Se cumplen cien días de las elecciones y quedan unos treinta para poder llegar a un pacto de investidura. Cien días son pocos y sin embargo es fácil olvidar la cronología. Y olvidando cómo han sucedido las cosas es difícil comprenderlas.

 

Es sencillo olvidar que en los primeros días nadie se movía salvo Susana Díaz, que anunció que el PSOE no podía gobernar ni llegar a un acuerdo que se apoyara en los votos de ningún partido que aportara soluciones al conflicto catalán distintas a decir que no y esperar a que se pudra el problema como Rajoy. Suena como un recuerdo remoto, pero en aquellos días la prensa de orden se agarró a una propuesta del programa de Podemos (intentar solucionar el conflicto catalán votando) elevándolo a única prioridad de Podemos. Nadie de Podemos había dicho que ese fuera el centro de un posible acuerdo pero eso al coro no le importaba demasiado.

 

De los episodios que más olvidados tenemos es aquel viaje de un rebelde Pedro Sánchez a Portugal. Se hizo unas cuantas fotos y su mensaje era claro: voy a intentar un gobierno a la portuguesa. Fue a principios de enero y es difícil creer que Pedro Sánchez no conociera el reparto de escaños en el Congreso: con los mismos números lo que el aparato de propaganda denuncia hoy como imposible no sólo era posible sino que eran las fotos de su apuesta. Nadie hablaba entonces de los mantras actuales (gobierno transversal, mestizaje político) seguramente porque nadie había echado números en un sorprendente ejercicio de dejadez.

 

Durante aquellos primeros días no hubo un solo movimiento para lograr un gobierno. Sin embargo sí hubo un gran acuerdo sobre "sillones": el PSOE, Ciudadanos y PP se pusieron de acuerdo para el reparto de la Mesa del Congreso. El PSOE obtenía el sillón mayor (la presidencia), Ciudadanos obtenía un sillón extra con respecto a los que le tocarían y el PP se garantizaba una mayoría de bloqueo con Ciudadanos, su aparente aliado preferente hasta que alguien ordenara lo contrario. Era un acuerdo de sillones que distorsionaba la representación. Entonces el aparato de propaganda puso en marcha tres mentiras: que Ciudadanos había logrado por primera vez que PP y PSOE se pusieran de acuerdo (siempre se ponían de acuerdo en esto: cuatro años antes acordaron una mesa que excluyera a IU de la mano de CiU), que PP y PSOE no habían llegado a un acuerdo entre sí (era obvio, y ya nadie lo ocultaría, que fue un acuerdo a tres) y que la Mesa del Congreso apenas tiene funciones.

 

Tras esas semanas de guerras internas en el PSOE, chalaneos y fotos, el primer movimiento para formar un gobierno lo hizo Pablo Iglesias haciendo una propuesta de gobierno de coalición al PSOE en el que participaran Podemos, sus confluencias e Izquierda Unida presidido por Pedro Sánchez pese a que su partido sumará menos votos que el resto de partidos de gobierno. El descoloque fue tal que un día después de anunciar que se presentaría a la investidura Rajoy renunció a hacerlo por esa propuesta de Podemos. El aparato de propaganda giró el discurso: ahora resultaba que la propuesta de Podemos era un chantaje y una humillación al PSOE. No se decía ni que no sumara ni que Podemos sólo quisiera sillones, sólo resultaba una cuestión aparentemente moral.

 

Más allá de esa propaganda ni PP ni PSOE movieron un músculo para lograr la investidura de nadie. El nuevo mantra del PSOE era que, no se sabía por qué, era tiempo de Rajoy y era Rajoy quien tenía que hablar con gente. Seguía corriendo el reloj.

 

Cuando finalmente el rey decidió proponer a Pedro Sánchez para investidura por fin empezó a moverse. Y no lo hizo hacia Portugal sino hacia donde semanas antes le había exigido Susana Díaz. Hacia Ciudadanos. Hacia una opción que sólo sumaba si el PP la apoyaba. Izquierda Unida hizo una inteligente propuesta de mesa a cuatro pero el PSOE cerró un acuerdo con Ciudadanos cuya puerta de entrada era el cumplimiento del pacto de estabilidad de la mano del bloqueo real de los ingresos públicos: esto es, más recortes por mucho que se mencionara un catálogo de propuestas sociales imposibles con ese presupuesto económico.

A partir de ahí, ya es más fácil de recordar, el PSOE le dijo a Podemos que se tragara ese acuerdo o estaría traicionando a sus votantes, apoyando a Rajoy, haciendo el juego a la derecha. Pedro Sánchez descubrió que los españoles habían votado "transversalidad y mestizaje" (salvo con los nacionalistas, cuyo mero voto a favor intoxica todo gobierno: mestizaje sólo con "el Partido Popular con 20 años menos"; tampoco se sabe por qué no mestizaje con "el Partido Popular con 20 años más") y se exigió un cheque en blanco a un gobierno del PSOE en solitario (toda propuesta de coalición es "pensar en sillones"; exigir el sillón presidencial para Pedro Sánchez, en cambio, es altura de miras). Todo ello, por supuesto, no era un chantaje ni una humillación como aquella propuesta de coalición presidida por Pedro Sánchez que hizo Podemos.

Pasados cien días el bodevil no tiene más recorrido. Hay dos posiciones que están claras y con las que hay que hacer números. El Partido Popular no va a apoyar un gobierno que no encabece alguien propuesto por ellos. Y Podemos no va a someterse al chantaje de apoyar un gobierno cuyas políticas económicas sean continuistas con las que nos han traído hasta aquí y va a exigir garantías de que las promesas del PSOE por primera vez en cuarenta años no sean traicionadas. De eso ya se ha dado cuenta todo el mundo (confieso que yo pensaba que el PP sí podría apoyar un gobierno de otros si era menester).

 

Así las cosas hoy ese acuerdo entre PSOE y Ciudadanos no sirve de nada: ni siquiera ya para calmar a Susana Díaz. Sólo hay tres opciones: o un gobierno de cambio real (como al que decía apostar Pedro Sánchez en su viaje a Portugal en enero) en el que se encuentren el PSOE, Podemos, Compromís e Izquierda Unida y al que apoyara quien quisiera o un gobierno continuista con PP, Ciudadanos y PSOE o elecciones (con sus correspondientes guerras de sucesión en PP y PSOE).

