlación de fuerzas a nuestro favor. No es una victoria pequeña acoger con dignidad a los refugiados y acallar esas voces malditas que hasta ahora eran casi las únicas que se escuchaban. Estamos en el buen camino, nos queda mucho, pero avanzamos.

* Diputada de Podemos. Activista social y feminista por la diversidad sexual y por los derechos de las personas con discapacidad. Ha publicado dos libros de relatos, dos novelas, tres ensayos y dos poemarios. Escribe habitualmente en elplural.com, elciudadano.cl, pikaramagazine.com o eldiario.es, así como en otros periódicos y revistas.

* Crónica agradece a la autora su generosidad compartiendo su opinión con. Uestros lectores

Si hace unos pocos años las agresiones directas, y mucho más en Madrid, eran una rareza, algo excepcional, ahora están creciendo. Ya son varias las agresiones que, al grito de “maricones” se han cometido en la Comunidad de Madrid. La mayoría de ellas, además, no se denuncian. Esto quiere decir que las víctimas siguen sin confiar plenamente en la policía o que tienen miedo a hacerse visibles como gays o lesbianas. Aunque por lo general la policía cumple con su obligación, es cierto que falta formación específica sobre el trato a las víctimas de las agresiones homófobas y transfobas.

Si entendemos que, por lo general, llamamos terrorismo al intento de imponer una idea política por medio del terror y del uso de la violencia, entonces podemos llamar terrorismo machista a la violencia de género, aunque en este caso no se busque revertir una situación, sino perpetuarla. Históricamente, el sistema patriarcal ha minusvalorado, cuando no alentado, la violencia contra las mujeres de manera que la violencia usada contra unas pocas sirviera como amenaza y correctivo para todas. Todo sistema de dominación, y el patriarcado lo es,  tiene que usar la violencia para imponerse y luego para mantenerse, aunque esa violencia no sea utilizada masivamente. Basta con que ocurra de vez en cuando, basta la mera amenaza para que todas las víctimas potenciales sepan que es mejor no rebelarse. Históricamente esto no admite discusión posible. El asesinato o la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres –es decir, por el hecho de no ajustarse a lo que, como mujeres, se espera de ellas, ya sea lo que la sociedad espera de ellas o lo que un hombre cualquiera espera o desea-, no ha estado penada o mucho menos penada que la situación contraria. Eso quiere decir que este tipo de violencia estaba permitida, alentada como correctivo o socialmente legitimada, aun cuando existiera una pena formal. Aun ahora esto sigue ocurriendo en muchos países. En aquellos países en los que la igualdad formal es un hecho y el reproche penal por matar a un hombre o a una mujer es el mismo, aun en estos casos, la legitimación cultural se sigue dando en el caso de los asesinatos machistas.

Culturalmente sigue muy presente la idea de que los hombres tienen ciertos derechos (o muchos) sobre las mujeres con las que se relacionan sexual y afectivamente, y esto redunda en cierta tolerancia social cuando el asesino en cuestión no puede soportar el hecho de que “su” mujer le hace saber que no le pertenece. Tolerancia social a la que se une –o que fomenta- la tolerancia institucional y política, así como el relato que se sigue haciendo desde los medios de comunicación: la mató porque la quería, la mató por celos, la mató porque ella hizo algo que no debía o, simplemente, porque estaba loco. Lo cierto es que la mató porque él creía –el sistema le había hecho creer- que estaba legitimado para matarla, que tenía derecho a matarla; la mató porque ella, con su comportamiento, había dañado su sentido de la masculinidad. El sistema enseña a los hombres (las encuestas con los jóvenes dan cuenta de ello) que la masculinidad depende del comportamiento de las mujeres con las que se relacionan, especialmente de aquellas sobre las que han adquirido ciertos derechos; luego son las mujeres con su comportamiento las que desatan la violencia en algunos hombres.