 

Hoy se baja el telón: no por los cien días sino por la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Es cierto que pese a su mal resultado electoral el PSOE ejerce de bisagra privilegiada: nadie más que el PSOE (y en concreto Pedro Sánchez) puede elegir entre las tres opciones. Durante estos cien días hemos visto demasiados ejercicios florales y juicios solemnes presentados como verdades eternas que cambiaban a los quince días por la verdad eterna contraria. Ya no hay tiempo para teatro. Da tiempo de sobra para poner en marcha un gobierno que haga muchas cosas, no todas cuantas serían deseables pero sí muchas que no habríamos imaginado en tiempo.

 

Está en manos de Pedro Sánchez rendirse a la inercia sumisa y conservadora que ha llevado al PSOE a sus peores resultados o ser valiente, desobedecer a los poderes tóxicos que intentan controlar su partido y recuperar las razones por las que mucha gente honrada y socialista le ha votado. Y si no, nos dejamos de teatros y vamos preparando la campaña electoral: sólo hará falta saber quién consigue salir en los carteles de cada partido, que quizás haya sido de lo único que se ha tratado todo este tiempo.

El 31 de enero de 2013, El País publicó los ‘papeles de Bárcenas’. Era una bomba que tenía que caer tarde o temprano desde que El Mundo intentara reducirla a una explosión controlada y difusa. Dirigentes del PP, anticipó El Mundo, habían cobrado en dinero negro regularmente desde hacía muchos años. Andábamos conociendo la trama Gurtel y aquello parecía una mera prolongación de la oscuridad y falta de escrúpulos con la que el PP y sus dirigentes se había manejado sin que, además, supiéramos los nombres en concreto de quiénes habían cobrado en dinero negro. Pero ese 31 de enero vimos la contabilidad real del Partido Popular, la que su gerente y tesorero había ido elaborando durante los años en los que gozaba de las máximas confianzas en Génova 13 y no contemplaba ni como mera hipótesis que tal documentación (que habría de llevarle a la cárcel) fuera descubierta. Tras el intento del PP y de su pesebre mediático, hoy ya no hay quien dude de la veracidad de aquella contabilidad real y de cada uno de sus apuntes.

Lo que vimos no era sólo un incumplimiento de la legalidad. Eran las entrañas del saqueo, la sala de máquinas de nuestra ruina. No era sólo que los dirigentes del PP tuvieran un sistema generalizado de cobros en dinero negro, sino que el PP se nutría de financiación con dinero negro que provenía de los constructores. Lo que vimos es que esos constructores recibían el inmenso gasto en infraestructuras que había protagonizado los años del crecimiento económico basado en el ‘ladrillazo’ (del que también se habían beneficiado esos constructores-donantes). Y, por tanto, esos sobresueldos en dinero negro no eran “remuneraciones complementarias por razón del cargo” y “anticipos por gastos inherentes al desempeño del cargo” como los definió Rajoy en el Congreso varios meses después: eran una forma de soborno que hacía que una parte del salario de toda la cúpula del PP y la financiación del partido (y de sus campañas electorales) dependiera de que las administraciones donde el PP gobernara priorizara el gasto en infraestructuras sobre cualquier otro posible gasto. Un funcionamiento idéntico al que hemos visto que había en la Cataluña de CiU (aunque aparentemente los sobornos los centralizaba la familia Pujol) y al que hemos visto que se reproducía en los distintos Partidos Populares de cada comunidad autónoma, de cada provincia, de cada ciudad.

Lo que vimos hace ahora tres años es el funcionamiento de una estructura criminal que se había adueñado de un partido político y cuyo objetivo era repartirse dinero público. Para ello se podía construir radiales inútiles, aeropuertos absurdos, anunciar que cualquier problema real se resolvía poniendo ladrillos. La Sanidad necesitaba construir ocho hospitales en Madrid sin que ello supusiera ni una cama ni un médico más (pues ni los médicos ni los pacientes hacen donación alguna al partido), gastarse una millonada en una ‘Ciudad de la Justicia’ que años después es un páramo apto sólo para que correteen los conejos y se rueden películas, o aprobar la construcción de colegios concertados a cambio de una mordida de 900.000 euros y un ‘volquete de putas’.

Lo que hemos visto es que lo que los ‘papeles de Bárcenas’ mostraban que cada una de las decenas de tramas en todos los niveles de la administración (desde los miembros de la Casa Real que van a ser juzgados a múltiples comunidades autónomas y cientos de municipios) tenían un funcionamiento armónico, que el ciclo ‘financiación ilegal al partido’-‘sobornos con dinero negro a los dirigentes’-‘gasto público a favor de los sobornantes‘ ha funcionado por toda España y ha sido el funcionamiento regular del PP y de CiU. Que no han sido casos aislados sino una estructura criminal que se ha extendido como un funcionamiento regular.

La ruina del país, la priorización del gasto en infraestructuras sobre el desarrollo de un Estado social tienen en parte su motor en ese funcionamiento cuyas tripas pudimos ver hace tres años en los cuadernos de la contabilidad real del PP. Hay otras salas de máquinas de la ruina que van de las puertas giratorias a los créditos asequibles, tarjetas black, o el simple ejercicio del poder ilegítimo a través del chantaje y chalaneo frente a un ejercicio del poder democrático. Una maquinaria plural que explica que además de las constructoras, los bancos y las empresas energéticas hayan gozado de los favores de un Estado que se ponía a su servicio en vez de al de su pueblo como correspondería en una democracia. No podemos esperar que un Estado responda a los intereses de su pueblo si lo gobiernan gentes y partidos sometidos a los mandatos de una ínfima minoría: los distintos modos de soborno y financiación ilegal no son compatibles con gobernantes que puedan plantar cara a sus sobornantes.

El tercer aniversario de la publicación de los ‘papeles de Bárcenas’ coincide con un momento en que se dirime si los actores de ese saqueo siguen al mando de las instituciones o si se da un volantazo para romper con quienes desde hace demasiados lustros han funcionado como una mafia ruinosa para el país. No es otra cosa lo que se dirime en esas comidas, artículos, comités federales, entrevistas a viejas glorias reconvertidas en consejeros de grandes empresas o directamente a banqueros, noticias sin contenido pero con titulares injuriosos orquestados por los tinglados mediáticos de esos grupos de poder a los que el pueblo abrió la puerta de salida el 20D.

De eso se discute estos días: de si en el cuarto aniversario de los ‘papeles de Bárcenas’ celebraremos que tenemos un Estado democrático y de Derecho o si nuestras instituciones siguen sometidas al saqueo de una minoría contra su pueblo.

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En la Comunidad de Madrid gobierna el PP con el apoyo de Ciudadanos para todo lo relevante. En cuestiones accesorias o no vinculantes se desmarcan y Ciudadanos ejerce con maestría el ya famoso opostureo, pero en la investidura, leyes como la de Telemadrid, presupuestos, etc van juntos de la mano. El acuerdo de investidura comenzaba con el siguiente compromiso:

Ocurre que en este momento el que está imputado por haber destruido los discos duros con las pruebas de su financiación ilegal cuando se los solicitó (con sorprendente ingenuidad) el juez es el conjunto del Partido Popular. Así, Ciudadanos y Partido Popular se oponen a la presencia de cualquier persona sobre la que recaigan indicios de delincuencia individual, pero si la delincuencia es organizada ya no hay problema. Ciudadanos no rompe su acuerdo para que gobierne una organización imputada por destruir pruebas de corrupción.

Faltaría más.

Esta mañana se ha producido la rutinaria operación contra la corrupción del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Que el PP de la Comunidad Valenciana ha sido una organización que ha usado el gobierno y los ayuntamientos para saquear a sus ciudadanos es algo que no merece mucha explicación. Pero allí no sigue gobernando el PP simplemente porque a Ciudadanos no le dan los votos para mantenerlo.

Es lógico que las empresas (bancos, constructoras, eléctricas) que han enjuagado los distintos tipos de sobornos para que desde el Estado se engordaran sus cuentas con políticas ruinosas para la ciudadanía común apuesten por esa gobernabilidad que supondría una alianza explícita o implícita entre PP, Ciudadanos y PSOE. Es lógico que los medios que crecen con financiación de esos bancos, publicidad de esas empresas, publicidad de las instituciones gobernadas por esos partidos e incluso financiación con dinero negro de esos partidos marquen una estrategia para forzar esa gran coalición. No defienden el país ni la economía ni nada. Sólo sus intereses, seguir viviendo en la lógica del saqueo.

Para Ciudadanos y el PSOE sería el suicidio definitivo. En el caso de CIudadanos fueron nacidos para esto. Ya poco importa, salvo repetición electoral, que caigan: han cubierto, mal que bien, su objetivo. En el caso del PSOE, está ante su última oportunidad de parecerse a sus votantes y no ser arrastrado por la Historia.

En las últimas semanas han saltado los escándalos de Acuamed y el PP Valenciano. Previsiblemente conoceremos más que quedaran aplazados por las campañas electorales de 2015. Y empezará pronto el goteo de juicios por todos los casos que acumula el PP.

Cada cual sabrá qué autorretrato quiere hacerse.

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En el debate del lunes en Cataluña hubo dos posiciones sobre el cumplimiento de la ley. Por un lado, varios grupos afeaban la resolución del Parlament porque iba contra la Ley y vinculaban acatamiento de la ley y democracia: "no hay democracia sin Ley", "en una democracia no es legítimo desobedecer la ley" y cosas así. Por el otro, Artur Mas puso algunos ejemplos de derechos que no habríamos conquistado de no ser por la desobediencia: si no recuerdo mal, los ejemplos que puso fueron el voto de la mujer y el fin de la segregación racial: ambos derechos políticos, por cierto, pese a que también hay múltiples derechos sociales de los que Mas ha recortado que se consiguieron desobedeciendo.

A Inés Arrimadas eso le pareció un insulto porque España es una democracia plena y un Estado de Derecho: supongo que Ciudadanos llevará en su programa la recuperación de la mili (y sólo para varones) dado que quienes conseguimos acabar con ella lo hicimos cometiendo un delito (miles de personas nos declaramos insumisos en los 80 y sobre todo en los 90 y no pocos pasaron por la cárcel por ello). Cuando un grupo de ciudadanos (con 'c' minúscula) para un desahucio está desobedeciendo en la España del siglo XXI una norma injusta y garantizando un derecho humano, poca gente se atrevería a discutir su legitimidad de puro obvio.

Lo que hace legítima la desobediencia a una ley no es el carácter democrático o no de un Estado sino el carácter injusto de la norma que se desobedece. Que un país sea una dictadura no habilita a cruzar los semáforos en rojo ni a robar bolsos, puesto que las normas que lo prohiben son razonables y justas. Que Estados Unidos fuera entonces formalmente una democracia no hizo menos legítima la desobediencia de Rosa Parks.

Defiendo, pues, la legitimidad de la desobediencia de la legalidad cuando ésta es injusta y me solidarizo con los desobedientes, en eso consiste la dignidad de un ciudadano: eso heredamos de los ilustrados, que la libertad es el derecho a la autodeterminación de las personas que siguen a su razón no a ningún dictado contrario a la razón. Y en Cataluña hay una injusticia: ante un importante conflicto político como el que hay es un derecho del pueblo decidir democráticamente, no hay otra forma razonable (ni realista) de resolver voluntades colectivas enfrentadas.

Ocurre que la resolución del Parlament no va a desobedecer esa norma injusta sino otra norma: que el proceso que inicia culmine con un referéndum es una broma porque llegará a él con una serie de desobediencias que no tienen que ver con el ejercicio del derecho democrático sino con la construcción de una nueva legalidad que supone, de hecho, una independencia. Y que Cataluña forme parte del Estado español no es justo ni injusto como no sería justo ni injusto que construyera un Estado propio. Por donde pasen las fronteras es fruto de muchos factores históricos, pero no es justo ni injusto. Lo que es injusto es que haya pueblos que no puedan resolver democráticamente conflictos políticos.