Así pues, en realidad, ellos matan por una determinada idea política. El machismo es, también, una idea política o más bien, un sistema de ideas  de representaciones, de sentimientos, de normas culturales, de mandatos simbólicos…un sistema ideológico en definitiva. Uno que sostiene que hombres y mujeres no somos iguales, que las mujeres tienen que hacerse cargo de determinados roles, de determinados comportamientos, y los hombres de otros. Y, entre estos, la idea que genera más violencia es aquella que hace creer a los hombres que las mujeres, algunas mujeres, les pertenecen y que, por tanto, tienen derecho a exigirles determinados comportamientos, incluso determinados sentimientos. Esa es una idea política. Los asesinos matan porque están convencidos de que esta idea es cierta y que, por tanto, les ampara cierta legitimidad moral. Ellos están en lo cierto, ellos tienen razón,  ellos son las víctimas; ellas son las que han provocado la situación que les ha conducido a ellos a la violencia, a perder los nervios, a la furia. Ellos matan para restablecer el orden, para poner en orden su mundo, un mundo que ella, la culpable, amenaza con subvertir: no le muestra respeto, se ha ido con otro, se ha reído de él, le ha dejado en ridículo, le ha traicionado etc.

Esta idea, por supuesto, no crece en el vacío; ellos no están locos, no son maniáticos o psicópatas. La idea que les lleva a matar está muy extendida y tiene muchos defensores; en ese sentido ellos son normales. No son muchos los hombres que matan, afortunadamente, pero son bastantes más los que sin matar ni defender el asesinato, sienten que sí, que ella no merecía morir seguramente pero que tanta feminista conduce a algunos hombres a hacer locuras. Son todos esos que sostienen que dicha violencia se acabaría si las mujeres fueran como deben ser; es decir, son esos que cuando asesinan a una mujer en lugar de sentir dolor por la víctima sienten cierta solidaridad con la situación que ha conducido al asesino al crimen; son los que en lugar de empatizar con la víctima inundan las redes culpando  de la situación no al asesino ni a la idea machista, sino a quienes intentan acabar con el machismo; son todos esos que cada vez que un machista asesina a una mujer sacan a relucir las muertes por tráfico, los asesinatos en los conflictos bélicos o los malos tratos a los ancianos.

Son cómplices también esos medios de comunicación que insisten en decir que “una mujer muere” en lugar de decir que “otra mujer es asesinada”, o que hablan de violencia doméstica en lugar de hablar de violencia machista o de género.  Son cómplices todos los que se empeñan en explicar que los asesinos son psicópatas en lugar de entender que dichos individuos son personas normales, bien adaptadas, que quieren a sus padres y a sus perros, pero que no soportan que su mujer elija irse con otro o que le deje sin más. Son cómplices también las instituciones y los gobiernos que en lugar de considerar que la ideología machista está provocando el asesinato de miles de mujeres consideran que dichos asesinatos se deben a la mala suerte, a que hay mucho loco  suelto, o que, en todo caso, son cosas que pasan; que basta con detener al asesino de turno y juzgarle adecuadamente.

La lucha feminista ha conseguido que una buena parte de la sociedad y de su clase política lo entienda y lo comparta: que los asesinos matan porque son machistas; que el machismo mata, además de ser injusto e incompatible con la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, una parte de la derecha y los sectores más conservadores, no es que no lo entiendan, es que se niegan a considerar al machismo culpable de estos crímenes. Aunque no lo digan con estas palabras, porque la palabra “machista” está mal vista, lo cierto es que su idea de sociedad no combate la desigualdad sexual, sino que está basada en ella. Por eso la derecha y la iglesia –además de todos los machistas, por supuesto- se suelen oponer con todas sus fuerzas a cualquier intento de combatir el machismo en la escuela, ya sea mediante Educación para la Ciudadanía en España o una asignatura contra la desigualdad de género en Francia. O la introducción de Agentes de Igualdad en la escuela, como acaba de proponer la diputada de Podemos en Valencia, Cristina Cabedo (y como queremos proponer también en Madrid)  Los machistas (personas e instituciones) piensan que la desigualdad de género es normal y se niegan a vincularla con la violencia. Nosotras decimos que ya basta; que exigimos de esta sociedad que combata el terrorismo machista y la ideología que lo sustenta. 

El 7 de noviembre las feministas hemos convocado una gran manifestación en Madrid contra la violencia machista. Para que se considere un asunto de estado y se le dé la máxima importancia, para que las instituciones hagan todo lo necesario para combatirla, para que los medios la traten como lo que es y no contribuyan a dulcificarla, para que los asesinos machistas sean considerados por todos y por todas lo que son: asesinos al servicio de una idea perversa que hay que combatir y erradicar. Basta ya. El 7 de noviembre la sociedad entera a la calle; exigimos apoyo de todos los partidos políticos y de todas las instituciones; exigimos que esta manifestación sea considerada tan importante como aquellas otras en las que se pedía el fin de otros terrorismos. Ya basta.