La modificación de los límites geográficos de los Estados puede hacerse con instrumentos y por razones justas o injustas, pero la modificación en sí misma no es una cuestión moral. Por tanto, que Cataluña forme parte de España no es en sí mismo injusto (ni justo), así que emprender una "desconexión" del Estado no tiene nada que ver con la desobediencia de normas injustas: yo prefiero que no haya independencia, otros preferirán que la haya, pero ni unos ni otros lo hacemos por un criterio de Justicia. Puede que incluso haya quien considere que las consecuencias de la independencia serían la posibilidad de mayor justicia o mayor injusticia pero, por sí mismo, que en la Península Ibérica haya uno, dos o tres Estados no es ni más ni menos justo.

Personalmente apoyaría al gobierno catalán (o a cualquier otro) si desobedeciera para avanzar en democracia y en derechos y libertades. En la legislatura pasada tuvo la ocasión, cuando el Tribunal Constitucional prohibió el referéndum que había convocado el 9N: sí es injusto que no se pueda votar para resolver conflictos políticos. Evidentemente esas no son las condiciones ideales para el ejercicio del derecho a decidir, puesto que lo ideal es un acuerdo con el Estado sobre cómo es el referéndum y cómo se aplicaría el resultado para que se lleve a cabo con todas las garantías. Pero ante la negativa del gobierno español a todo tipo de diálogo que condujera a una solución justa, pacífica y democrática (que la gente vote), la desobediencia estaría claramente justificada. Sin embargo, ahí el gobierno catalán acató y pasó a apoyar una convocatoria equivalente a una recogida de firmas. Sorprende que esa desobediencia, que además de justa era mucho menos contundente, no fuera acometida y ahora nos tengamos que creer que los mismos (CDC junto a ERC) sí vayan a desobedecer en un camino mucho más complicado, pero eso es irrelevante en cuanto a legitimidad.

Además, ese referéndum sí es un derecho para cuyo ejercicio rotundamente existe base popular suficiente: que se resuelva democráticamente el problema (el territorial y todos los demás) también lo defiende Catalunya Sí Que Es Pot y, según todas las encuestas, aproximadamente el 80% de los catalanes incluidos muchos de los que votan a los partidos más numantinos. Como razonablemente explicó la CUP los días inmediatamente posteriores al 27S, si las elecciones catalanas fueron un plebiscito, éste no avalaba la puesta en marcha de un proceso de independencia. Lo cual no significa que zanjara el conflicto político.

Es una ridiculez decir que toda violación de cualquier ley es ilegítima en democracia. Pero también es una ridiculez argumentar la legitimidad de la desobediencia a leyes injustas para poner en marcha una nueva legalidad que no es más legítima si no viene de un claro mandato popular para la construcción de un nuevo Estado.

Quien se rebele y desobedezca leyes injustas sabe que se enfrentará a posibles sanciones, pero también contará con la solidaridad de los demócratas convencidos. Pero que no nos tomen el pelo ni nos falten al respeto: desobedezcan leyes que sean injustas, que la rebeldía sea en la conquista de la democracia, con todas las consecuencias.

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En la foto, José Cabrera, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid regresa a su escaño ovacionado por todos sus compañeros del PP puestos en pie. En realidad por todos no. En la foto se ve a Juan Van Halen (segunda fila a su izquierda) que está a su rollo como es costumbre. No se ve a Cristina Cifuentes que aplaudió tímidamente desde su escaño e hizo como que la cosa no iba con ella mirando unos papeles.

Esta foto la hice yo. Otro diputado, Raúl Camargo, hizo otras también. ¿Por qué fotografiamos la ovación? Porque habíamos asistido a la intervención más bochornosa desde que empezó la legislatura y nos parecía espectacular que en vez de hacer como que no habían oído nada los diputados del PP bramaran su entusiasmo. Luego supimos que no aplaudían su intervención, al menos no sólo su intervención. Aplaudían al compañero Pepe Cabrera.

El grupo de Podemos había presentado una proposición para revertir la venta de 3.000 viviendas del IVIMA (el instituto de vivienda autonómico) a Goldman Sachs. Entre los invitados había varias víctimas de estas ventas. El tipo, José Cabrera, empezó a dar lecciones a las víctimas a las que recomendó no "vivir de papá Estado" y echó en cara a nuestro grupo que vengamos con el "buenismo" (palabra muy reiterada en su intervención) de que "los pobres son todos muy buenos y muy honrados cuando no es así". Como no sé si la inviolabilidad parlamentaria cubre los comentarios vertidos en un chat no detallaré las expresiones que usamos algunos diputados para referirnos a esa intervención tan ovacionada por el grupo popular.

Como somos nuevos nos pusimos a buscar en google quién era este señor y vimos que este diputado había sido acusado de colocar en Metro a su hijo siendo él portavoz de la Comisión de Transportes (él, que decía que no vivieran de papá Estado (papá, Estado) las víctimas del IVIMA. O que junto con Rodrigo Rato había arrasado el río Tajuña a su paso por Carabaña. El tono de nuestro chat iba alejándose, digamos, de la cortesía parlamentaria conforme íbamos encontrando cosas  de ese hombre tan insultante con las víctimas de sus políticas antisociales y con "los pobres".

El grupo Popular en pie, ovacionando como no lo han hecho en toda la legislatura. Emocionante. El nuevo PP.

Escuchando una de las mejores intervenciones en #plenoAsamblea Mi compañero Pepe Cabrera dignificando la política,las personas y la libertad

— Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) octubre 15, 2015

Al terminar el pleno supimos que no, que no le aplaudían por su bochornosa intervención. "Mi compañero Pepe Cabrera dignificando la política". Efectivamente aplaudían al compañero Pepe Cabrera y su forma de entender la dignificación de la política.