* Beatriz Gimeno es escritora y activista

El mes de maig, en la seva reforma del Registre Civil, el Partit Popular va presentar d’amagat la possibilitat que les criatures nascudes de ventres de lloguer es puguin registrar sense problemes a Espanya. Això suposa, de facto, el reconeixement d’aquesta pràctica com a legítima, per a aquelles persones que disposin dels més de 30.000 euros que pot costar el nadó. Fins ara, atès que els ventres de lloguer són il·legals aquí i a gairebé tot Europa, es negava la seva inscripció als registres.

A aquesta proposta, el PSOE hi ha oposat una esmena que busca el contrari. D’una banda, dóna un termini perquè tots els nadons nascuts o que han néixer durant els propers mesos puguin ser inscrits, després del qual aquesta porta es tanca definitivament; també pretén prohibir que les empreses de subrogació –les veritables beneficiades del negoci– es puguin anunciar a Espanya. Si un negoci és il·legal, és lògic considerar que no es pot anunciar lliurement. Les empreses, constituïdes en un autèntic lobby de poder, han reaccionat a l’esmena del PSOE amb trucades, cartes i campanyes de pressió als partits. La influència econòmica que exerceix aquest sector sobre els mitjans de comunicació ja ve de lluny. I el resultat és que aquests mitjans, que viuen de la publicitat, han estat publicant publireportatges de ventres de lloguer, sempre presentats com una pràctica èticament acceptable i socialment justa, productora de felicitat. Poques coses es venen tan bé: parelles felices que només volen completar les seves famílies amb un fill o filla; nens i nenes que són desitjats i buscats; dones de classe mitjana americana que l’únic que busquen amb la seva generosa donació és satisfer altres parelles. Qui podria resistir- se a aquesta imatge?

Una altra mercantilització de les vides La veritat és que els ventres de lloguer són una mostra més de com el neoliberalisme, la seva ideologia, la seva ètica i la seva capacitat cosificadora s’estan introduint fins al moll de l’os del cos social i a les vides de les dones, especialment. Tot és objecte de comerç: els cossos, parts d’aquests cossos, la capacitat reproductiva, els fluids corporals… Els ventres de lloguer, a més del mal que fan a les dones, no són més que una compravenda de nens i nenes. Quan es van aprovar les lleis que penalitzaven aquesta pràctica a gairebé tots els països del nostre entorn, fa dues dècades, es partia d’una certa tradició social europea, es tractava de preservar un àmbit corporal i personal de la voracitat del mercat. També es protegien els drets dels que poden estar més desprotegits, en aquest cas, els nens. No obstant això, en tot just una dècada, l’enorme poder legitimador del mercat s’ha imposat amb tanta intensitat que aquestes cauteles ni tan sols s’entenen. El que es va decidir penalitzar apareix, ara, com un dret indiscutible.

Poques vegades s’entra en la discussió sobre un assumpte que continua tenint unes profundes arestes ètiques i polítiques. Un dels aspectes més característics del capitalisme és la seva capacitat per invisibilitzar-se com a estructura, per ser percebut com a sistema. Així, és molt més difícil de combatre, ja que ni tan sols se’l veu. Totes les conseqüències que genera, el que fa a la vida de les persones, s’acaba considerant una qüestió de mala sort, d’incapacitat personal o de l’esdevenir natural de la vida, sense més. Però el mercat és una forma d’organització política, econòmica i social que produeix víctimes, explotació i injustícia i que té unes regles de funcionament ben conegudes. Sempre que s’obre un mercat, de manera general i en condicions de globalització neoliberal, automàticament s’obliga els pobres a entrar-hi. Això ja ha passat amb els ventres de lloguer als països pobres, on s’ha convertit en un negoci que genera milions de dòlars, que es reparteixen les agències intermediàries, els metges i les clíniques. En aquesta situació, moltes dones amb pocs recursos econòmics no tenen més remei que dedicar-se a això perquè aquesta es converteix en la millor (de vegades, l’única) opció per a elles. Quan una activitat –els ventres de lloguer en aquest cas– es converteix en una font de riquesa important per a un país, aquest deixarà d’invertir en igualtat o en educació per a les dones. Si el PIB d’alguns estats depèn de la prostitució o els ventres de lloguer, quin interès tindrà el país a aconseguir que les dones siguin més iguals i menys pobres? Cap, perquè com més pobres i desiguals siguin elles, de més bon grat acceptaran dedicar-se a aquestes activitats.
En un futur no molt llunyà, veurem com els habitants dels països pobres es converteixen en repositoris d’òrgans per als habitants dels països rics i direm que ho fan voluntàriament. Des d’una posició anticapitalista, que òbviament no és compartida per tothom, mai no hauríem d’oblidar una cosa: sempre que s’obre el mercat –i més encara quan és un mercat nou sobre alguna cosa que abans no era objecte de compravenda– això no incumbeix només la persona concreta que es veu en la tessitura de vendre o no. La pràctica incumbeix totes les persones que es troben en la mateixa situació de gènere, raça o classe. La llibertat té sempre una dimensió social que no s’identifica amb l’individualisme.