Desde hacía unas semanas había un asunto raro en la Asamblea. Los diputados tenemos que hacer una declaración de bienes e intereses al principio de legislatura y otra al final. Se trata de comprobar qué variaciones patrimoniales ha habido y si estas son de origen legítimo: si el paso por la política institucional nos ha enriquecido, vaya. Los de nuestro grupo hemos hecho público mucho más que lo que pide la Asamblea (además de la agenda, por ejemplo) así que el único problema que teníamos era adaptarlo al formato que planteara la Asamblea. No sabemos por qué no nos dieron el formulario al inicio de la legislatura (como otros formularios) sino sólo la semana pasada y con un plazo para entregarla que terminaba ayer. Pero lo más sorprendente es que nos pedían que pusiéramos los datos patrimoniales actuales, de mediados de octubre, no los de principios de junio cuando tomamos posesión y que son los que permitirían ver si nuestro paso por la Asamblea nos había supuesto enriquecimientos por encima de lo razonable.

Había un rumor a voces. Un diputado del Partido Popular, no sabíamos cuál, se había deshecho de algunas propiedades para desvincularse del caso Rato. Por eso la aparente formalidad de la declaración patrimonial supuso una agria reunión de la Junta de Portavoces en la que durante una hora se discutió este detalle y finalmente se aprobó que se hicieran constar (como observación al pie del formulario) las diferencias patrimoniales respecto a la declaración que todos hemos tenido que hacer ante notario.

Hacia las 23h supimos a qué se debía la ovación, cómo estaba el "compañero Pepe Cabrera dignificando la política", cuál era el diputado del PP que había generado todos esos movimientos sorprendentes en torno a la declaración patrimonial.

Informaba El País: Un diputado del PP renuncia al escaño para no tener que publicar sus bienes.

Cabrera ha justificado su renuncia en que no quiere poner en riesgo el vasto patrimonio que ha atesorado para él y sus hijos desde que arribó hace muchos años a Madrid procedente de su Extremadura natal "con una mano delante y otra detrás", confesó.

Cabrera ha reconocido ser dueño de seis empresas, por las que factura al año al menos 6,2 millones. Y a estos millones hay que sumar los dividendos que ha obtenido recientemente tras la venta de una de las empresas de su familia a una firma extranjera. Cabrera, aparte de diputado, ha sido consejero de Bankia y de RTVE.

Este diputado madrileño encadena escaños en la Asamblea de Madrid desde 1999. El registro mercantil recoge solo tres sociedades a su nombre. Se trata de la gestora de baterías usadas Reciplomo, la productora de aceite de oliva Vega Carabaña y la inmobiliaria Under Construcciones y Obras. Sus sociedades suman unas ventas anuales de 6,2 millones de euros.

No sabemos por qué se iba a "poner en riesgo el vasto patrimono" de este talentoso emprendedor que llegara de allende el Tajo "con una mano delante y otra detrás". Estoy seguro de que la declaración de patrimonio revelará que hay ahí gente con un patrimonio muy important pero mientras el origen sea legítimo (o al menos aparentemente legítimo) no tendría mucho que temer el compañero Pepe Cabrera. El caso es que el compañero Pepe Cabrera pensó que sí, que lo ponía en riesgo y decidió que una cosa es dignificar la política, las personas y la libertad y otra es pegarse un tiro en el pie publicando un patrimonio que permitiera tirar de hilos. Y tras sus bramidos en la tribuna de la Asamblea se despidió, alguien se lo contó a El País (con algún detalle erróneo como esa supuesta complacencia de Podemos con evitar los datos accionariales que sólo se complementó con el desmentido muchas horas después) y el compañero Pepe Cabrera se fue con sus aceites, sus baterías, sus inmuebles y sus desmanes medioambientales de la mano de Rato. De momento.

Según han contado a los medios los diputados del PP, el "compañero Pepe Cabrera" les había anunciado antes del pleno que no iba a publicar su patrimonio y que se iba. A Ángel Garrido (número dos del gobierno de Cifuentes) y otros una semana antes. Según el PP.

Por eso le ovacionaron. Todos. Menos Cristina Cifuentes, consciente de que esa foto es terrible. Cuando pase el ruido y fuera de la foto "es previsible que la presidenta Cristina Cifuentes le ofrezca un cargo en alguna empresa semipública" según El País. Tras la ovación, vuelta al ruedo. A otro ruedo con menos focos y sin declaraciones de patrimonio.

Es el nuevo PP de Madrid. El nuevo PP de Cristina Cifuentes, el que gobierna de la mano de Ciudadanos. Con lazos tan turbios con el PP de Madrid de siempre. Y esto acaba de empezar. La legislatura, digo, no el PP de Madrid. Ese lleva mucho tiempo sin cambiar.

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No sé si el 11S hubo más de medio millón como asegura el Gobierno español, un millón y medio como calcula el ayuntamiento de Barcelona o dos millones de personas según lo que dicen los organizadores. Tanto da. Si el Gobierno estuviera diciendo la verdad (un hecho que sería insólito) estaríamos ante una manifestación ingente. Hace muchísimo tiempo que en Madrid no hay una manifestación de medio millón de personas y menos no siendo la primera por una causa; menos aún cuando, como ayer, no había absoluta unidad entre quienes otros años participaron defendiendo el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro político libre, pacífica y democráticamente.

Ayer hubo muchísima gente. Por enésima vez. Quienes intentan explicar el conflicto catalán como una especie de locura de Artur Mas o mienten conscientemente o no se han parado cinco minutos a intentar analizar lo que pasa en Cataluña desde hace años. El independentismo es un indudable acontecimiento sociológico en la Cataluña de la última década, no un mero capricho de un dirigente político. No sé si llegada la hora de la verdad sería mayoritario, pero es evidente que el independentismo es muy masivo. Si algo se puede decir de Mas es que se está subiendo hábilmente a una ola que nunca fue la suya. Pero la ola es popular.

La unidad de España me preocupa poco. Me preocupa mucho más la soberanía popular. Pero no tengo una gran preferencia entre una España unida que entregue su soberanía a Berlín, Bruselas y a la banca y una España rota que entregue su soberanía a Berlín, Bruselas y a la banca. Tampoco tendría una gran preferencia entre un único estado español que recuperase la soberanía popular, que construyese una democracia real y un conjunto de estados democráticos, soberanos, libres, con derechos humanos para todos… Qué se le va a hacer. No soy nacionalista.

La razón para preferir la unidad de España es menos romántica: es más fácil para países endeudados (como España, como Cataluña) conquistar la soberanía popular, la democracia, con un gran PIB que con muchos pequeños PIBs. Grecia es un ejemplo evidente: no la habrían podido someter así de haber tenido un PIB (y una deuda) del tamaño del PIB (y la deuda) de España. Eso poco importa con gobiernos como el de Artur Mas y Mariano Rajoy. Por eso concedo mucha más importancia a las propuestas soberanistas que a las independentistas. Y me temo que en Cataluña candidaturas soberanistas sólo hay dos: Catalunya sí que es pot y CUP. Si fuera catalán doy por hecho que votaría a los primeros, pero tengo bien claro que el mundo lo comparto con CUP. La proclama tras el CIS de la candidata de Ciudadanos ("estamos a un escaño de gobernar") parte de esa miopía nacionalista según el cual todo el que no piensa que la única aspiración política relevante es la independencia tiene como prioridad en la vida la sagrada unidad de España cueste lo que cueste.

Y lo curioso es que esos defensores de la unidad son los garantes del imparable crecimiento del independentismo. Probablemente los mejores actos de precampaña independentista han sido el anuncio de la reforma del Tribunal Constitucional, la insinuación del ministro de Defensa de llevar los tanques a la Diagonal y cada portada de La Razón.

¿Se imaginan que hace cinco años se hubiera pactado un referéndum al estilo escocés? ¿O que en su momento España hubiera aceptado el Estatuto Catalán aprobado por su parlamento y su pueblo en referéndum -y empujado por CDC y ERC, que tendrían pocas razones para hoy declararlo insuficiente-? Recordemos que entonces lo dramático era que apareciera la palabra "nación". En ninguno de esos dos casos hoy estaría cuestionada la unidad de España y sin embargo eso no sucedió por la cerrazón de los supuestos defensores de la unidad de España.

Las alternativas de Junts pel sí y del difuso Junts pel no encabezado por Ciudadanos ofrecen más un callejón sin salida que un desenlace al conflicto catalán. Es difícil pensar que quienes no dejaron de acatar la legalidad del 78 para convocar un referéndum desde las instituciones catalanas ahora sí la vayan a desobedecer para algo mucho más grave, más discutible y para lo que tendrán menos respaldo, la declaración de independencia. Tampoco la alianza de nacionalismos españoles ofrece más que alimento para el independentismo. Su receta inmovilista y numantina es la que ha llevado a España más cerca de la ruptura territorial. No es más útil a la independencia de Cataluña Junts pel sí que la tríada del no.

No hay más receta para desatascar el colapso institucional (no sólo catalán, aunque singularmente también) que la construcción de un proceso democrático y constituyente en Cataluña. Y tal sólo será creíblemente viable en un proceso democrático y constituyente en el conjunto de España. Si fuera independentista catalán, no se me ocurriría otra forma realista de alcanzar la independencia (es difícil, pero a diferencia de otros itinerarios es creíble). Si fuera unionista español no se me ocurriría otra forma realista de que se redujera la cantidad de catalanes que no aguanta más en esta España. Como defiendo más la soberanía popular (las soberanías populares) que la unidad nacional, no se me ocurre otra forma de alcanzar la democracia.

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(*) Hugo Martínez Abarca. Miembro de Convocatoria por Madrid y diputado autonómico de Podemos. Es autor del blog Quien mucho abarca.
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Ninguna encuesta, ningún pronóstico, nadie que piense en las generales puede obviar el capítulo catalán que sucederá antes. El ciclo electoral parece diseñado por un maestro del suspense: un carrusel electoral en el que cada jornada tiene aún más importancia que la inmediatamente anterior. Las europeas cambiaron el marco, las municipales liberaron ciudades importantísimas… y ahora vienen las históricas elecciones catalanas justo antes de la traca final de las generales. Ello sucede de la mano de una aparente paradoja: cuando en los ámbitos rupturistas se escucha mucho menos la reivindicación constituyente, en los espacios más reaccionarios del régimen se acepta ya la necesidad de una reforma constitucional que canalice institucionalmente la supervivencia del régimen.

 

Hay una tesis (que han defendido Antonio Baños en su libro 'La rebelión catalana' e Isaac Rosa en un par de artículos) que es perfectamente razonable según la cual una independencia catalana sacudiría de tal forma la institucionalidad española que sería "lo mejor que le puede pasar a España". Personalmente creo y así lo he escrito que la independencia catalana generaría una debilidad para el sur de Europa (incluida Cataluña) en su confrontación con la Europa germanócrata. Pero es cierto que en los procesos políticos los factores que desencadenan fuertes pasiones populares (y no cabe duda de que una independencia catalana lo sería para España) son una suerte de terremoto que trasciende lo racional, o mejor dicho, lo contable.

Efectivamente la independencia catalana rompería todos los candados. Cambiaría el país, no cabe duda. El Régimen del 78 quedaría definitivamente enterrado y se abriría la puerta de par en par para la construcción de un nuevo país. Tocaría, claro, dar la pelea para que fuera el pueblo quien construyera el nuevo país y no los poderes que llevan saqueándolo 140 años con breve paréntesis.

 

Cualquier hipótesis sobre qué pasaría es un juego, una apuesta. Pero si tuviera que apostar diría que España, tras una hipotética independencia catalana, reviviría su 1898, esto es, una crisis de identidad que lejos de buscar potenciar una identidad superadora del fracaso se encerrase en la mítica identidad que nos hemos creído desde hace tanto tiempo. Esto es, una melancolía nacional que nos lleve a tiempos barrocos y depresivos, no a una liberación democrática.

 

¿Por qué lo creo más allá del fácil antecedente histórico? Porque la cuestión catalana en España ha jugado un papel mucho más importante que una mera cuestión territorial. Cabe pensar por qué en España no ha habido un auge electoral de fuerzas xenófobas mientras que en Cataluña tanto CiU como el PP sí han usado el odio al inmigrante como baza electoral y un partido claramente ultra como Plataforma per Catalunya ha llegado a tener bastante éxito. Una posibilidad es que en España los catalanes han jugado el papel de chivo expiatorio que en otros lugares (y en Cataluña) juegan los inmigrantes. La demagogia nacionalista española ha tirado del odio a Cataluña, a todos sus rasgos identitarios y a cualquier reivindicación política o económica catalana y eso toca bajas pasiones en amplísimos espectros populares, incluidos los que se ubican a sí mismos en la izquierda.