Garanties… pels contractants Com que hi ha un negoci molt important, també hi ha un lobby empresarial molt important que encarrega informes o publica articles científics que defensen les bondats del lloguer de ventres i gasta quantitats de diners ingents en publireportatges per anestesiar la població. L’argument amb el qual es defensa políticament, d’acord amb la consideració neoliberal més pura, és la primacia del contracte lliurement signat sobre qualsevol altra consideració. Per als neoliberals, el contracte demostra la voluntat sense condicions dels contractants, protegeix els contractants i no les persones signants en situació de vulnerabilitat. La llibertat personal, doncs, queda subsumida en la llibertat de contractar, sense més consideracions. En aquest sentit, la mare gestant renuncia a tot en el moment que signa el document, especialment a la possibilitat de penedir-se. I ho fa malgrat que, com han posat de manifest diversos especialistes, la subrogació signada abans de l’embaràs no pot ser vàlida perquè expressa una intenció que es refereix a una situació que no s’ha donat (el naixement d’un fill gestat) i que és prou important perquè faci variar el consentiment. Si en qualsevol contracte s’admet que una variació important de les circumstàncies i les condicions pot canviar la consideració del consentiment, com és possible signar la cessió d’un nadó que no s’ha gestat ni parit?
Per començar, en aquesta qüestió, entra en joc la cosificació que suposa considerar les dones com a ventres, sotmetre-les a un procés d’explotació com n’hi ha pocs. El contracte fixa com i quan s’han de tenir relacions sexuals, què cal menjar, quin esport s’ha fer, quins exàmens mèdics cal passar, quines decisions s’han de prendre, quina vida s’ha de portar. Tot això, acompanyat de les injeccions d’estimulació ovàrica, les proves mèdiques invasives, la gestació de nou mesos durant els quals una no es pertany a si mateixa… i el part, amb tots els perills (i dolors, intensitats emocionals, etcètera) inherents.

Però, a més, l’objecte del contracte és un nen o una nena. No és possible diferenciar els ventres de lloguer de la compravenda de nens i nenes. Finalment, no estic en contra de la tècnica en si considerada com a donació, de la mateixa manera que la donació d’òrgans és una activitat generosa i solidària. No obstant això, quan les lleis sobre la gestació subrogada (que aleshores sí que es pot anomenar així) són garantistes i vigilen que no hi hagi diners ni agències pel mig, la pràctica existeix en un nombre tan limitat de casos que els demandants segueixen recorrent als països pobres. A la Gran Bretanya, Austràlia, Israel o el Brasil, amb lleis d’aquest tipus, se sotmeten a aquesta pràctica germanes que ho fan per germanes, mares per filles o amigues per amics. Ningú no se sotmet a una cosa així per un desconegut, de la mateixa manera que ningú no dóna un òrgan en vida a un desconegut, però sí a una persona estimada. Els ventres de lloguer sotmeten les dones pobres a un mercat que explota els seus cossos i la seva capacitat reproductiva d’una manera industrial i desconeguda fins ara. Legalitzar-los és un pas més en l’acceptació de les regles de vida neoliberals.

 

* Beatriz Gimeno es escritora y activista