 

No hay muchas razones para pensar que una hipotética independencia de Cataluña llevara a rebajar las pasiones nacionalistas anticatalanas e impulsara proyectos de país emancipadores y fraternales. Es cierto que la ruptura del statu quo actual generaría posibilidades, que cuando se rompe un candado por la puerta puede entrar cualquiera; o salir. Pero es difícil de pensar una ruptura de los candados del 78 más difícil de gestionar para quienes pensamos en un país más libre, justo y fraternal que la ruptura que empezara por la independencia de Cataluña.

Esto, obviamente, da igual a los catalanes. Es más, es una de las razones por la que muchos de ellos, que nunca han sido nacionalistas, tienen ganas de huir de un hogar en el que las arengas demagógicas se nutren de odio a su pueblo. Y tengo claro que el pueblo catalán tiene perfecto derecho a decidir su futuro y que lo que decidieran sus urnas debería ser objeto de una negociación sobre cómo se lleva a la práctica de una forma razonable y justa para todos (como sucede en un divorcio, vaya). Simplemente intuyo que mal haríamos el resto de españoles si no nos preparamos para que, en caso de que la grieta se convierta en frontera, emerja lo más oscuro de los fantasmas patrios. Y esos fantasmas, lo sabemos, son muy oscuros, mucho.

 

 

 

 

 

(*) Hugo Martínez Abarca es autor del blog Quien mucho abarca.

* Crónica agradece al autor poder compartir con nuestros lectores sus opiniones.

(*) Hugo Martínez Abarca es autor del blog Quien mucho abarca.

* Crónica agradece al autor poder compartir con nuestros lectores sus opiniones.

Cuando murió Manuel Vázquez Montalbán, Javier Ortiz recordó una frase del escritor catalán que es un diagnóstico cada vez más certero de la geografía ideológica: “Vosotros, en los años sesenta, decíais que yo era un maldito socialdemócrata, reformista, revisionista y no sé cuantas cosas más. Y probablemente teníais razón. Lo era y lo sigo siendo. Pero el escenario político se ha desplazado de tal manera hacia la derecha que ahora, manteniéndome en las mismas posiciones, todo el mundo me toma por un peligroso izquierdista radical”. La frase es de 1985. Hace treinta años.

En 1985 quedaban todavía gobiernos socialdemócratas que hacían políticas socialdemócratas. Coleaban los últimos gobiernos del socialismo real y el neoliberalismo no había hecho más que empezar a implantarse en el mundo. Treinta años después la frase de Vázquez Montalbán suena un poco arcaica no porque fuera una vieja exageración sino por lo puro obvio. Hoy llamamos socialistas, radicales, incluso bolivarianos… a gobiernos cuyas políticas económicas no son otra cosa que socialdemócratas mientras los partidos de tradición socialdemócrata se limitan a hacer algún guiño social desde la asunción del recorte y la austeridad.

Pero si solo fuera esa la diferencia cabría la esperanza de reencontrarnos con la tradición socialdemócrata si simplemente se dieran cuenta de la catástrofe a la que nos han conducido sus políticas. Sin embargo no es eso lo que diferencia hoy la tradición socialdemócrata frente a gobiernos como el de Tsipras, frente a gobiernos de cambio. La diferencia crucial es la relación con el poder.

Tras casi medio año en el gobierno, Tsipras ha decidido plantarse, convocar un referéndum y que sea la ciudadanía griega la que decida si Grecia debe seguir pagando con sacrificios humanos a la troika o debe decir basta con todas las consecuencias (y serán duras). Contra la fuerza de la Troika la razón de la democracia.

No es la primera vez que un gobierno griego anuncia un referéndum para que sea el pueblo griego quien decida qué hacer con las sanguinarias exigencias de la Troika. En 2011 lo hizo Papandreu, presidente griego del PASOK. Anunció un referéndum sobre las condiciones del segundo “rescate” a Grecia. Y se cargaron a Papandreu.

Hay dos fenómenos interesantes a recordar de aquel referéndum interruptus de Papandreu. En primer lugar que Papandreu cedió y retiró el referéndum: entre la legitimidad del pueblo griego y el poder internacional (político y sobre todo financiero), que ya entonces se comportaba como una mafia, el gobierno “socialdemócrata” se rindió al poder y en prueba de que no volvería a amenazar con tal ocurrencia dimitió iniciando el camino de la desaparición del PASOK. Pero en segundo lugar lo más importante de aquella propuesta de Papandreu fue que todos los partidos socialdemócratas europeos se opusieron a la posibilidad de dar la palabra al pueblo griego y prefirieron renegar de  su partido hermano que aparecer como mínimamente rebeldes.

En España el entonces candidato del PSOE a presidente del gobierno, Rubalcaba, explicó que era una “mala decisión porque pospone la solución de la crisis griega y de la inestabilidad europea”. Eduardo Madina, la joven promesa renovadora del PSOE, explicó en Twitter que el referéndum era una barbaridad porque el rescate era una cosa muy técnica que el pueblo griego no entendía (a la vista está que quienes lo perpetraron sí tenían buenas soluciones). José Blanco explicaba que “es indudable que (convocar el referéndum) no es una buena decisión para Europa y, por lo tanto, tampoco es una buena decisión para España”. El PSOE se alineaba con todos los partidos socialdemócratas europeos oponiéndose a la primera desviación digna y democrática del gobierno socialdemócrata griego.

Frente a eso, ayer vimos en las plazas de nuestras ciudades a miles de personas y a los dirigentes políticos que defienden la soberanía de los pueblos frente a las instituciones que los saquean con actitudes mafiosas. Esa es hoy la línea que separa las formas de afrontar la crisis: formar parte de la mafia o plantarle cara con la fuerza que da la democracia. Desgraciadamente, desde hace muchos años los socialdemócratas (cuyo origen era revolucionario) están entregados al poder incluso cuando éste adopta las formas mafiosas con que se amenaza al pueblo griego y a su gobierno.

La diferencia hoy entre las opciones de cambio y la tradición socialdemócrata es que ésta hace los guiños que consiente el poder y que el cambio supone ir hasta donde exija el pueblo. Esto durante años fue muy importante pues las políticas socialdemócratas vertebraban la economía europea. Pero hoy, cuando de lo que se trata es de saquear a los pueblos del sur de Europa esos guiños son irrelevantes. Es la diferencia entre proponer gobiernos títeres más o menos amables o gobiernos demócratas que defiendan la soberanía popular: esa es hoy la gran diferencia y es la condición de necesidad para las políticas económicas que los socialdemócratas siempre llevan en sus programas y en sus discursos pero que ya nunca aplicarán porque han demostrado que nunca se plantarán ante los poderes reales. Nadie espera a un gobierno socialdemócrata plantándose ante la euromafia ni solidarizándose con el gobierno de Tsipras.

Posiblemente estemos en los últimos coletazos de la Unión Europea, asesinada por quienes decidieron que Europa era su juguete y que los pueblos merecían ser sacrificada. Que Grecia gane es vital para los europeos demócratas y sobre todo para los habitantes del sur de Europa, víctimas de la misma estrategia mafiosa con la deuda como instrumento de chantaje. No es sólo solidaridad con Grecia; es voluntad de supervivencia.

* Crónica agradece al autor poder compartir con nuestros lectores sus opiniones.

Decía Cecil B. DeMille que una buena película tenía que empezar con un terremoto y desde ahí ir incrementando la tensión. Si Madrid fuera una película sería la favorita de Cecil B. DeMille. Este Madrid que linda con lo mafioso empieza en 2003 con el terremoto del tamayazo. Pero desde entonces las emociones fuertes no han parado de crecer. El saqueo de Cajamadrid, el espionaje, la gestapito (¿alguien sabe qué fue de Manuel Cobo?), el ático de Marbella, las candidaturas olímpicas, las torres de Florentino, los tramos de la M-30 por los que los constructores pagaron al PP y que terminarán de pagar nuestros hijos a esos constructores o a sus hijos, las tarjetas black, la Gürtel, Púnica, los volquetes de putas, la fuga de Esperanza Aguirre por la Gran Vía, las bolsas blancas de Ignacio González en Colombia, la cárcel para Francisco Granados, los 144.000 euros que Gallardón pagó a Urdangarin por “perfilar el lema de Madrid 2016”, el “Esperanza es cojonuda” de Díaz-Ferrán, la entrada en prisión de Díaz-Ferrán, el dinero negro de los sueldos de Arturo, la apropiación de Telemadrid y el reparto de licencias televisivas a medios de extrema derecha, Cerezo, Sheldon Adelson, Florentino Pérez, Villar Mir, Blesa, sus correos, Rodrigo Rato, el ERE ilegal de Telemadrid, el pequeño Nicolás, el albondiguilla, el bigotes, la ex presidenta denunciando que la policía le acusa con mentira, prepotencia y machismo por hacerse la foto, el presidente denunciando que la policía le chantajea…

Eso sólo si nos ceñimos a los actores protagonistas. Si buscamos en los actores de reparto, tenemos desde el periodismo de pesebre y bronca en el Tony 2 a cómplices de muchas de esas tramas que se hacen pasar por oponentes. Una delicia. Un guión que no permite retirar la mirada ni para coger palomitas.

Cecil B. DeMille se lo pasaría pipa con Madrid. Reconozcámoslo. Todos nos lo pasaríamos pipa con Madrid… si Madrid fuera una película.

Pero no lo es. Mientras asistíamos a las tramas más divertidas de este inmenso guión de acción intentaban privatizar el agua, la sanidad, la educación y la información, destrozaban el territorio madrileño a golpe de ladrillazo y de carreteras ilegales, se cargaban nuestros barrios haciendo de Madrid la región con mayor concentración de grandes superficies de Europa, entregaban a sectas la educación, permitían el deterioro del transporte público mientras subían su precio. Madrid es la comunidad en la que se hicieron autopistas de peaje en paralelo a autovías de uso gratis y ahora nos piden que las rescatemos para que los constructores paguen sus deudas con los banqueros. Madrid es la comunidad que más ha aportado a la ruina del país pues el saqueo de Cajamadrid se ha llevado la mayor porción del rescate bancario que pagaremos durante décadas.

Madrid, la película, sería fascinante. Madrid, la Comunidad que ha gestionado esa mafia (no podemos ser menos críticos que la propia Esperanza Aguirre, protagonista indiscutible del espectáculo), ha generado mucho sufrimiento, pobreza, malestar…

Mayo de 2015 tiene que ser el final de la película. Reconocerán los espectadores más exigentes que no podemos seguir yendo para arriba. La creatividad está tan agotada que los guionistas de los estudios centrales de Génova se plantean hasta resucitar a la protagonista, esa cuyo personaje hizo como que se retiraba de la trama principal. La película no tiene más recorrido. El castigo del pueblo madrileño no puede tener prórroga: tras parar en la calle las privatizaciones de la sanidad, del agua… toca poner fin a la parte terrorífica del guión en las urnas.

Todos sabemos (sí, todos lo sabemos) que la forma de echar a la mafia es impulsar procesos unitarios de los actores (partidos, organizaciones, tejido, mareas, activistas) que quieren romper sin complicidad alguna con ese Madrid turbio y caciquil: no sólo por razones numéricas sino sobre todo por lanzar un mensaje a la ciudadanía claro: estamos a la altura de las exigencias históricas de nuestro pueblo. Pese a ello, el camino de la unidad popular no es nada sencillo porque demasiadas veces se antepone lo secundario a lo principal, a poner fin a este saqueo. Madrid, la gente de Madrid, no merece ser víctima de tacticismos, ni siquiera de tacticismos confesables o hasta razonables. Dijimos que iríamos hasta el final e iremos hasta el final.

Esta película, entretenida muchas veces pero terrorífica siempre, se acabó. Ya es hora de que ganemos los buenos.

(*) Hugo Martínez Abarca es autor del blog Quien mucho abarca.

* Crónica agradece al autor poder compartir con nuestros lectores sus opiniones.